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Las razones por las que la oposición pide archivar el Plan de Desarrollo

Según la ponencia radicada por grupo de parlamentarios que incluye a Aída Avella, Carlos Carreño y Wilson Arias, el PND no soluciona de fondo problemas de la economía nacional y desconoce los acuerdos de paz.

Los congresistas Wilson Arias, Aída Avella, Carlos Carreño, David Racero y Gustavo Bolívar. Cortesía.

Este lunes, un grupo de congresistas de la bancada alternativa radicó ponencia negativa del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (PND). Los parlamentarios Wilson Arias (Polo Democrático Alternativo), Aída Avella (Unión Patriótica), Gustavo Bolívar, David Racero (Lista Decentes), Carlos Carreño y Jairo Cala (Fuerza Alternativa del Común) solicitan en la presentación del documento que el proyecto sea archivado.

Para esta bancada, la perspectiva del PND no soluciona de fondo problemas de la economía nacional, como falta de diversificación de la producción y del comercio exterior –tanto en la canasta como en los países de destino–. Asimismo, afirman que está basado en una “trampa discursiva” alrededor del crecimiento de la clase media. Los congresistas critican que a la “clase media vulnerable” se sume a la clase media consolidada, en vista de que la primera “se caracteriza por el riesgo permanente de caer en la pobreza”.

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Aseguran que si bien el documento de las bases del PND propone una relación entre los “pactos” (componente del PND) y los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, “la mención de los Objetivos de Desarrollo Sostenible no debe confundirse con una garantía de que el conjunto de los “pactos” del Plan sean adecuados para poner a Colombia en la senda del desarrollo de sus fuerzas productivas”.

Por otro lado, los ponentes rechazan la confianza que el Gobierno deposita en el fracking y en el carbón como fuentes de energía. Aseguran que las pocas reservas de crudo disponibles y la incertidumbre sobre el proyecto de Hidroituango terminarían por concentrar la confiabilidad energética del país en el carbón térmico cuando la tendencia global es apostarle a energías limpias. 

Y es que según los ponentes, el Plan de Desarrollo no contempla una política industrial y de desarrollo económico sostenible e inclusivo. Opinan que se basa en un modelo extractivista que beneficia a las grandes compañías explotadoras de crudo y minerales olvidando establecer un mecanismo de participación social para las comunidades afectadas.

En cuanto al sector agro, la ponencia critica que el PND se enfoca exclusivamente en la producción agroindustrial y en promover actividades no agropecuarias en las zonas rurales, dejando a los pequeños y medianos productores de lado. Al respecto, el Ministerio de Agricultura ha indicado en el pasado que las inversiones para el campo, que constituyen más del 20 % del valor total del dispuesto, serán direccionadas a reducir la pobreza en este sector. Además, el presidente Duque ha manifestado que el Plan de Desarrollo contempla una inversión de $227,4 billones para impulsar equidad y emprendimiento en el sector rural
                 
En materia de infraestructura, los ponentes aseguran que no se prioriza el desarrollo de vías terciarias pero sí el fortalecimiento de las zonas francas y la infraestructura de transporte para la vinculación con los mercados externos. Sin embargo, el Gobierno ha manifestado que una de sus metas es aumentar los kilómetros de red 4G rehabilitada de 370 km a 1.773 kilómetros y alcanzar 2.058 Kilómetros de red vial terciaria intervenida con acciones de construcción, rehabilitación o mejoramiento.

En la ponencia negativa, los parlamentarios tambien cuestionan uno de los discursos más fuertes del Gobierno Duque: el apoyo a la economía naranja, sector que según ellos “no mejora la productividad, no crea riqueza ni genera suficientes empleos”. Para la oposición, es necesario que el Plan de Desarrollo ofrezca estímulos para las actividades económicas de alta complejidad, particularmente las del sector industrial, pues aseguran que solo así se contibuirá a disminuir la informalidad.  

Sobre los acuerdos y la implementación de la paz

Según los ponentes, la propuesta de PND desconoce la hoja de ruta trazada en el acuerdo de paz firmado entre los excombatientes de las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos, así como los instrumentos de planificación de gasto y política pública establecidos para su implementación. Aseguran que en ninguna parte se desarrolla el componente de gasto e inversión para la paz y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Además afirman que hay condiciones para la reincorporación de los exguerrilleros y que el presupuesto destinado en esta vía es insuficiente. 

Al respecto, Gloria Alonso, directora de Planeación Nacional aseguró el mes pasado que de los $37,1 billones destinados para la paz, cerca de $20 billones van dirigidos a los 170 municipios de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). En ese entonces informó que está contemplado dar tratamiento a los 13.000 excombatientes de las Farc, así como también atender los temas de restitución de tierras. 

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Frente a la participación en el Plan de Desarrollo, los ponentes señalan una “insuficiente socialización, precaria consulta y nula concertación sobre las políticas, planes y programas que desde este PND se plantea desarrollar y que las y los afectan directamente (a campesinos, grupos étnicos, estudiantes, mujeres, víctimas); el segundo, (que) las bases socializadas en un principio durante el 2018 hayan sido modificadas, y que las suscripción de los acuerdos hayan sido relegadas a documentos que no son referenciados durante el articulado, implicando una falta de vinculación real”.

“La desarticulación entre lo esbozado en el documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 y el articulado de ley, no permiten (sic) visualizar ningún criterio claro por el cual se excluye, de este último, temas tan importantes como la implementación de los Acuerdos de la Habana, el enfoque de mujer, mujer rural y género, la política específica para las poblaciones campesinas ni étnicas. El Gobierno asumió que la simple mención en las Bases del PND es por sí mismo una garantía de inclusión real y de cumplimiento de los programas, planes y proyectos acordados y concertados”, sentenciaron los congresistas. 

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2019-03-18T18:18:50-05:00

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Redacción Economía.

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