A una firma de hacerse ley

Desde el primero de enero los colombianos no tendrán que volver a pagar ni hacer engorrosas diligencias para obtener su certificado judicial, gracias a un proyecto aprobado recientemente en el Congreso. Y no es el único proyecto de ley pendiente de sanción presidencial que  promete beneficios. A la ley de formalización y primer empleo, que busca cumplir la meta de dos millones de nuevos puestos de trabajo y que otros 500 mil sean formalizados, también le falta una firma. Lo mismo que sucede con el subsidio familiar de vivienda para población afectada por desastres naturales.

Las tres iniciativas que cursaron con éxito en el Congreso tienen en común el impacto social que pueden crear y la necesidad de que se haga pedagogía sobre sus alcances. La modificación en el acceso gratuito al pasado judicial hace parte del proyecto de protección de datos personales que apunta a que la información personal, financiera y judicial de los colombianos tenga blindaje especial y no pueda ser utilizada por terceros, sin la autorización o el conocimientos del titular.

“El centro de este proyecto de ley es reconocer que los datos de una persona pertenecen estrictamente a ella y que, por lo tanto, el sujeto sobre el que se tienen esos datos tiene derecho a saber qué se dice en las bases que los contienen, así como pedir que se elimine la información incorrecta y se actualice la que haya cambiado”, sostuvo el senador liberal Luis Fernando Velasco, autor de la iniciativa, quien además insistió en que aquellas personas que pagaron sus cuentas con la justicia no tienen por qué seguir cargando ese historial para toda su vida .

Obviamente, uno de los más importantes aportes de este proyecto, que se tiene previsto entre a regir a partir de la próxima semana, es la gratuidad del pasado judicial. La norma plantea que este documento podrá ser encontrado en la página web del DAS. Con ello, las diligencias y las filas para conseguir el pasado judicial se acaban y sólo tendrán que cancelarlo quienes lo saquen por primera vez o lo hayan obtenido por última vez hace más de cinco años. Hoy, el pasado judicial es un documento requerido para la mayoría de colombianos que buscan acceder a un empleo o a salir del territorio nacional.  

En cuanto al proyecto de formalización y primer empleo, como lo bautizó el Gobierno, uno de sus componentes más importantes es la creación de puestos de trabajo para los recién egresados de las universidades. Para cumplir con este propósito, el Gobierno ha establecido un sistema de exenciones para las empresas que contraten, de manera formal, jóvenes entre los 18 y 25 años. Otro de sus objetivos es que la ley se convierta en un motor para generar nuevos puestos de trabajo en el país y para que las pequeñas y medianas empresas puedan formalizar sus actividades ante las cámaras de comercio. 

Finalmente, en medio de la tragedia invernal que azota buena parte del territorio colombiano, la ley que crea el subsidio familiar de vivienda para la población afectada por desastres naturales, constituye una esperanza para muchas familias afectadas. Pero el alcance de la iniciativa va más allá. Esta es una ley que se trabajó desde hace más de dos años, impulsada principalmente por el Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (Mira). Por eso no es para atender la coyuntura del actual invierno. Cualquier persona afectada en el pasado por desastres similares puede también beneficiarse.

“Nuestra propuesta busca que la gente que perdió su bienes por algún desastre natural pueda acceder a créditos de vivienda aun cuando ya hayan sido otorgados. Además, buscamos que esta ley sea retroactiva, es decir, por ejemplo, que quienes perdieron su casa en Armero y no han podido volver a solicitar un crédito de vivienda, lo puedan hacer”, concluyó la representante a la Cámara Gloria Estella Díaz.