¿Accidentes o ataques guerrilleros?

Que fueron accidentes ocasionados por fallas mecánicas, que las condiciones climáticas eran desfavorables, que en uno de los casos pudo existir descuido de los tripulantes o incluso que ambos siniestros fueron ocasionados por ataques de las Farc. En las últimas dos semanas han abundado las teorías sobre las posibles causas de dos tragedias aéreas que cobraron la vida de 27 miembros de la Fuerza Pública: la del avión Casa 235 accidentado el 31 de julio en Codazzi (Cesar) y la del helicóptero Black Hawk siniestrado el pasado 4 de agosto en Carepa (Antioquia).

Mientras las investigaciones judiciales y especializadas que deben establecer las causas puntuales de los accidentes avanzan, el país político vive un verdadero enfrentamiento entre las supuestas inconsistencias de las versiones oficiales sobre los hechos ocurridos en Antioquia y Cesar, y la falta de información sobre lo sucedido. Una discusión que comenzó a cobrar fuerza el pasado fin de semana, cuando el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe aseguró en su cuenta de Twitter que los siniestros habían sido consecuencia de acciones terroristas.

“Altos oficiales de las Fuerzas Armadas confirman en privado derribamiento terrorista del helicóptero. Gobierno los silencia”, puntualizó Uribe sobre el accidente del Black Hawk. Tan seguro está de su hipótesis que este martes entregó a la plenaria del Senado un documento con declaraciones de pilotos, expertos y pobladores de las zonas. Respecto al helicóptero accidentado en Antioquia, Uribe citó el testimonio de un indígena de Chigorodó que supuestamente presenció la caída de la aeronave y aseguró que minutos antes del fatal suceso se habían registrado varios combates en la zona.

Las dudas quedaron sembradas y el tema ha levantado tanta polvareda que incluso fue llevado a debate el miércoles a la Comisión Segunda del Senado por los congresistas Iván Cepeda, del Polo Democrático, y Mauricio Lizcano, del Partido de la U, para solicitar al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y a los comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea explicaciones claras sobre lo sucedido en ambas tragedias aeronáuticas.

Para Mauricio Lizcano, las hipótesis del uribismo no sólo son irresponsables sino carentes de fundamento técnico. El senador de la U expuso los resultados de una investigación que realizó por su cuenta y que señala que no es posible que las aeronaves hayan sido derribadas por misiles, tatucos o disparos de fusil. “Aquí no le estamos haciendo el mandado a nadie. Que el helicóptero haya sido derribado es improbable”, dijo Lizcano al señalar que, sin importar las causas de los siniestros, vale la pena preguntarse qué está sucediendo en la Fuerza Aérea, pues no es normal que se registren tantos accidentes.

Según las cifras reveladas por Lizcano, en los últimos seis años se han registrado 26 accidentes aéreos en las Fuerzas Militares, con saldo de 56 víctimas mortales. Un fenómeno que se podría explicar en parte, según el senador Iván Cepeda, porque la mayor parte de la flota con que opera la Fuerza Pública está compuesta por aeronaves usadas que son modificadas para adecuarlas a las necesidades.

“Un proceso de modificación dura años y requiere de miles de horas de ensayo para que se pueda llegar a estándares de confiabilidad, pero acá se hacen ese tipo de cambios sin control y evaluación externa”, denunció Iván Cepeda, al tiempo que advirtió que existen quejas y alarmas de “carácter reservado de los uniformados sobre estas aeronaves”, y por tal razón se deben adelantar investigaciones sobre esos temas específicos.

Sin embargo, más allá de los cuestionamientos técnicos sobre lo que sucedió con las aeronaves, el debate en el Senado transcurrió en un ambiente de polarización entre quienes defienden la teoría de los accidentes y los que creen que las versiones oficiales son insuficientes y corresponden a una estrategia del Gobierno para disfrazar los que en realidad fueron ataques terroristas.

El senador del Centro Democrático Alfredo Rangel aseguró que el Gobierno descartó —sin pruebas— la posibilidad de que las aeronaves hubiesen sido derribadas por la guerrilla porque quiere mandar a los colombianos el mensaje de que las Farc son “buenos muchachos” que están cumpliendo con la tregua. “El fin era evitar que este eventual asesinato de policías ocasionara la reacción que provocó el asesinato de los 11 soldados en el Cauca hace un par de meses, que derivó en la más grave crisis de credibilidad que ha tenido el proceso de paz. El Gobierno quiere preservar a cualquier costo las conversaciones, incluso sacrificando la verdad”, concluyó Rangel.

Una acusación a la que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, respondió insistiendo en que siempre ha dado a conocer a la opinión pública los avances de las investigaciones y que las teorías sobre el supuesto ataque de la guerrilla no tienen fundamento. “Hoy tenemos la situación ilógica de que la especulación se trata como certeza y las hipótesis de las investigaciones disponibles para el Gobierno son una gran mentira. Es un escenario inaceptable”, increpó Villegas.

Que fueron accidentes ocasionados por fallas mecánicas, que las condiciones climáticas eran desfavorables, que en uno de los casos pudo existir descuido de los tripulantes o incluso que ambos siniestros fueron ocasionados por ataques de las Farc. En las últimas dos semanas han abundado las teorías sobre las posibles causas de dos tragedias aéreas que cobraron la vida de 27 miembros de la Fuerza Pública: la del avión Casa 235 accidentado el 31 de julio en Codazzi (Cesar) y la del helicóptero Black Hawk siniestrado el pasado 4 de agosto en Carepa (Antioquia).

Mientras las investigaciones judiciales y especializadas que deben establecer las causas puntuales de los accidentes avanzan, el país político vive un verdadero enfrentamiento entre las supuestas inconsistencias de las versiones oficiales sobre los hechos ocurridos en Antioquia y Cesar, y la falta de información sobre lo sucedido. Una discusión que comenzó a cobrar fuerza el pasado fin de semana, cuando el senador del Centro Democrático Álvaro Uribe aseguró en su cuenta de Twitter que los siniestros habían sido consecuencia de acciones terroristas.

“Altos oficiales de las Fuerzas Armadas confirman en privado derribamiento terrorista del helicóptero. Gobierno los silencia”, puntualizó Uribe sobre el accidente del Black Hawk. Tan seguro está de su hipótesis que este martes entregó a la plenaria del Senado un documento con declaraciones de pilotos, expertos y pobladores de las zonas. Respecto al helicóptero accidentado en Antioquia, Uribe citó el testimonio de un indígena de Chigorodó que supuestamente presenció la caída de la aeronave y aseguró que minutos antes del fatal suceso se habían registrado varios combates en la zona.

Las dudas quedaron sembradas y el tema ha levantado tanta polvareda que incluso fue llevado a debate el miércoles a la Comisión Segunda del Senado por los congresistas Iván Cepeda, del Polo Democrático, y Mauricio Lizcano, del Partido de la U, para solicitar al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, y a los comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea explicaciones claras sobre lo sucedido en ambas tragedias aeronáuticas.

Para Mauricio Lizcano, las hipótesis del uribismo no sólo son irresponsables sino carentes de fundamento técnico. El senador de la U expuso los resultados de una investigación que realizó por su cuenta y que señala que no es posible que las aeronaves hayan sido derribadas por misiles, tatucos o disparos de fusil. “Aquí no le estamos haciendo el mandado a nadie. Que el helicóptero haya sido derribado es improbable”, dijo Lizcano al señalar que, sin importar las causas de los siniestros, vale la pena preguntarse qué está sucediendo en la Fuerza Aérea, pues no es normal que se registren tantos accidentes.

Según las cifras reveladas por Lizcano, en los últimos seis años se han registrado 26 accidentes aéreos en las Fuerzas Militares, con saldo de 56 víctimas mortales. Un fenómeno que se podría explicar en parte, según el senador Iván Cepeda, porque la mayor parte de la flota con que opera la Fuerza Pública está compuesta por aeronaves usadas que son modificadas para adecuarlas a las necesidades.

“Un proceso de modificación dura años y requiere de miles de horas de ensayo para que se pueda llegar a estándares de confiabilidad, pero acá se hacen ese tipo de cambios sin control y evaluación externa”, denunció Iván Cepeda, al tiempo que advirtió que existen quejas y alarmas de “carácter reservado de los uniformados sobre estas aeronaves”, y por tal razón se deben adelantar investigaciones sobre esos temas específicos.

Sin embargo, más allá de los cuestionamientos técnicos sobre lo que sucedió con las aeronaves, el debate en el Senado transcurrió en un ambiente de polarización entre quienes defienden la teoría de los accidentes y los que creen que las versiones oficiales son insuficientes y corresponden a una estrategia del Gobierno para disfrazar los que en realidad fueron ataques terroristas.

El senador del Centro Democrático Alfredo Rangel aseguró que el Gobierno descartó —sin pruebas— la posibilidad de que las aeronaves hubiesen sido derribadas por la guerrilla porque quiere mandar a los colombianos el mensaje de que las Farc son “buenos muchachos” que están cumpliendo con la tregua. “El fin era evitar que este eventual asesinato de policías ocasionara la reacción que provocó el asesinato de los 11 soldados en el Cauca hace un par de meses, que derivó en la más grave crisis de credibilidad que ha tenido el proceso de paz. El Gobierno quiere preservar a cualquier costo las conversaciones, incluso sacrificando la verdad”, concluyó Rangel.

Una acusación a la que el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, respondió insistiendo en que siempre ha dado a conocer a la opinión pública los avances de las investigaciones y que las teorías sobre el supuesto ataque de la guerrilla no tienen fundamento. “Hoy tenemos la situación ilógica de que la especulación se trata como certeza y las hipótesis de las investigaciones disponibles para el Gobierno son una gran mentira. Es un escenario inaceptable”, increpó Villegas.