Abren proceso de responsabilidad fiscal contra nueve magistrados
Anunció que seguirá indagando la conducta de los magistrados del Consejo Superior de la Judictatura.
El Espectador
La Contraloría General anunció que abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra nueve magistrados dentro de la investigación que adelanta por el carrusel de las pensiones en la rama Judicial.
La información fue revelada por Caracol radio. Según las versiones radiales, los magistrados a quienes la Contraloría General les abrió proceso de responsabilidad fiscal son: Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca, Henry Villarraga, José Antonio Castilla, María Emma Garzón, José Ovidio Claros, María Mercedes López, Carlos Arturo Ramírez, María Patricia Zea y Álvaro Rojas Marroquín.
La contralora General de la República, Sandra Morelli, volvió a reclamar que tiene total competencia para investigar a los magistrados del presunto carrusel de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura; proceso que actualmente es reclamado por la comisión de Acusaciones de la Cámara.
La jefa del ente de investigación fiscal dijo que “para mí es clara la competencia de la Contraloría en la investigación pero nos sometemos a lo que diga la autoridad competente (actualmente, Consejo de Estado)”.
Morelli manifestó que es “extraño” que muchas autoridades simultáneamente estén argumentando que son quienes deciden el conflicto y a la vez muchas autoridades estén argumentando que tienen la competencia de investigar a los magistrados.
“Me llama poderosamente la atención que nadie quiera que la Contraloría lo investigue porque en realidad nosotros aplicamos el debido proceso y en todos los casos queremos ser garantistas”, aseguró.
Y continuó: “no sé qué diferencia hay que uno esté sometido a la vigilancia de la Contraloría frente a lo que pueda hacer la comisión de Acusaciones (…) son las mismas normas, es la misma conducta y son las mismas pruebas; uno esperaría que en todas las sedes de juzgamiento e investigación los resultados fueran exactamente los mismos”.
En su cuestionamiento final a la comisión, Morelli fue más dura en advertir que “en el fondo parece que pudiera existir un metro distinto y eso sería muy nocivo para el país”.
“No entiendo a qué conclusión distinta o qué diferencia hay entre la investigación del señor representante Germán Blanco (presidente de la comisión de Acusaciones) y la investigación del delegado de la Contraloría”, sostuvo.
Finalmente, la contralora les alertó a los mismos representantes investigadores que pueden estar inmersos en un posible conflicto de intereses.
“Llama la atención si algunos miembros que están liderando este proceso en la comisión de Acusaciones tienen algún conflicto de interés pues pudieron haber intervenido en la elección de los investigados; podrían ser sometidos a un proceso de pérdida de investidura”, recordó Morelli.
El choque entre Cámara y Contraloría
En los próximos días un grupo de siete conjueces deberán definir la competencia ente la Contraloría General y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para poder investigar a los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por las denuncias hechas del denominado 'carrusel de las pensiones'.
Puesto que el conflicto entre estas dos jurisdicciones debía ser resuelto por la citada Sala, los magistrados debieron declararse impedidos debido a que son ellos mismos quienes son objeto de la indagación, circunstancia que forzó la designación de nuevos jueces que evitaran la evidente colisión de competencias entre los dos poderes.
Por sorteo fueron escogidos como conjueces los juristas Jorge Humberto Valero Rodríguez, Edilberto Carrero López, Pedro Nel Escorcia Castillo, Isnardo Gómez Urquijo, Carlos Mario Isaza Serrano, Jesús Antonio Guarnizo Palacio y Santos Alirio Rodríguez Sierra, siendo sorteado como conjuez ponente Pedro Nel Escorcia Castillo.
Inicialmente los conjueces tendrán que resolver los impedimentos que fueron presentados por los siete magistrados que conforman la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en caso de ser aceptados dichos impedimentos, procederán a resolver el conflicto de jurisdicción.
La Contraloría General anunció que abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra nueve magistrados dentro de la investigación que adelanta por el carrusel de las pensiones en la rama Judicial.
La información fue revelada por Caracol radio. Según las versiones radiales, los magistrados a quienes la Contraloría General les abrió proceso de responsabilidad fiscal son: Temístocles Ortega, actual gobernador del Cauca, Henry Villarraga, José Antonio Castilla, María Emma Garzón, José Ovidio Claros, María Mercedes López, Carlos Arturo Ramírez, María Patricia Zea y Álvaro Rojas Marroquín.
La contralora General de la República, Sandra Morelli, volvió a reclamar que tiene total competencia para investigar a los magistrados del presunto carrusel de pensiones del Consejo Superior de la Judicatura; proceso que actualmente es reclamado por la comisión de Acusaciones de la Cámara.
La jefa del ente de investigación fiscal dijo que “para mí es clara la competencia de la Contraloría en la investigación pero nos sometemos a lo que diga la autoridad competente (actualmente, Consejo de Estado)”.
Morelli manifestó que es “extraño” que muchas autoridades simultáneamente estén argumentando que son quienes deciden el conflicto y a la vez muchas autoridades estén argumentando que tienen la competencia de investigar a los magistrados.
“Me llama poderosamente la atención que nadie quiera que la Contraloría lo investigue porque en realidad nosotros aplicamos el debido proceso y en todos los casos queremos ser garantistas”, aseguró.
Y continuó: “no sé qué diferencia hay que uno esté sometido a la vigilancia de la Contraloría frente a lo que pueda hacer la comisión de Acusaciones (…) son las mismas normas, es la misma conducta y son las mismas pruebas; uno esperaría que en todas las sedes de juzgamiento e investigación los resultados fueran exactamente los mismos”.
En su cuestionamiento final a la comisión, Morelli fue más dura en advertir que “en el fondo parece que pudiera existir un metro distinto y eso sería muy nocivo para el país”.
“No entiendo a qué conclusión distinta o qué diferencia hay entre la investigación del señor representante Germán Blanco (presidente de la comisión de Acusaciones) y la investigación del delegado de la Contraloría”, sostuvo.
Finalmente, la contralora les alertó a los mismos representantes investigadores que pueden estar inmersos en un posible conflicto de intereses.
“Llama la atención si algunos miembros que están liderando este proceso en la comisión de Acusaciones tienen algún conflicto de interés pues pudieron haber intervenido en la elección de los investigados; podrían ser sometidos a un proceso de pérdida de investidura”, recordó Morelli.
El choque entre Cámara y Contraloría
En los próximos días un grupo de siete conjueces deberán definir la competencia ente la Contraloría General y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para poder investigar a los magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura por las denuncias hechas del denominado 'carrusel de las pensiones'.
Puesto que el conflicto entre estas dos jurisdicciones debía ser resuelto por la citada Sala, los magistrados debieron declararse impedidos debido a que son ellos mismos quienes son objeto de la indagación, circunstancia que forzó la designación de nuevos jueces que evitaran la evidente colisión de competencias entre los dos poderes.
Por sorteo fueron escogidos como conjueces los juristas Jorge Humberto Valero Rodríguez, Edilberto Carrero López, Pedro Nel Escorcia Castillo, Isnardo Gómez Urquijo, Carlos Mario Isaza Serrano, Jesús Antonio Guarnizo Palacio y Santos Alirio Rodríguez Sierra, siendo sorteado como conjuez ponente Pedro Nel Escorcia Castillo.
Inicialmente los conjueces tendrán que resolver los impedimentos que fueron presentados por los siete magistrados que conforman la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y en caso de ser aceptados dichos impedimentos, procederán a resolver el conflicto de jurisdicción.