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La representante a la cámara María José Pizarro denunció que el artículo 156 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) podría traer de vuelta una modalidad de financiamiento parecida a la de los polémicos bonos de agua que ayudó a promover el actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hace más de diez años: operaciones en las que 117 municipios comprometieron sus recursos del Sistema General de Participación (el 45 % en promedio) para acceder a más de $440.000 millones en financiamiento para proyectos de acueducto y saneamiento básico.
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El primer párrafo del artículo 156 del PND indica: “Los municipios de categorías especial, 1 y 2, que gestionen sus propios catastros directamente o a través de esquemas asociativos territoriales, y que cumplan con criterios de eficiencia en el recaudo del impuesto predial definidos por el Gobierno nacional, podrán financiar infraestructura urbana vinculada a los proyectos estratégicos de renovación urbana contemplados en sus planes de ordenamiento territorial y planes de desarrollo territorial, a través de la titularización de la totalidad o parte de los mayores valores de recaudo futuro del impuesto predial que se genere en las zonas de influencia de los respectivos proyectos estratégicos de renovación urbana durante el período necesario para cubrir el monto de la emisión”.
De acuerdo con la congresista el artículo representa una modalidad de financiamiento similar a las de los bonos de agua, pero en este caso se comprometerían parte de los recursos futuros del impuesto predial por entre 20 y 30 años.
“La estrategia del equipo de Gobierno es la misma: dejar en manos de los agentes del mercado de capitales la estructuración de la titularización, sin más límites que la voracidad de su propio interés, como fue el caso de los Bonos Carrasquilla, que para la época resultaron ser, de lejos, el producto financiero más caro del mercado y que hoy todavía y por varios años más, tienen endeudados y sin acueductos a casi 100 municipios del país”, indicó Pizarro.
De esta manera la congresista pide que se regule este tipo de operaciones, es decir, que no queden a libre estructuración para evitar que los municipios paguen intereses tan elevados. De hecho, recomienda que el techo de intereses para los municipios sea la tasa de los Títulos de Deuda Pública Doméstica (Tes, que está en 6,5 % en los bonos a 2030) + 2 puntos. Aunque indicó que esta tasa está sujeta a debates.
La representante también crítica que en el artículo 156 del PND se debe dar más claridad sobre las zonas de influencia que terminarían pagando las obras por ese incremento en el predial. Indica, por ejemplo, que no tiene sentido que todo un barrio deba pagar por una vía de la que solo se beneficia una cuadra.
¿Qué son los polémicos bonos de agua?
Si bien los bonos de agua fueron operaciones que se dieron entre 2009 y 2011, en el tercer trimestre de 2018 revivieron tras el nombramiento de Alberto Carrasquilla como el ministro de Hacienda del Gobierno Duque. El tema escaló de tal forma que se realizaron dos debates en el Congreso, uno de control político y uno de moción de censura en contra del funcionario.
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Carrasquilla, cuando fue ministro de Hacienda de Uribe en 2007, fue uno de los promotores de la ley que dio vida a los bonos de agua. Por lo que se le acusa de ser el arquitecto de una política fallida de financiamiento para obras de agua potable y saneamiento básico: un documento de 2015 del Minvivienda muestra que los créditos solo les sirvieron a 29 de los 117 municipios que los adquirieron para proveer el servicio de agua potable y saneamiento. Resultados que no justifican las elevadas tasas de endeudamiento con la que terminaron los municipios (de los bonos de agua).
A Carrasquilla también se le acusó de haberse beneficiado de la emisión de los bonos de agua: una columna del periodista Daniel Coronell, de septiembre de 2018, denunció que en 2008 (cuando Carrasquilla ya estaba fuera del Gobierno) la empresa Konfigura Capital (de Carrasquilla y otros dos socios) ayudó a gestionar los bonos de agua.
Y en su columna el periodista citó al senador Jorge Enrique Robledo, quien denunció que Konfigura se benefició de esta operación: a los prestamistas les pagaron “la atractiva tasa de UVR + 8 %, en tanto que a los municipios les cobraron la muy alta de UVR + 11 %, porque Carrasquilla y sus socios se quedaron con el 3 %, unos $14.000 millones anuales durante cinco años”, aseguró el congresista.
Pese a la polémica, en octubre de 2018 el presidente Duque ratificó a Carrasquilla como ministro de Hacienda, y es uno de los funcionarios que defiende el Plan Nacional de Desarrollo en las discusiones que se están dando en el Congreso.