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Hace 30 años, en 1990, Colombia cerraba el año con una cierta noción de esperanza y un panorama muy diferente a lo que había ocurrido 12 meses antes. Tan solo un año atrás, el país había vivido uno de sus momentos más difíciles a causa de la oleada de terror desatada por el narcotráfico y el paramilitarismo: el asesinato de Luis Carlos Galán, los atentados al avión de Avianca y al DAS, la masacre de La Rochela, entre otros actos violentos.
A pesar de que 1990 comenzó con los asesinatos de los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez, el año terminaba con la idea de un revolcón institucional total por la asamblea constituyente recién conformada. Precisamente, el 9 de diciembre de hace 30 años fue el día en el que el país salió a las urnas a escoger a los que los representarían en esa célula, que en un principio fue pensada para hacer una gran reforma constitucional y que al final terminó redactando toda una nueva carta magna.
El camino a esa asamblea constituyente estuvo marcado por el proceso de paz con el M-19 y por las reformas fallidas a la constitución de 1886, que imperaba para ese momento en el territorio colombiano. Estos dos hechos fueron esenciales para que el desenlace final fuera la redacción de toda una nueva carta política.
Ante los muchos retos que implicaba el narcotráfico y otras nuevas experiencias de violencia en el país, se hizo cada vez más notoria la necesidad de una reforma al ordenamiento colombiano. Pero en un principio, los impulsos pasaron por una simple reforma constitucional a través del Congreso, impulsada tanto por el gobierno de Virgilio Barco, como el Nuevo Liberalismo de Luis Carlos Galán.
Según el actual senador Iván Marulanda, cercano a Galán para esa época, una de las condiciones que puso el candidato presidencial asesinado para volver a las toldas liberales incluyó que fuera desde el propio partido que se impulsara una gran reforma constitucional. “Nos aplicamos para hacer la reforma y se propuso una reforma de casi toda la constitución. Eso fue muy interesante porque el gobierno y el partido se dieron cuenta de que la cosa era en serio”, señaló Marulanda.
El proyecto reformista fue presentado a finales de 1988 y tuvo una primera vuelta sin contratiempos en el Congreso. Luego, en 1989, la reforma comenzaba su segunda vuelta cuando fue asesinado Luis Carlos Galán, el 18 de agosto de 1989. Aún así, el impulso siguió en manos de sus cercanos políticos como Iván Marulanda.
Además de cambiar la constitución, este proyecto cobró una nueva importancia dado que para ese mismo momento se estaba negociando un acuerdo de paz con la guerrilla del M-19. Varios de los temas acordados con los alzados en armas, como la favorabilidad política, fueron incluidos en esa gran reforma, por lo que su éxito no solo impactaba en el ordenamiento colombiano, sino que serviría de insumo para las futuras negociaciones con las guerrillas del país.
Sin embargo, faltando poco para su aprobación, la reforma constitucional se hundió en el Congreso. La razón de este hecho fue lo que se conoció como el narcomico. En su segundo paso por Cámara, “unos representantes aliados con el narcotráfico presentaron a medianoche un artículo adicional en el que favorecían al narcotráfico con el tema de la extradición”, señaló el hoy senador Iván Marulanda.
El artículo en cuestión pedía que se hiciera un plebiscito para consultar al pueblo colombiano si estaba de acuerdo o no con la extradición de connacionales. La movida claramente favorecía a los narcotraficantes, que en ese momento habían activado todo su aparato de violencia y relaciones políticas para que sus miembros no fueran llevados a los Estados Unidos a responder ante dicha justicia por la droga exportada.
El temor del Gobierno radicaba en que la oleada de violencia podría aumentar por parte del Cartel de Medellín y otras organizaciones criminales con la intención de manipular la opinión del país frente a la expatriación. Por otro lado, senadores como Álvaro Uribe defendieron el artículo y lo señalaron como necesario.
Al final, el Ejecutivo prefirió hundir toda la reforma con tal de que no pasara el controvertido artículo. Con esta acción, no solo se apagaban las posibilidades de hacer los cambios de fondo que se necesitaban en la constitución, sino que quedaba sin piso buena parte de lo acordado con el M-19. “Lo que habíamos negociado no se pudo cumplir”, señaló el exgobernador y excongresista Antonio Navarro Wolf, que fue uno de los líderes más importantes de la guerrilla que se desmovilizó el 8 de marzo de 1990.
Sin embargo, el M-19 siguió adelante con su intención de abandonar las armas e incluso pasó de inmediato a participar de una carrera presidencial que ya había estado marcada por el asesinato de varios de sus candidatos. Tras la fallida reforma, la extinta guerrilla y otros sectores apuntaron a la necesidad de una asamblea constituyente para hacer los cambios en el ordenamiento nacional.
Ese clamor se materializó en la séptima papeleta, un movimiento encabezado principalmente por jóvenes que pedían un viraje de fondo a la constitución “que determine cambios políticos, sociales y económicos a beneficio del pueblo”. Esta última fue la consigna escrita en la “papeleta” repartida en calles y periódicos para que fuera introducida en las urnas de las elecciones legislativas en señal de que se pedía una constituyente. Aunque no fue contada oficialmente, la acogida de este voto fue el impulso que necesitó el país para que el gobierno Barco decretara un estado de sitio para un plebiscito constitucional en las siguientes elecciones.
En esas votaciones, que eran las presidenciales de mayo de 1990, más de 5 millones de votantes le dieron el sí a una Asamblea Constituyente para reformar la carta magna. Esta orden popular fue acatada por el presidente César Gaviria, que el 24 de agosto emitió un decreto para convocar a la asamblea. De esta forma comenzó una carrera electoral por hacerse con uno de los 70 escaños para el órgano constitucional.
La carrera electoral que se vivió en dicha época fue muy distinta a lo que se había vivido antes o después en el mundo político colombiano. Según sus propios participantes, la justa estuvo alejada de los intereses partidistas o politiqueros que normalmente reinaban en el ambiente de las elecciones al Congreso. “Como allá no se iba a repartir presupuestos, pues a ellos no les importaba”, señaló el senador Marulanda para expresar la razón por la que muchos de los políticos de carrera prefirieron no hacer parte de la candidatura a constituyente.
Otro de los factores que alejó a la clase política tradicional fue que gran parte de ellos estaban inhabilitados para participar, porque tenían que renunciar a sus curules en el Congreso y pocos estaban interesados en abandonar la seguridad de sus escaños por una constituyente “a la que no le tenían fe”, por los temas limitados que iba a tratar. Sin embargo, esto cambió con la sentencia número 138 de la Corte Suprema de Justicia, proferida el 9 de octubre de 1990.
En dicha determinación, el alto tribunal consideró que el decreto emitido por el presidente Gaviria era constitucional, excepto por el temario al que se debería limitar la asamblea constituyente. Según la Corte, “siendo la nación el constituyente primario y teniendo ella un carácter soberano, del cual emanan los demás poderes, no puede tener otros límites que los que él mismo se imponga, ni los poderes constituidos pueden revisar sus actos”. De esta forma, se le dio carta blanca a la naciente corporación para hacer los cambios que considerara convenientes.
Ya era muy tarde para el poder político tradicional para embarcarse en el proceso. Sin embargo, esta ausencia de maquinarias jugó a favor de una constituyente conformada por múltiples sectores de la sociedad. En el caso de los liberales, que era el partido dominante para la época, se ideó la operación avispa, que implicó múltiples listados regionales. Por otro lado, los conservadores llegaron divididos, pues Álvaro Gómez Hurtado montó toldo aparte con el Movimiento de Salvación Nacional, una agrupación de los conservadores alvaristas, que también contó con la participación de liberales.
En un sector opuesto, el recién desmovilizado M-19 se presentó en una lista cerrada bajo el nombre de Alianza Democrática M-19. Aunque fueron liderados por Antonio Navarro Wolf, que tomó el liderato del movimiento tras el asesinato de Pizarro, la lista no solo incluyó exguerrilleros, sino que contó con varias mujeres, entre las que estaba la poetisa María Mercedes Carranza; políticos, como Álvaro Leyva Durán; académicos, como Orlando Fals Borda; y hasta el entonces técnico de la Selección Colombia, Francisco Maturana.
Asimismo, varios movimientos de izquierda, como la UP, se agruparon en un solo listado conocido como la Lista por la Vida y también hubo aspirantes por parte de movimientos indígenas y cristianos evangélicos. Varios de estos últimos sectores habían sido históricamente invisibilizados y no habían podido romper las barreras que implicaba el sistema cuasi-bipartidista que imperaba en el país.
Una carrera electoral sin igual
Cada una de las campañas tuvo una estrategia diferente. Los liberales se basaron en su gran variedad de listas, mientras que la Alianza Democrática M-19 tuvo entre sus ventajas, como señala Navarro Wolf, el cumplimiento y la sinceridad con la que afrontaron el acuerdo de paz. “Nos mataron a Pizarro, pero tuvimos palabra. Entonces la gente que se dio cuenta que valía la pena apoyarnos”, señaló el exgobernador de Nariño, que también reseño sus rápidos éxitos en la cartera de salud del gobierno de César Gaviria como otra de las razones por las que se granjearon el apoyo de un amplio sector de la población.
A la ADM-19 también le jugó a su favor los sectores tan variados que conformaron sus listas. Una estrategia similar a la que llevó a cabo el movimiento de Álvaro Gómez, que incluyó personalidades de extracción liberal en sus filas, como el caso de Carlos Lleras de la Fuente y Juan Carlos Esguerra. Este último comentó a este diario: “Llegué por propuesta de Álvaro Gómez, me llamó para ver si quería ser uno de los liberales que quería ser parte de la lista de salvación nacional”. La inclusión de estos ejemplificó y le dio validez al “Acuerdo sobre lo Fundamental” que predicó Gómez Hurtado los últimos años de su vida.
Por otro lado, los conservadores fueron liderados por el expresidente Misael Pastrana Borrero, pero no tuvieron gran acogida. Un caso que vale reseñar es el de la lista por la vida, que fue liderado por el presidente del comité de los derechos humanos Alfredo Vásquez Carrizosa. Esta lista se la jugó por tener en su segundo renglón a una mujer: la entonces líder sindicalista Aida Avella, que también hacía parte de la UP.
Según cuenta la propia Avella, su nominación fue “curiosa” porque se enfrentó a importantes personalidades de su partido. Al final, mientras esta lideraba uno de los paros de Eternit, la UP votó a favor de la hoy senadora. “Me eligieron porque nunca había estado en el parlamento y no estaba contaminada de esa politiquería. También fue gracias a que era mujer y dirigente sindical”, reseñó la líder de izquierda, que tuvo que exiliarse por varios años ante el exterminio del que fue víctima su partido.
Por otro lado, hubo otros, como el entonces exsenador Iván Marulanda, que se lanzaron por firmas y crearon sus propios movimientos con el único interés de salir elegidos en esta iniciativa reformista. “Se convocó la constituyente y mi obligación moral era presentarme a esas elecciones”, contó el político antioqueño a El Espectador.
Contrario a las típicas campañas política, los esfuerzos por ser elegidos a la constituyente implicaron recorrer unos sectores que pocas veces habían contado con la presencia del Estado. “La campaña para la asamblea fue muy dura. El secreto fue centrarse en la ruralidad y en los trabajadores”, señaló la senadora Avella.
El senador Marulanda y el abogado Juan Carlos Esguerra también le señalaron a El Espectador que la estrategia se basó en amplios recorridos por el territorio nacional en “avión, bus, Jeep, o en lo que se pudiera”. Aunque hubo varios discursos en plaza pública, los consultados por este diario reconocieron que las campañas no eran tan multitudinarias, sobre todo por las limitaciones en los recursos. “La campaña fue hecha con muy poco dinero, solo gastábamos en los esencial. Incluso invertí unos ahorros que tenía para arreglar un carro”, contó Avella.
Lo cierto es que buena parte de la estrategia se alejó de los “discursos veintejulieros” para darle paso a pequeñas exposiciones de lo que pensaban que debía ser la reforma constitucional y escuchar las peticiones de las distintas poblaciones sobre lo que consideraban que debía tener la carta magna.
“Eran unas elecciones que no conocía el país, se estaba eligiendo una asamblea para cambiar la constitución y eso no implicaba ningún tipo de promesa política, eran contenidos políticos e intelectuales”, explicó Marulanda, que también dijo: “Las reuniones no eran partidistas. La gente se reunía a proponerle reformas a la constitución. Eran conversaciones muy pequeñas, pero muy interesantes porque se sentaban a hablar y a escuchar las propuestas. Se movilizaban conciencias y no intereses”.
Después de una corta campaña, con un enfoque nunca antes visto, llegó el 9 de diciembre de 1990. Ese día, Colombia fue a las urnas para elegir a los que los representarían en la constituyente. Más allá de una baja votación y la típica incertidumbre que implica un proceso electoral democrático, no hubo mayores incidentes. Tanto así que en horas de la noche ya se sabía quiénes irían a representar al constituyente primario en la asamblea que se iba a reunir desde febrero de 1991.
Los colombianos eligieron a 25 asambleístas del Partido Liberal, 19 de la Alianza Democrática M-19, 11 del Movimiento de Salvación Nacional, 9 de los conservadores, 2 del Movimiento Unión Cristiana, 2 de la lista por la vida y 2 de los movimientos indígenas. Además, se abrieron cuatro curules con voz pero sin voto para representantes de EPL, PRT y el Movimiento Quintín Lame, todos movimientos guerrilleros que estaban negociando con el gobierno Gaviria para abandonar las armas y volver a la vida civil.
Esa variada composición, según Esguerra, fue la que garantizó que lo que salió de la constituyente tuviera como principal mérito su legitimidad: “nunca se cuestionó”. En una línea similar, el senador Iván Marulanda comentó sobre dicho momento: “Toda la gente que estaba allí, una mayoría desconocida, tenían era un interés social. Todos los sectores tenían ese carácter y sabían muy bien por qué estaban allá. Es imposible concebir un momento como ese de nuevo”.
Sin embargo, dicha jornada tendrá una mancha muy grande y es que ese mismo día fue el bombardeo a Casa Verde, el principal campamento de las ahora extintas Farc. A pesar de que se estaban haciendo acercamientos de paz con esta guerrilla y hasta estos habían demostrado su interés en participar de la constituyente, el Ejército atacó con toda su artillería a este emplazamiento guerrillero. En la noche del 9, las noticias se dividieron entre los resultados de los nuevos constituyentes y la operación militar.
Para varios de los elegidos en dicha jornada, dicho ataque implicó un grave error de la administración Gaviria. “Fue un mensaje muy negativo del gobierno hacia la insurgencia. Era importante que las Farc participaran del proceso constituyente”, explicó Avella. De forma similar, Navarro Wolf aseguró que ese bombardeo alejó a las Farc del proceso constituyente y que su participación hubiera sido esencial para tener un consenso completo. Aunque luego se intentó negociar con esta guerrilla para que se vinculara al proceso, el mensaje de Casa Verde fue esencial para que no lo hicieran.
El 9 de diciembre de 1990 pasó a la historia de Colombia tanto por las elecciones como por el bombardeo. Esta jornada fue esencial en la configuración del país, tanto por la variedad de sectores que fueron elegidos para crear la nueva constituyente -que le dieron su carácter de avanzada-, como por el portazo en la cara que se le dio a las Farc y que prolongó la violencia con este grupo por poco más de 20 años.
