Por: José Fernando Isaza

Yacimientos

Durante su campaña electoral, el presidente Duque prometió que en su gobierno el fracking (producción de hidrocarburos por fracturación hidráulica multietapa con perforación horizontal, FHPM) no sería utilizado. Esta tecnología puede tener consecuencias negativas en la salud humana, en la contaminación de acuíferos, en el aumento de la actividad sísmica, en la degradación de la biodiversidad y en la contaminación del aire y del suelo para usos agrícolas.

El Plan Nacional de Desarrollo ha despertado inquietudes tanto a los ambientalistas y las comunidades, como a las autoridades locales, por la posible autorización del fracking. Con la información disponible respecto a esta tecnología, el Plan dice: “el Ministerio de Minas y Energía estudiará la viabilidad de la explotación y producción de yacimientos no convencionales”. En cierta forma levanta la promesa de prohibición del fracking, pero no lo autoriza explícitamente. Utilizando una expresión propia de los adolescentes, “es solo la puntica”.

El informe de la Comisión de Expertos sobre los efectos del fracking es un documento valioso por el nivel académico de sus integrantes y el rigor del análisis. Es enfático en señalar la necesidad de obtener la “licencia social” para desarrollar este tipo de producción. La licencia social es un concepto más estricto que la consulta previa a las comunidades. Un proyecto tiene la licencia social cuando una mina o un yacimiento cuenta con la aprobación continua de la comunidad local y de otros grupos de interés.

El trabajo de campo realizado por los expertos los lleva a concluir que hay carencia de licencia social. Las comunidades expresan su escepticismo en que el impacto de la nueva tecnología sea diferente al causado con la producción convencional, 100 años de incumplimiento y abandono. Además expresan la preocupación por el deterioro de las fuentes de agua y del suelo.

Los expertos reconocen que existe una amplia legislación ambiental, pero que hay una gran debilidad en la institucionalidad. En sus palabras, “son precarios los niveles de supervisión, control y normatividad”.

El informe sugiere que antes de iniciar cualquier programa de explotación se realice un proyecto piloto de investigación integral (PPII). Hay consenso entre los expertos en la necesidad de corregir las debilidades institucionales para iniciar el PPII. El informe trae un anexo que podría llamarse salvamento de voto, un grupo no avala totalmente la posibilidad de iniciar el PPII y durante su ejecución ir buscando la licencia social. Consideran que es necesario reconstruir la confianza entre las comunidades, las instituciones y las empresas operadoras y que se identifiquen los pasivos ambientales no compensados en la zona donde se pretende adelantar el PPII. Hay consenso en pedir que se cumpla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones.

En el salvamento de voto se enfatiza la necesidad de utilizar el principio de precaución, es decir, evitar los daños, aun si no existe la certeza de que puedan producirse por la actividad del FHPH, y no limitarse al principio de precaución que exige la certeza de que se producirá un daño.

El informe permite concluir que un proyecto experimental PPII podría realizarse si el país tuviera una institucionalidad ambiental adecuada.

859605

2019-05-08T15:19:19-05:00

column

2019-05-09T05:14:22-05:00

[email protected]

none

Yacimientos

11

3565

3576

 

Buscar columnista

Últimas Columnas de José Fernando Isaza

Contundente

Corales

Sumisión

La vanidad del conocimiento