El abogado Ernesto Espinosa Jiménez le pidió al presidente saliente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, recomendó frenar el proceso de elección del director administrativo de la Cámara al considerar que no se llevó a cabo el proceso pertinente para escoger el reemplazo de Carolina Carrillo, quien sale del puesto para aspirar a la Defensoría del Pueblo.
Al igual que las mesas directivas, los cargos en la dirección quedan supeditados a los acuerdos políticos que llegan los partidos. Para el caso puntual, a la U le correspondió postular un nombre para dicho cargo. Esta semana, la bancada de la Cámara de Representantes escogió, entre los aspirantes a la convocatoria, al exalcalde de Girón (Santander), John Abiud Ramírez, como el candidato para poner en consideración dentro de la plenaria de la corporación este 20 julio, cuando inicia la tercera legislatura del Congreso.
Más allá del nombre de John Ramírez y sus antecedentes que empiezan a resonar, el abogado Espinosa Jiménez pidió la suspensión de esta elección, que se podría decir que es un hecho ya que Ramírez es el único nombre que se va a presentar en la plenaria, para que la Cámara se tome el tiempo pertinente de seleccionar a la persona más idónea del cargo, aplicando pruebas de conocimiento y cumpliendo el Acto Legislativo 02 de 2015, que determina los procesos de convocatoria pública para la elección de servidores.
“En efecto hay una convocatoria para el cargo, pero en mi sentir y mi criterio, está lejos de respetarse el mérito como principio de elección, en cuanto no se vislumbra que se haya aplicado una prueba de aptitudes y competencias para determinar las capacidades”, explicó el abogado.
En la carta, Espinosa Jiménez comparte jurisprudencia con relación a procesos de elección para cargos de funcionarios en corporaciones municipales. “Si a los concejos les exigen un proceso con méritos, el Congreso debería de hacer lo propio”, insiste.
Con o sin acto legislativo, el abogado insiste que el artículo 126 de la Constitución dicta unos parámetros generales para procesos de selección que son: “publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de méritos”. En ese sentido, en un ejercicio académico, investigó sobre el caso particular y no encontró reflejado, a su juicio, esos criterios que dicta la ley.
“Yo no busco advertir de futuras demandas, lo que pretendo es hacer un llamado de atención para que el Congreso reflexione si cumplió o no con las cualidades de estos procesos. Hay que recordar que el director administrativo maneja todos los recursos de la Cámara, es decir, debe de tener conocimientos técnicos en finanzas, presupuesto, economía y demás. Este no es un puesto político”, reiteró. Por ejemplo, uno de los temas que encabezaría las tareas del nuevo director sería la de encontrar la plataforma más idónea que permita las sesiones remotas en medio de la pandemia.
Así como Espinosa, el representante del Polo Democrático, Germán Navas Talero, también alertó sobre la postulación de John Ramírez. A su juicio, el exalcalde de Girón pretende “dar cuotas y comprar votos de los congresistas con la promesa de que les dará algo después”. El representante sostiene esta postura en cuanto a que el candidato a la dirección administrativa expuso su experiencia en el manejo político como una de las razones por las cuales deberían de elegirlo.
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“La dirección administrativa no debe ser una oficina política. Nunca votaré por esa persona porque debemos elegir a alguien por sus conocimientos y no por alguien que esté ofreciendo algo a cambio”, dijo Navas a Semana.
