Zigzagueo ministerial para el COVID-19

Las repetidas contradicciones del ministro de Salud en la gestión de la pandemia son indicativas del inminente peligro que  se cierne sobre el futuro del país, no solo en el sector de la salud, sino en la  recuperación económica.  Esta última depende, forzosamente, del devenir de la primera.

El ministro se equivocó desde el principio, al definir que las pruebas de la infección no se practicarían a la población asintomática, favoreciendo que las EPS se escudaran en dicho protocolo para escatimar su  obligación con los afiliados. Fue indiferente a las denuncias de la contralora delegada para la Salud, de la Personería de Bogotá, del contralor y del fiscal generales, sobre el incumplimiento de las EPS en la remisión de los ciudadanos al INS, para la práctica de las pruebas.

Ha generado un grave  enfrenamiento con las organizaciones que representan al cuerpo médico, por su indolencia  en la provisión de los elementos de protección personal, EPP, para el ejercicio  médico hospitalario. Su afirmación que los médicos son “como cualquier ciudadano” fue desafortunada, porque significa que subvalora el riesgo a que están expuestos, más que cualquier otro grupo humano,  en la atención de los pacientes con COVID-19.

El ministro se ha dedicado a la defensa del aseguramiento comercial de la salud, desde sus anteriores cargos de escritorio. Fue viceministro en el gobierno anterior, que protagonizó el peor escándalo del sector, con la secuencia de Saludcoop a Cafesalud, y luego a Medimás.

El decreto 538 expedido en el marco de la Emergencia Económica, establece, en el Artículo 9 del Capítulo 2, el carácter de obligatoriedad de “la prestación de los servicios de salud”, por parte de los médicos. Solo a alguien que no haya rotado por los servicios de medicina crítica y de alta complejidad en  clínicas y hospitales se le ocurriría emitir semejante ofensa contra la ética médica y la dignidad de  la medicina colombiana. Ya son varios los galenos fallecidos en el decurso de esta pandemia, en el cumplimiento voluntario de su vocación profesional. Por este decreto, el ministro se hizo acreedor al calificativo de “hipocresía”, por parte del presidente de la Federación Médica Colombiana, cuando, tímidamente, lamentó el fallecimiento de los dos primeros médicos en Bogotá.

El  Decreto 521 de 28 de marzo, 2020,  emanado del  ministerio en cuestión, que en los numerales 4.1.4.2.3 implanta la  “atención domiciliaria para urgencias en salud bucal”, es inaceptable. Significa el desconocimiento rampante de la literatura científica mundial, sobre la pandemia del covid-19, por ser la cavidad oral fuente de los aerosoles que pueden propagar el virus. La doctora Parmina Kumar, de Ohio State University, dictó, para la Academia Americana de Periodontología el pasado 1º. de abril, una teleconferencia en la que identificó a la saliva, al tracto superior respiratorio, a las glándulas salivares mayores y menores y al fluído crevicular gingival, como reservorios del covid-19, de fácil trasmisión. El ministerio de Salud, que  agobia a los profesionales de la salud con permanentes resoluciones para la habilitación del funcionamiento de consultorios, hospitales y clínicas, desconoce  en este decreto  esa normatividad, exponiendo irresponsablemente, a pacientes y profesionales a la infección por covid-19.

El ministro Ruiz perdió la  credibilidad al afirmar, ante el presidente Duque, que la curva “estaba aplanada”, citando tendenciosamente una declaración de la doctora Zulma Cucunubá. En extenso reportaje para RCN radio, la doctora Cucunubá desmintió al  ministro y, por el contrario, afirmó que la curva en Colombia es muy pequeña, precisamente por el error inicial del ministro: la falta de pruebas. Afirmó que estábamos muy lejos de la “supresión”, como  declaró el  ministro.

El ministro no maneja con precisión ni el  concepto ni  el lenguaje epidemiológicos. Podría inducir al error al presidente de la República.