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“Alguien debía de haber hablado mal de Josef K., puesto que, sin que hubiera hecho nada malo, una mañana lo arrestaron”. F. Kafka (“El proceso”).

¿Qué se propone Iván Duque oficiando como magistrado de la JEP al descalificar de un plumazo la confesión tardía de las Farc de que fue esa organización la que asesinó a Álvaro Gómez y desconociendo su competencia prevalente? Lo que quiere este Gobierno mafioso es que su fiscal de bolsillo, Francisco Barbosa, les eche la culpa de ese crimen a Samper y Serpa, y de paso que arrase conmigo.

La peligrosa intervención de Duque dejó otra vez en evidencia su pésima condición humana. Al posesionar a Barbosa le marcó la agenda que debía seguir con el proceso del crimen de Gómez, y el fiscal ha obedecido. Esta semana sostuvo Duque, en tono de amenaza, que quien se atribuya un crimen sin haberlo cometido incurre en un delito, lo cual, por supuesto, no es un hallazgo porque así lo prevé el Código Penal. Pero lo que no dijo Duque fue que quien utilice su poder para incriminar a otros en un delito que no han cometido incurre en la más abominable de las conductas criminales, que es en lo que andan él y Barbosa, seguramente para cumplirle a la cueva del fascismo, la Universidad Sergio Arboleda, a Álvaro Uribe y a la agresiva familia del líder conservador inmolado, pues el único muerto que les importó fue Gómez Hurtado, no los demás.

No es imposible que las Farc hayan ejecutado ese crimen y que ninguna autoridad lo hubiera sabido. Si en septiembre de 1995, cuando le dispararon al abogado Antonio José Cancino, las autoridades hubiesen investigado las denuncias del gobierno de que “habían sonado los primeros disparos de una conspiración”, otro hubiera sido el rumbo. La Fiscalía de entonces, sin haber abierto indagación preliminar, consideró que eso era una cortina de humo y sepultó cualquier trámite judicial; los conspiradores quedaron con el panorama despejado y todo eso debió conducir al magnicidio de Álvaro Gómez. Lo que no puede repetirse es que, así como hace un cuarto de siglo se desestimó el golpe de Estado, ahora se descarte la confesión de las Farc, otra vez sin haber abierto una indagación, solo porque esa línea de investigación altera la que alienta ese eje perverso de Duque-Barbosa-Uribe-Cadena y la familia Gómez. A propósito, no se ofrece absurda la tesis de que a los Gómez les interesa más una indemnización que la verdad, en relación con la cual iniciaron un trámite ante la CIDH desde el 11 de abril de 2014, y si han cambiado de idea, pues que lo demuestren renunciando a ese reclamo patrimonial contra el Estado. Son capaces de todo, menos de desistir de esa indemnización.

Sigo creyendo que ese crimen lo ejecutaron militares, pero es imposible desconocer cómo, a medida que las Farc van soltando la madeja, empieza a parecer verosímil que sí habrían sido las asesinas de Gómez. Que, según alias Carlos Antonio Lozada, esté vivo quien supuestamente disparó ese fatídico 2 de noviembre no es un detalle menor. A diferencia de la hipótesis que ha ambientado sin sustento la familia Gómez de que este crimen fue obra del narco Orlando Henao y el coronel (r) de la Policía Danilo González, asesinados hace varios años, aquí estaría por aparecer de carne y hueso un protagonista de ese doloroso suceso.

La sola prudencia indica que conviene esperar los acontecimientos judiciales, en vez de irse de bruces como les está ocurriendo a Duque, Barbosa, Uribe y Cadena, según lo informó el portal Lanuevaprensa.com.co.

Lo de Gómez Hurtado no fue un crimen de Estado, como con ligereza inexcusable lo van repitiendo, sin saber lo que eso significa, algunos comunicadores que, aquerenciados, deslumbrados o intimidados por el avasallante colegaje del poderoso, arrogante y calumniador delfín Mauricio Gómez —periodista aburrido, por cierto, con sus informes anodinos y nada originales en Caracol TV—, insisten en volver verdad las disparatadas e irresponsables conjeturas de quien no tiene serenidad ni autoridad para ocuparse de este deplorable suceso judicial. El crimen de Estado está por ocurrir por cuenta de que Duque, Barbosa, Uribe, Cadena y la familia Gómez coronen la delincuencial estrategia de atribuirles el magnicidio a quienes nada tuvieron que ver, para que los verdaderos responsables sigan pavoneando su impunidad.

Adenda. No prosperará la moción de censura contra el ministro Carlos Holmes Trujillo, pero no propiamente porque haya convencido.

notasdebuhardilla@hotmail.com

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