20 años del asesinato del último congresista de la Unión Patriótica

El 9 de agosto de 1994 se materializaron las frecuentes amenazas que desde hacía años recibía el entonces senador Manuel Cepeda Vargas, uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista Colombiano (PCC) e integrante de la Unión Patriótica (UP).

Con menos de un mes en el cargo, tras su paso por la Cámara de Representantes –donde impulsó la creación del Ministerio de Cultura, el estatuto de la oposición y la rebaja de penas a los presos políticos– Cepeda fue asesinado por sicarios mientras se movilizaba en su vehículo particular en el occidente de Bogotá, cuando se dirigía a su despacho en el Senado de la República escoltado solo por un guardaespaldas.

Nacido en Armenia (Quindío) el 13 de abril de 1930, Cepeda pasó la mayor parte de su juventud en Popayán donde estudió derecho en la Universidad del Cauca. Era padre de dos hijos, Iván y María, de su matrimonio con Yira Castro, dirigente popular y política que falleció el 9 de julio de 1981.

Manuel Cepeda contaba con más de 40 años de trayectoria política desde sus inicios en las Juventudes Comunistas, alternando su trabajo político con su oficio de periodista, escenario desde el que se desempeñó como jefe de redacción del Semanario Voz entre 1970 y 1986, sumado a una columna de opinión que conservó por años en la que era evidente su orientación de oposición crítica.

Resultó electo senador para el período 1994-1998 como último congresista postulado por la UP, con iniciativas como reformas al Código del Menor, ley de la mujer trabajadora, ley marco de la cultura, consejo nacional de juventud y objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

Sin embargo, sus proyectos fueron frustrados por dos sargentos del Ejército Nacional (Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador) quienes en complicidad con paramilitares, dispararon en varias oportunidades contra la humanidad del senador de 64 años desde un vehículo blanco, causando su muerte instantánea.

Su crimen causó un repudio nacional que se tradujo en marchas y manifestaciones a lo largo del país y que se extendieron hasta Medellín, Urabá, Bucaramanga, Barranquilla y Barrancabermeja, donde incluso hubo gremios sindicales que anunciaron paros laborales ante el asesinato del líder político.

Con apenas dos días en el mandato, el recién elegido presidente Ernesto Samper –quien buscaba establecer diálogos de paz con la insurgencia– tuvo que sortear la situación y con la instalación de su primer consejo de seguridad, fueron anunciados $100 millones para quien diera información acerca de los asesinos. Cepeda Vargas, al parecer, había propiciado acercamientos para impulsar el diálogo con la guerrilla de las Farc.

Lo anterior, caló negativamente entre varios círculos políticos que vincularon a Cepeda con la guerrilla, lo que habría favorecido hostigamientos e intimidaciones por parte de grupos paramilitares quienes intensificaron la persecución contra el congresista dada su pertenencia al Partido Comunista y la Unión Patriótica.

Un año antes de su homicidio, Manuel Cepeda había denunciado públicamente la existencia del denominado plan ‘Golpe de gracia’, un supuesto proyecto coordinado por altos mandos del Ejército y grupos paramilitares para asesinarlo a él y a otros líderes de la UP por su militancia política de oposición.

A raíz de las diversas solicitudes de protección ante las autoridades estatales, Cepeda acudió a organismos internacionales y fue cobijado con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales no resultaron efectivas para evitar su muerte.

“El senador Cepeda Vargas fue ostensiblemente desprotegido ante la situación de riesgo que enfrentaba, por el contexto general de violencia contra la UP y PCC, por ser dirigente político y senador por esos partidos. En este contexto, agentes estatales se abstuvieron de brindar la protección especial debida al senador Cepeda”, declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010 a través de una sentencia que condenó al Estado colombiano por el asesinato del líder político.

En dicho fallo, la Corte puso en evidencia la irregularidad con la que fue investigado el homicidio, señalando la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de sus obligaciones de prevención y protección con el senador, sin que aún se conozcan las circunstancias y los autores intelectuales del crimen, por lo que declaró que el asesinato se mantiene en la impunidad.

“La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del Senador Cepeda Vargas no solo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales”, explicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tras el asesinato de Cepeda, las amenazas se extendieron contra su familia por lo que sus dos hijos tuvieron que abandonar el país ante los frecuentes hostigamientos. En 2004, el ahora senador Iván Cepeda regresó a Colombia y continuó siendo víctima de amenazas por lo que la CIDH ordenó medidas de protección a su favor.

Al cumplirse dos décadas de su asesinato, aún la justicia colombiana no ha logrado determinar a los autores intelectuales del crimen de Manuel Cepeda y los interrogantes alrededor de su muerte son latentes. En ese sentido, el congresista Iván Cepeda anunció que este sábado se realizará un homenaje póstumo y que el próximo martes presentará una proposición ante el Senado para elaborar una placa recordatoria que sería instalada en el Congreso.

“Manuel Cepeda debe ser recordado como un hombre que trabajó por la paz de este país y por los derechos humanos, y que por esta búsqueda y trabajo fue asesinado. Estamos en el proceso de buscar justicia y por ahora el caso Cepeda Vargas ya ha sido declarado por parte de la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad y espero que algún día –ojalá pronto– avancen las investigaciones y se lleguen a determinar los autores intelectuales de este asesinato”, explicó Cepeda en diálogo con El Espectador.
 

El 9 de agosto de 1994 se materializaron las frecuentes amenazas que desde hacía años recibía el entonces senador Manuel Cepeda Vargas, uno de los máximos dirigentes del Partido Comunista Colombiano (PCC) e integrante de la Unión Patriótica (UP).

Con menos de un mes en el cargo, tras su paso por la Cámara de Representantes –donde impulsó la creación del Ministerio de Cultura, el estatuto de la oposición y la rebaja de penas a los presos políticos– Cepeda fue asesinado por sicarios mientras se movilizaba en su vehículo particular en el occidente de Bogotá, cuando se dirigía a su despacho en el Senado de la República escoltado solo por un guardaespaldas.

Nacido en Armenia (Quindío) el 13 de abril de 1930, Cepeda pasó la mayor parte de su juventud en Popayán donde estudió derecho en la Universidad del Cauca. Era padre de dos hijos, Iván y María, de su matrimonio con Yira Castro, dirigente popular y política que falleció el 9 de julio de 1981.

Manuel Cepeda contaba con más de 40 años de trayectoria política desde sus inicios en las Juventudes Comunistas, alternando su trabajo político con su oficio de periodista, escenario desde el que se desempeñó como jefe de redacción del Semanario Voz entre 1970 y 1986, sumado a una columna de opinión que conservó por años en la que era evidente su orientación de oposición crítica.

Resultó electo senador para el período 1994-1998 como último congresista postulado por la UP, con iniciativas como reformas al Código del Menor, ley de la mujer trabajadora, ley marco de la cultura, consejo nacional de juventud y objeción de conciencia al servicio militar obligatorio.

Sin embargo, sus proyectos fueron frustrados por dos sargentos del Ejército Nacional (Hernando Medina Camacho y Justo Gilberto Zúñiga Labrador) quienes en complicidad con paramilitares, dispararon en varias oportunidades contra la humanidad del senador de 64 años desde un vehículo blanco, causando su muerte instantánea.

Su crimen causó un repudio nacional que se tradujo en marchas y manifestaciones a lo largo del país y que se extendieron hasta Medellín, Urabá, Bucaramanga, Barranquilla y Barrancabermeja, donde incluso hubo gremios sindicales que anunciaron paros laborales ante el asesinato del líder político.

Con apenas dos días en el mandato, el recién elegido presidente Ernesto Samper –quien buscaba establecer diálogos de paz con la insurgencia– tuvo que sortear la situación y con la instalación de su primer consejo de seguridad, fueron anunciados $100 millones para quien diera información acerca de los asesinos. Cepeda Vargas, al parecer, había propiciado acercamientos para impulsar el diálogo con la guerrilla de las Farc.

Lo anterior, caló negativamente entre varios círculos políticos que vincularon a Cepeda con la guerrilla, lo que habría favorecido hostigamientos e intimidaciones por parte de grupos paramilitares quienes intensificaron la persecución contra el congresista dada su pertenencia al Partido Comunista y la Unión Patriótica.

Un año antes de su homicidio, Manuel Cepeda había denunciado públicamente la existencia del denominado plan ‘Golpe de gracia’, un supuesto proyecto coordinado por altos mandos del Ejército y grupos paramilitares para asesinarlo a él y a otros líderes de la UP por su militancia política de oposición.

A raíz de las diversas solicitudes de protección ante las autoridades estatales, Cepeda acudió a organismos internacionales y fue cobijado con medidas de protección ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las cuales no resultaron efectivas para evitar su muerte.

“El senador Cepeda Vargas fue ostensiblemente desprotegido ante la situación de riesgo que enfrentaba, por el contexto general de violencia contra la UP y PCC, por ser dirigente político y senador por esos partidos. En este contexto, agentes estatales se abstuvieron de brindar la protección especial debida al senador Cepeda”, declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2010 a través de una sentencia que condenó al Estado colombiano por el asesinato del líder político.

En dicho fallo, la Corte puso en evidencia la irregularidad con la que fue investigado el homicidio, señalando la responsabilidad del Estado en el incumplimiento de sus obligaciones de prevención y protección con el senador, sin que aún se conozcan las circunstancias y los autores intelectuales del crimen, por lo que declaró que el asesinato se mantiene en la impunidad.

“La Corte estima que la responsabilidad del Estado por la violación del derecho a la vida del Senador Cepeda Vargas no solo se encuentra comprometida por la acción de los dos suboficiales ya condenados por su ejecución, sino también por la acción conjunta de grupos paramilitares y agentes estatales, lo que constituye un crimen de carácter complejo, que debió ser abordado como tal por las autoridades encargadas de las investigaciones, las que no han logrado establecer todos los vínculos entre los distintos perpetradores ni determinar a los autores intelectuales”, explicó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Tras el asesinato de Cepeda, las amenazas se extendieron contra su familia por lo que sus dos hijos tuvieron que abandonar el país ante los frecuentes hostigamientos. En 2004, el ahora senador Iván Cepeda regresó a Colombia y continuó siendo víctima de amenazas por lo que la CIDH ordenó medidas de protección a su favor.

Al cumplirse dos décadas de su asesinato, aún la justicia colombiana no ha logrado determinar a los autores intelectuales del crimen de Manuel Cepeda y los interrogantes alrededor de su muerte son latentes. En ese sentido, el congresista Iván Cepeda anunció que este sábado se realizará un homenaje póstumo y que el próximo martes presentará una proposición ante el Senado para elaborar una placa recordatoria que sería instalada en el Congreso.

“Manuel Cepeda debe ser recordado como un hombre que trabajó por la paz de este país y por los derechos humanos, y que por esta búsqueda y trabajo fue asesinado. Estamos en el proceso de buscar justicia y por ahora el caso Cepeda Vargas ya ha sido declarado por parte de la Fiscalía como un crimen de lesa humanidad y espero que algún día –ojalá pronto– avancen las investigaciones y se lleguen a determinar los autores intelectuales de este asesinato”, explicó Cepeda en diálogo con El Espectador.