A segundo debate proyecto que busca eliminar la tercerización de profesionales de la salud

La Plenaria de la Cámara tendrá que debatir en los próximos días un proyecto de varios partidos de Gobierno y oposición que busca mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud en el país. La iniciativa, que ya pasó su primera prueba en la Comisión Séptima de la Cámara, es impulsada por Carlos Eduardo Acosta (Colombia justa y Libres, Jairo Cristancho (Centro Democrático), Norma Hurtado (Partido de la U) y Juan Luis Castro (Alianza Verde).

La iniciativa multipartidista busca traer soluciones a varios de los problemas que aquejan al gremio de la salud de hace varios años, pero que con la pandemia se han hecho más evidentes y hasta aumentado. Uno de los principales objetivos del texto radicado es acabar con la tercerización en el sector de la salud para que todos los profesionales de esta área tengan una vinculación directa y con todas las garantías y prestaciones.

“Los actores o agentes del sistema de salud responsables de garantizar la prestación del servicio, sean públicos o privados, deberán vincular al talento humano en salud de manera directa, garantizando su estabilidad, continuidad y régimen prestacional”, reza uno de los artículos del proyecto, que prohíbe la vinculación de los trabajadores bajo contrataciones que puedan encubrir la tercerización laboral.

De acuerdo a la propuesta, se prohibirá la vinculación a través de prestación de servicio, a menos de que tenga una especialidad quirúrgica. Todas estas reformas a nivel contractual tendrán que ser reguladas por el Ministerio de Trabajo y, tras una modificación en el texto original, se tendrá un plazo de tres años para poder aplicarlas.

Además de buscar arreglar los problemas de contratación, el proyecto tiene como meta ajustar las jornadas laborales de los médicos, enfermeros y demás profesionales de la salud. Uno de los grandes problemas actualmente en este gremio es las largas jornadas a las que se enfrentan los trabajadores de la salud. Por eso, la iniciativa busca que los horarios de estos estén regidos bajo “modalidades de contratación vigentes”, y así evitar “jornadas extenuantes” que resulten en contra de la seguridad del paciente y del profesional de la salud.

En un camino similar, el proyecto también busca que se les dedique el tiempo suficiente a las consultas. Por eso, se plantea que los profesionales destinen por lo menos 30 minutos para la atención de los pacientes. En muchas ocasiones, los médicos y otros profesionales tienen un margen de tiempo muy reducido para brindar la atención básica a los que recurren a ellos.

La tercera base de este proyecto recae en el pago oportuno y justo de los trabajadores de la salud. Entre las propuestas está que los pagos se hagan como máximo dentro de los 15 días siguientes a la prestación del servicio o de las actividades hechas por el profesional de la salud. La única excepción contemplada es que un contrato estipule que el pazo es menor.

La mejora en los plazos de pagos también apuntaría a las facturas con las IPS (hospitales, clínicas y centros médicos). Este es otro punto importante del proyecto, debido a que la situación precaria de varios de los centros asistenciales en el país se debe a las cuantiosas deudas que EPS y entes territoriales tienen con estas entidades.

Según el articulado, “entidades responsables del pago deberán cancelar en un plazo no mayor de 10 días calendario las facturas o valores que por prestación de servicios les hayan presentado las Instituciones Prestadoras de Salud, o los proveedores del sistema de salud”.

Otros aspectos que están incluidos en el proyecto son la disposición de herramientas por parte de las instituciones para que haya actualización del conocimiento de los trabajadores de la saludad, para así mejorar la atención de los pacientes. También se buscará darles todas las garantías a los médicos, enfermeros y otros del gremio para que tengan todos los “insumos, recursos y tecnología en salid, así como la infraestructura y talento humano y suficiente para la atención segura y con calidad a los usuarios del sistema”.

Por último, el proyecto tiene entre sus consideraciones que se cree una ruta para atender los posibles casos de violencia en contra de los trabajadores de la salud por parte de los pacientes, empleadores e instituciones prestadoras de servicio. Durante la pandemia se han evidenciado casos como el del doctor José Julián Buelvas, que fue amenazado por un familiar de uno de sus pacientes fallecido.

La Plenaria de la Cámara tendrá que debatir en los próximos días un proyecto de varios partidos de Gobierno y oposición que busca mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud en el país. La iniciativa, que ya pasó su primera prueba en la Comisión Séptima de la Cámara, es impulsada por Carlos Eduardo Acosta (Colombia justa y Libres, Jairo Cristancho (Centro Democrático), Norma Hurtado (Partido de la U) y Juan Luis Castro (Alianza Verde).

La iniciativa multipartidista busca traer soluciones a varios de los problemas que aquejan al gremio de la salud de hace varios años, pero que con la pandemia se han hecho más evidentes y hasta aumentado. Uno de los principales objetivos del texto radicado es acabar con la tercerización en el sector de la salud para que todos los profesionales de esta área tengan una vinculación directa y con todas las garantías y prestaciones.

“Los actores o agentes del sistema de salud responsables de garantizar la prestación del servicio, sean públicos o privados, deberán vincular al talento humano en salud de manera directa, garantizando su estabilidad, continuidad y régimen prestacional”, reza uno de los artículos del proyecto, que prohíbe la vinculación de los trabajadores bajo contrataciones que puedan encubrir la tercerización laboral.

De acuerdo a la propuesta, se prohibirá la vinculación a través de prestación de servicio, a menos de que tenga una especialidad quirúrgica. Todas estas reformas a nivel contractual tendrán que ser reguladas por el Ministerio de Trabajo y, tras una modificación en el texto original, se tendrá un plazo de tres años para poder aplicarlas.

Además de buscar arreglar los problemas de contratación, el proyecto tiene como meta ajustar las jornadas laborales de los médicos, enfermeros y demás profesionales de la salud. Uno de los grandes problemas actualmente en este gremio es las largas jornadas a las que se enfrentan los trabajadores de la salud. Por eso, la iniciativa busca que los horarios de estos estén regidos bajo “modalidades de contratación vigentes”, y así evitar “jornadas extenuantes” que resulten en contra de la seguridad del paciente y del profesional de la salud.

En un camino similar, el proyecto también busca que se les dedique el tiempo suficiente a las consultas. Por eso, se plantea que los profesionales destinen por lo menos 30 minutos para la atención de los pacientes. En muchas ocasiones, los médicos y otros profesionales tienen un margen de tiempo muy reducido para brindar la atención básica a los que recurren a ellos.

La tercera base de este proyecto recae en el pago oportuno y justo de los trabajadores de la salud. Entre las propuestas está que los pagos se hagan como máximo dentro de los 15 días siguientes a la prestación del servicio o de las actividades hechas por el profesional de la salud. La única excepción contemplada es que un contrato estipule que el pazo es menor.

La mejora en los plazos de pagos también apuntaría a las facturas con las IPS (hospitales, clínicas y centros médicos). Este es otro punto importante del proyecto, debido a que la situación precaria de varios de los centros asistenciales en el país se debe a las cuantiosas deudas que EPS y entes territoriales tienen con estas entidades.

Según el articulado, “entidades responsables del pago deberán cancelar en un plazo no mayor de 10 días calendario las facturas o valores que por prestación de servicios les hayan presentado las Instituciones Prestadoras de Salud, o los proveedores del sistema de salud”.

Otros aspectos que están incluidos en el proyecto son la disposición de herramientas por parte de las instituciones para que haya actualización del conocimiento de los trabajadores de la saludad, para así mejorar la atención de los pacientes. También se buscará darles todas las garantías a los médicos, enfermeros y otros del gremio para que tengan todos los “insumos, recursos y tecnología en salid, así como la infraestructura y talento humano y suficiente para la atención segura y con calidad a los usuarios del sistema”.

Por último, el proyecto tiene entre sus consideraciones que se cree una ruta para atender los posibles casos de violencia en contra de los trabajadores de la salud por parte de los pacientes, empleadores e instituciones prestadoras de servicio. Durante la pandemia se han evidenciado casos como el del doctor José Julián Buelvas, que fue amenazado por un familiar de uno de sus pacientes fallecido.