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Desde enero, el Gobierno rompió los diálogos con el Eln tras el ataque a la Escuela de Cadetes General Santander, donde murieron 23 personas. Desde entonces le ha insistido a Cuba entregar a los miembros negociadores de esa guerrilla, dos de ellos con circular roja en la Interpol, a la justicia colombiana.
Ante la negativa de Cuba, que defiende el cumplimiento de los protocolos, el Gobierno ha amenazado con romper las relaciones, así como se abstuvo en la votación para levantar el bloqueo económico de Estados Unidos a Cuba en Naciones Unidas a principios de este mes. Un acto hostil en voz de varios expertos.
Bajo este marco, académicos, juristas, defensores de los Derechos Humanos, políticos hasta sacerdotes de varias nacionalidades le escribieron al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, pidiendo intervención de esa organización a los que ellos consideran atropellos de Colombia.
La intervención la piden en el marco de un estudio que escribieron titulado “Concepto referido al cumplimiento de lo pactado para las conversaciones con el Eln”, contenido con el que esperan que Guterres “tome medidas perentorias que salvaguarden a Cuba frente al ataque continuado que desde Bogotá se focaliza”.
En el documento hacen un recuento de la negociación entre el gobierno colombiano y el Eln, como que la oficialización de los diálogos se dio en Venezuela, la mesa se instaló en Ecuador y se trasladó a Cuba. “Se han cumplido ya más de quince meses de la posesión de Iván Duque como presidente de Colombia (7 de agosto de 2018), sin que haya retomado las conversaciones que comenzaron con el Eln en el mandato de Juan Manuel Santos. La comisión negociadora de ese grupo insurgente ha declarado públicamente que aún espera algún emisario o mensaje gubernamental para reanudar la mesa de diálogos”, se lee.
En ese sentido, los firmantes concluyen que “no existe voluntad alguna de continuar dicho proceso” por parte del Gobierno y que para esos escenarios se firmó un pacto en Caracas el pasado 5 de abril de 2016. En este, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, Noruega y Venezuela suscribieron como garantes de ese protocolo.
Aunque el Gobierno no lo convocó en los meses que no se sentó a la mesa, con el rompimiento de los diálogos el 17 de enero, con el argumento de que Eln no tenía voluntad de paz tras protagonizar el ataque a la Escuela de Cadetes, se esperaba la aplicación del protocolo que preveía situaciones como las acontecidas.
“Ante el no cumplimiento de la palabra, queda de manifiesto la anti-juridicidad de la conducta del gobierno colombiano, al desconocer ese acuerdo jurídico internacional firmado por el Estado y al querer obligar a Cuba igualmente a cometer una grave infracción al derecho internacional por la cual se le podría demandar al atacar una premisa jurídica de civilización”, explican en el documento.
Además del actuar de Colombia, los firmantes de la carta lamentan que “la comunidad internacional esté pasivamente como espectadora, cuando debe surtirse de manera pronta una solución coherente que responda ante la escalada verbal y amenazas contra Cuba”.
El Gobierno, haciendo interpretación de una sentencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito por la paz, declaró que los protocolos no son vinculantes y que las políticas públicas de paz son de providencia del gobierno y no del Estado. “Por tanto, solamente obligan a la administración que esté en el poder de ese momento. Todos los protocolos que hayan sido firmados en el gobierno anterior que hacían parte de diálogos no obligan”, dijo Ceballos.
Más contexto: Protocolos de ruptura de la negociación: ¿compromiso de Estado o decisión de Gobierno?
“Es insostenible dinamitar prácticas tan arraigadas y válidas, costumbres y obligaciones jurídicas asumidas ampliamente, refrendadas en el derecho convencional y consuetudinario, como son Parlamentar con garantías de protección y no cometer Perfidia[i], es decir respetar la seguridad pactada para una Delegación que ha salido de su país y se ha expuesto sin armas en un escenario de conversaciones, confiando sólo en la palabra y buena fe de su contraparte; de que fracasando las conversaciones de paz respetaría lo estipulado por escrito para acabarlas formalmente, honrando compromisos y dejando en un futuro abierta la puerta a otras negociaciones”, se lee en el documento.
Este no ha sido el único concepto de expertos de las relaciones internacionales sobre el tema. El exdirector de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza, también alertó de los riesgos de mantener la posición sostenida del Gobierno. “Lo firmado o suscrito por representantes o delegados autorizados por un Estado, es para cumplirlo, como lo establece el precepto base del derecho internacional que apela a la buena fe y a la capacidad de las partes (…) Jurídicamente, el protocolo aludido tiene vigencia, semejante o en paralelo a la ley, por cuya eficacia el Estado debe velar. Ninguna instancia judicial colombiana ha declarado la ilegalidad o inconstitucionalidad de los Protocolos firmados por el Estado colombiano con el Eln”, le escribió al presidente.
También: El concepto jurídico que sugiere que violar protocolos con el Eln es perfidia.