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La Sala Penal del tribunal supremo anunció que Castro Pacheco, congresista del Magdalena y miembro del partido uribista Colombia Viva, deberá declarar el próximo martes por presuntos nexos con paramilitares.
El funcionario ocupa el escaño que dejó vacante el ex senador y médico Dieb Maloof, preso por acusaciones similares desde el año pasado, y condenado en enero pasado a una pena de casi cinco años de prisión.
Además, el senador Castro Pacheco está siendo investigado por supuestos vínculos con Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, líder de las Autodefensas y hoy preso en la cárcel de Itagüí en Antioquia.
Castro, es el primero de los ya 54 congresistas activos vinculados a la investigación que se adelanta por los presuntos nexos de dirigentes políticos con grupos paramilitares, que es llamado a indagatoria sin antes pasar por la apertura de una investigación preliminar y sin ser llamado a versión libre.
El llamado de la Sala Penal se produjo luego de finalizar una serie de testimonios y pruebas, entre las que están varias provenientes de la Fiscalía de Santa Marta y en las que se comprueba que Castro habría aportado elevadas sumas de dinero a la campaña que llevó al Senado de la República a Maloof en 2002.
Castro, quien es hermano de Augusto 'Tuto' Castro, desmovilizado jefe de las autodefensas, fue expulsado de las listas de Cambio Radical y del Partido Liberal por sus supuestos vínculos con 'Jorge 40'.
La Fiscalía lo investiga desde que su nombre apareció, en marzo del año pasado, en unos expedientes archivados en cajas en la Fiscalía de Santa Marta.
En esos documentos, similares al acuerdo de Ralito, aparece el nombre de Castro con el de los jefes paramilitares del Magdalena.
En uno de los puntos, Castro se comprometió a entregar 100 millones de pesos para la campaña de Maloof al Senado en el 2002. Como contraprestación, según el documento, Maloof pediría una licencia y, así, le daría a Castro un espacio de un año.
En el documento también quedó por escrito que una vez Maloof ganara la curul y el Consejo Nacional Electoral entregara el dinero por reposición de votos, esos recursos irían a manos de los alcaldes firmantes, supuestamente para obras sociales en sus respectivos municipios.
Por El Espectador
