El paro campesino, que exige la declaratoria de una zona de reserva campesina y detener la erradicación forzada de cultivos ilícitos, ya completa un mes y paralelamente se ha convertido en un pulso político entre diversos sectores del país. El Gobierno insiste en buscar una salida negociada a la crisis, al tiempo que afirma que hay infiltración de la guerrilla en las manifestaciones. A su vez, los movimientos Centro Democrático y Marcha Patriótica buscan pescar en río revuelto.
En los últimos días, además de los altos delegados del presidente Santos, en la zona han hecho presencia los líderes del uribismo —con el expresidente Álvaro Uribe y sus precandidatos presidenciales a la cabeza— y la vocera de la Marcha Patriótica, la exsenadora Piedad Córdoba. Un “aprovechamiento político” que, según el ministro del Interior, Fernando Carrillo, es inaceptable y al que el Ejecutivo intenta salirle al paso anunciando soluciones sociales en el corto, mediano y largo plazo para la región. “Esperamos que eso contribuya a que se levanten las protestas muy rápido”, dijo.
Ayer, el director de Planeación Nacional, Mauricio Santa María, anunció que las inversiones del Gobierno en beneficio de los campesinos del Catatumbo superan los $2 billones. “La mayoría ya están en ejecución. Muchas de ellas surgen del documento Conpes, que fue aprobado en enero de este año, con inversiones proyectadas de casi $1,7 billones. A ello se suman $300.000 millones y $12.000 millones más de regalías, que serán aprobadas en una ‘Ocadtón’ (jornada acelerada de los OCAD —Órganos Colegiados de Administración y Decisión—) a realizarse en los próximos días”, agregó el funcionario.
Según Santa María, todos los proyectos y lo que se ha hecho es pensado con los habitantes y campesinos de los 11 municipios de la región. “Las inversiones son cuantiosas y nunca antes vistas”, agregó. Un anuncio que, sin embargo, no sirve por ahora para apaciguar los ánimos, más aún cuando la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la “grave vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en el Catatumbo, y reconoció el “uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes” por parte de la Fuerza Pública.
Por Redacción Política
