Acabó liquidación de la DNE

El pasado 30 de septiembre, tres años después de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara la supresión de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la entidad por fin terminó su proceso de liquidación. Luego de tres prórrogas, la agente liquidadora, María Mercedes Perry, entregó el acta que da por terminado un proceso que comenzó por los numerosos escándalos de corrupción que envolvían a congresistas y funcionarios con el manejo fraudulento de bienes incautados a las mafias.

De hecho, en materia de responsabilidades judiciales es poco lo que se ha movido, al menos en lo que tiene que ver con dirigentes políticos, léase congresistas. Se estima que el detrimento asciende a más de US$10 millones. Hasta junio pasado eran 41 las personas procesadas por el escándalo, entre ellas directores, subdirectores y asesores de la DNE, además de algunos particulares. Están, por ejemplo, Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, exdirectores; Camilo Bula, exagente liquidador; o exfuncionarios como Jairo Coral, Manuel Ospino y Javier Mantilla.

En cuanto a políticos, en febrero pasado la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al representante a la Cámara Hernán Puentes Díaz, por su presunta participación en la entrega irregular de bienes administrados por la Dirección. Fue el primer proceso penal por estas irregularidades en ese alto tribunal. Y desde noviembre de 2011 la Procuraduría les sigue investigación disciplinaria a varios congresistas y excongresistas, entre ellos Miguel Pinedo, Hernán Andrade, Javier Cáceres, Luis Humberto Gómez Gallo, Lucero Cortés, Álvaro Ashton, Myriam Alicia Paredes, Eduardo Enríquez Maya, Óscar Fernando Bravo Realpe y Ómar Yepes.

Lo cierto es que aunque el Ministerio de Justicia todavía revisa minucias del proceso de supresión de la entidad, en Casa de Nariño ya dan por descontado que la DNE está muerta. Los procesos judiciales, las obligaciones laborales y otras funciones de carácter administrativo quedaron —a partir del pasado 30 de septiembre— bajo la sombrilla del Minjusticia. Así, los bienes incautados al narcotráfico y en poder de la DNE, que según cálculos del Ejecutivo hechos a partir del acta de liquidación ascienden a 70.000 propiedades, pasaron a ser manejados por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE).

La SAE es una filial de CISA —Central de Inversiones S.A.—, una sociedad comercial de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sujeta al régimen de derecho privado, que será fundamental en la administración de los bienes que estaban en poder de la DNE. Específicamente, todos estos, que estaban en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), pasaron, por disposición de la ley de Extinción de Dominio, al dominio de la SAE.

“Que la SAE maneje los bienes del Frisco tiene dos propósitos fundamentales. Uno, que no haya injerencia de políticos, funcionarios judiciales u otros grupos de presión en el manejo de los bienes. Y segundo, que cada entidad haga lo que sabe hacer. Es decir, la SAE y la CISA tienen la experticia y la misión de administrar bienes, lo que nos garantiza que el criterio que se va a aplicar es puramente técnico y en beneficio de los intereses del Estado”, le dijo a El Espectador una fuente del alto gobierno.

Tan es así que, según pudo establecer este diario, CISA, por exigencia del propio Gobierno, contrató una empresa de headhunters (cazatalentos) que está haciendo una serie de evaluaciones tanto profesionales como de seguridad para que la nueva junta directiva de la SAE, que administrará los bienes del Frisco, no sea permeable a las presiones políticas y cumpla con todas las características profesionales necesarias para la administración de estas propiedades. De acuerdo con el Ejecutivo, que el proceso de selección se pueda efectuar así se debe en buena medida a que la SAE no es una entidad pública.

El revolcón que implica su entrada en funcionamiento como administradora del Frisco viene acompañado de un decreto que será expedido a más tardar, en el mes de noviembre. Se trata del decreto por el cual “se dictan normas para la administración y enajenación de los bienes del Frisco”, que viene siendo trabajado por todos los ministerios y dependencias del Estado involucradas en el Consejo Nacional de Estupefacientes y al que solo le hace falta el ‘visto bueno’ del ministro de Justicia, Yesid Reyes.

El Gobierno tiene claro que el decreto no puede contradecir la ley y, por lo tanto, los bienes del Frisco seguirán siendo puestos, prioritariamente, a disposición de la Unidad de Restitución de Tierras y de la Unidad de Víctimas. El documento sólo hará énfasis en los procedimientos administrativos que deberá cumplir la SAE para manejar y vender los bienes “que no tienen una destinación para víctimas y restitución. El producto de esas ventas irá a inversión social y temas de políticas antidrogas. Otros recursos irán a la Fiscalía y a la administración de justicia, como establece la ley”, confirmaron fuentes de Palacio.

Así las cosas, la idea del Ejecutivo con el decreto que está por venir y el empoderamiento de la SAE es que el manejo de los bienes incautados a las mafias sea puramente técnico y que sirva con mayor eficiencia a grandes políticas como las de restitución. Mientras tanto, será tarea del Ministerio de Justicia resolver todos los problemas legales, incluidos los procesos penales, que dejó a su paso la Dirección Nacional de Estupefacientes, una entidad que fue creada con el fin de combatir las mafias y que terminó envuelta en redes de corrupción tan nocivas como las que dijo combatir, y las que, a fin de cuentas, aceleraron su desaparición.

csegura@elespectador.com

@CamiloSeguraA

El pasado 30 de septiembre, tres años después de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara la supresión de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), la entidad por fin terminó su proceso de liquidación. Luego de tres prórrogas, la agente liquidadora, María Mercedes Perry, entregó el acta que da por terminado un proceso que comenzó por los numerosos escándalos de corrupción que envolvían a congresistas y funcionarios con el manejo fraudulento de bienes incautados a las mafias.

De hecho, en materia de responsabilidades judiciales es poco lo que se ha movido, al menos en lo que tiene que ver con dirigentes políticos, léase congresistas. Se estima que el detrimento asciende a más de US$10 millones. Hasta junio pasado eran 41 las personas procesadas por el escándalo, entre ellas directores, subdirectores y asesores de la DNE, además de algunos particulares. Están, por ejemplo, Carlos Albornoz y Ómar Figueroa, exdirectores; Camilo Bula, exagente liquidador; o exfuncionarios como Jairo Coral, Manuel Ospino y Javier Mantilla.

En cuanto a políticos, en febrero pasado la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria al representante a la Cámara Hernán Puentes Díaz, por su presunta participación en la entrega irregular de bienes administrados por la Dirección. Fue el primer proceso penal por estas irregularidades en ese alto tribunal. Y desde noviembre de 2011 la Procuraduría les sigue investigación disciplinaria a varios congresistas y excongresistas, entre ellos Miguel Pinedo, Hernán Andrade, Javier Cáceres, Luis Humberto Gómez Gallo, Lucero Cortés, Álvaro Ashton, Myriam Alicia Paredes, Eduardo Enríquez Maya, Óscar Fernando Bravo Realpe y Ómar Yepes.

Lo cierto es que aunque el Ministerio de Justicia todavía revisa minucias del proceso de supresión de la entidad, en Casa de Nariño ya dan por descontado que la DNE está muerta. Los procesos judiciales, las obligaciones laborales y otras funciones de carácter administrativo quedaron —a partir del pasado 30 de septiembre— bajo la sombrilla del Minjusticia. Así, los bienes incautados al narcotráfico y en poder de la DNE, que según cálculos del Ejecutivo hechos a partir del acta de liquidación ascienden a 70.000 propiedades, pasaron a ser manejados por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE).

La SAE es una filial de CISA —Central de Inversiones S.A.—, una sociedad comercial de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sujeta al régimen de derecho privado, que será fundamental en la administración de los bienes que estaban en poder de la DNE. Específicamente, todos estos, que estaban en el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y lucha contra el Crimen Organizado (Frisco), pasaron, por disposición de la ley de Extinción de Dominio, al dominio de la SAE.

“Que la SAE maneje los bienes del Frisco tiene dos propósitos fundamentales. Uno, que no haya injerencia de políticos, funcionarios judiciales u otros grupos de presión en el manejo de los bienes. Y segundo, que cada entidad haga lo que sabe hacer. Es decir, la SAE y la CISA tienen la experticia y la misión de administrar bienes, lo que nos garantiza que el criterio que se va a aplicar es puramente técnico y en beneficio de los intereses del Estado”, le dijo a El Espectador una fuente del alto gobierno.

Tan es así que, según pudo establecer este diario, CISA, por exigencia del propio Gobierno, contrató una empresa de headhunters (cazatalentos) que está haciendo una serie de evaluaciones tanto profesionales como de seguridad para que la nueva junta directiva de la SAE, que administrará los bienes del Frisco, no sea permeable a las presiones políticas y cumpla con todas las características profesionales necesarias para la administración de estas propiedades. De acuerdo con el Ejecutivo, que el proceso de selección se pueda efectuar así se debe en buena medida a que la SAE no es una entidad pública.

El revolcón que implica su entrada en funcionamiento como administradora del Frisco viene acompañado de un decreto que será expedido a más tardar, en el mes de noviembre. Se trata del decreto por el cual “se dictan normas para la administración y enajenación de los bienes del Frisco”, que viene siendo trabajado por todos los ministerios y dependencias del Estado involucradas en el Consejo Nacional de Estupefacientes y al que solo le hace falta el ‘visto bueno’ del ministro de Justicia, Yesid Reyes.

El Gobierno tiene claro que el decreto no puede contradecir la ley y, por lo tanto, los bienes del Frisco seguirán siendo puestos, prioritariamente, a disposición de la Unidad de Restitución de Tierras y de la Unidad de Víctimas. El documento sólo hará énfasis en los procedimientos administrativos que deberá cumplir la SAE para manejar y vender los bienes “que no tienen una destinación para víctimas y restitución. El producto de esas ventas irá a inversión social y temas de políticas antidrogas. Otros recursos irán a la Fiscalía y a la administración de justicia, como establece la ley”, confirmaron fuentes de Palacio.

Así las cosas, la idea del Ejecutivo con el decreto que está por venir y el empoderamiento de la SAE es que el manejo de los bienes incautados a las mafias sea puramente técnico y que sirva con mayor eficiencia a grandes políticas como las de restitución. Mientras tanto, será tarea del Ministerio de Justicia resolver todos los problemas legales, incluidos los procesos penales, que dejó a su paso la Dirección Nacional de Estupefacientes, una entidad que fue creada con el fin de combatir las mafias y que terminó envuelta en redes de corrupción tan nocivas como las que dijo combatir, y las que, a fin de cuentas, aceleraron su desaparición.

csegura@elespectador.com

@CamiloSeguraA