485 financiadores de campañas en 2015 recibieron contratos públicos: MOE
La organización reveló detalles de las formas de contratación pública en municipios que beneficiarían a los financiadores de candidatos ganadores en las elecciones de 2015. Alertó también sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos.
-Redacción Política
Un nuevo informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló que 485 donantes a campañas electorales en 2015, que hicieron 534 aportes por 4.397’497.266, recibieron contratos públicos, en total, por 169.466’621.063, lo que sería un equivalente de 39 veces más que el dinero aportado a las campañas políticas.
No obstante, la organización civil advirtió que, aunque este hecho no representa necesariamente delitos, en los municipios y departamentos identificados si habría una dinámica de contratación pública “bastante atípica e irregular” y que en la información entregada a la Fiscalía son muy comunes la contratación directa, la contratación hecha vía régimen especial y la contratación de mínima cuantía.
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“El 65 % de los 2.410 contratos otorgados a los financiadores de campañas fueron adjudicados a dedo, lo que fácilmente se podría interpretar como una retribución de la donación hecha en campaña. Solo el 34 % restante fueron licitaciones públicas, subastas y concursos de méritos”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE.
En ese mismo sentido, la investigación arroja que el 85 % del monto total entregado en contratación pública fue adjudicado en los dos primero años de gobiernos, lo que para la MOE significa que los mandatarios tienden a comprometer esos recursos de forma rápida a quienes financiaron las campañas.
La MOE elaboró una tabla en la que muestra cuáles son los municipios que más adjudicaron recursos y sobre el número de veces que esos montos de donación están representados en los contratos. Por ejemplo, Antioquia, que encabeza el ranquin, recibió 112 donaciones, por $ 663’301.594, de 103 donantes en 26 municipios. Posteriormente, a los financiadores les fueron otorgados un total de 616 contratos por $ 85.903’.335.108, que significa 129,51 veces la donación.
En esa lista, en orden, están Vichada, Bogotá, Arauca, Risaralda, Magdalena, Cundinamarca, Tolima, Chocó y Meta. Más atrás están Cesar, Boyacá, Cauca, Casanare, Putumayo, San Andrés, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Huila.
La MOE también entregó información a la Fiscalía sobre las personas naturales o jurídicas que hicieron aporte por encima del 2 % del tope máximo de inversión en las campañas, lo que genera una inhabilidad para contratar con entidades públicas, pero que, igual, habrían contratado.
Barrio agregó sobre ese asunto: “Estamos ante la posibilidad de ver de cerca la relación entre contratación y financiación de campañas, desde una metodología innovadora que podría servir a las autoridades para identificar cuándo la financiación de campañas busca empeñar la administración local a favor de redes de clientelismo y corrupción en los municipios”.
¿Cómo se hizo el informe?
Para la investigación se tomó información del Fondo Nacional de Financiación Política (FNFP), del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre la financiación reportada por 1095 alcaldes y 32 gobernadores elegidos en el 2015 y se contrastó con la contratación reportada en el portal de Colombia Compra Eficiente para los años 2016, 2017 y hasta el 28 de abril de 2018.
“La MOE logró encontrar tres modalidades a través de las cuales se favorecían a financiadores de campañas políticas: 1. financiadores privados que recibieron contratos directamente de quienes quedaron elegidos; 2. financiadores de gobernadores electos que recibieron contratos en municipios pertenecientes al departamento y; 3. financiadores de campañas a la alcaldía que recibieron contratos en distintos municipios del mismo departamento”, explica el documento.
La MOE envió la información a la Fiscalía “con el fin que se inicien las investigaciones pertinentes”. De igual forma, entregará detalles a los organismos de control. “La MOE recuerda que el otorgamiento de contratos a empresas y personas financiadoras de campañas no es un delito ni regularidad mientras se cumpla con los topes y criterios definidos en la ley. Sin embargo, esta investigación demostró que en el 65% de los contratos se usan modalidades que favorecen a un solo proponente, lo que si llama la atención de la organización”, agrega el informe.
Un nuevo informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) reveló que 485 donantes a campañas electorales en 2015, que hicieron 534 aportes por 4.397’497.266, recibieron contratos públicos, en total, por 169.466’621.063, lo que sería un equivalente de 39 veces más que el dinero aportado a las campañas políticas.
No obstante, la organización civil advirtió que, aunque este hecho no representa necesariamente delitos, en los municipios y departamentos identificados si habría una dinámica de contratación pública “bastante atípica e irregular” y que en la información entregada a la Fiscalía son muy comunes la contratación directa, la contratación hecha vía régimen especial y la contratación de mínima cuantía.
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“El 65 % de los 2.410 contratos otorgados a los financiadores de campañas fueron adjudicados a dedo, lo que fácilmente se podría interpretar como una retribución de la donación hecha en campaña. Solo el 34 % restante fueron licitaciones públicas, subastas y concursos de méritos”, señaló Alejandra Barrios, directora de la MOE.
En ese mismo sentido, la investigación arroja que el 85 % del monto total entregado en contratación pública fue adjudicado en los dos primero años de gobiernos, lo que para la MOE significa que los mandatarios tienden a comprometer esos recursos de forma rápida a quienes financiaron las campañas.
La MOE elaboró una tabla en la que muestra cuáles son los municipios que más adjudicaron recursos y sobre el número de veces que esos montos de donación están representados en los contratos. Por ejemplo, Antioquia, que encabeza el ranquin, recibió 112 donaciones, por $ 663’301.594, de 103 donantes en 26 municipios. Posteriormente, a los financiadores les fueron otorgados un total de 616 contratos por $ 85.903’.335.108, que significa 129,51 veces la donación.
En esa lista, en orden, están Vichada, Bogotá, Arauca, Risaralda, Magdalena, Cundinamarca, Tolima, Chocó y Meta. Más atrás están Cesar, Boyacá, Cauca, Casanare, Putumayo, San Andrés, Quindío, Caldas, Valle del Cauca y Huila.
La MOE también entregó información a la Fiscalía sobre las personas naturales o jurídicas que hicieron aporte por encima del 2 % del tope máximo de inversión en las campañas, lo que genera una inhabilidad para contratar con entidades públicas, pero que, igual, habrían contratado.
Barrio agregó sobre ese asunto: “Estamos ante la posibilidad de ver de cerca la relación entre contratación y financiación de campañas, desde una metodología innovadora que podría servir a las autoridades para identificar cuándo la financiación de campañas busca empeñar la administración local a favor de redes de clientelismo y corrupción en los municipios”.
¿Cómo se hizo el informe?
Para la investigación se tomó información del Fondo Nacional de Financiación Política (FNFP), del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre la financiación reportada por 1095 alcaldes y 32 gobernadores elegidos en el 2015 y se contrastó con la contratación reportada en el portal de Colombia Compra Eficiente para los años 2016, 2017 y hasta el 28 de abril de 2018.
“La MOE logró encontrar tres modalidades a través de las cuales se favorecían a financiadores de campañas políticas: 1. financiadores privados que recibieron contratos directamente de quienes quedaron elegidos; 2. financiadores de gobernadores electos que recibieron contratos en municipios pertenecientes al departamento y; 3. financiadores de campañas a la alcaldía que recibieron contratos en distintos municipios del mismo departamento”, explica el documento.
La MOE envió la información a la Fiscalía “con el fin que se inicien las investigaciones pertinentes”. De igual forma, entregará detalles a los organismos de control. “La MOE recuerda que el otorgamiento de contratos a empresas y personas financiadoras de campañas no es un delito ni regularidad mientras se cumpla con los topes y criterios definidos en la ley. Sin embargo, esta investigación demostró que en el 65% de los contratos se usan modalidades que favorecen a un solo proponente, lo que si llama la atención de la organización”, agrega el informe.