Alicia Arango llegó al Ministerio del Interior un mes antes de que el país entrara en cuarentena por el COVID-19. Por eso, le tocó asumir desde la cartera política un escenario sin precedentes, que la ha obligado a hacer su trabajo frente al Congreso de manera remota. Eso trae varias complicaciones, sobre todo en un escenario donde el contacto es fundamental. No es lo mismo mover las iniciativas del Ejecutivo en el Capitolio que a través de canales virtuales. Hoy, en la recta final de la legislatura 2019-2020, Arango habla con El Espectador sobre las urgencias del Gobierno y cómo ha sido gestionar con el virus como visitante permanente.
La Comisión Primera de la Cámara ha dicho que no tiene contacto con usted y que, por la falta de interacción, es poco el interés del Gobierno en el Legislativo, ¿cuál es su opinión al respecto?
Es obligación del ministro del Interior tener una relación permanente y fluida con el Legislativo. Soy absolutamente respetuosa de la institución del Congreso y actúo acorde con esto. A la Comisión he sido citada para ejercicio de control político; de hecho, esta semana estuve en dos oportunidades virtualmente. Falté a una porque estaba citada simultáneamente a otra comisión, con la cual ya había adquirido el compromiso de estar presente. A la fecha, no he tenido un solo roce o dificultad con algún miembro de la Comisión Primera. Debe haber una confusión al respecto y siempre estaré dispuesta a escuchar y apoyar a los honorables congresistas en lo que necesiten.
Mucho se habla de la necesidad de convocar a extras, ¿lo hará el presidente? ¿Cuáles son los proyectos de mayor interés en caso de que haya sesiones extraordinarias?
Debemos revisar cómo va terminando la legislatura y con los presidentes, tanto de Senado como de Cámara, tomaremos una decisión. Las prioridades hoy son el proyecto de cadena perpetua para homicidas y abusadores de niños, niñas y adolescentes; la conciliación de los pliegos tipo, y los primeros debates de la ley anticorrupción Pedro Pascasio, entre otros. Pero hay proyectos de origen legislativo importantes para el Gobierno.
Con su llegada se anunciaron también reformas que usted apalancaría en el Congreso, pero llegó el coronavirus y la realidad del país cambió, ¿eso en qué quedó?
La pandemia nos impuso retos inmediatos y urgentes para salvar vidas. Sabíamos que la marcha del Congreso de la República iba a ser diferente; la virtualidad es un concepto en construcción. Las reformas a la justicia y electoral y la Ley de Consulta Previa, que ya están listas, serán presentadas, seguramente, después del 20 de julio. Pero además estamos preparando, desde diferentes ministerios, proyectos para cubrir todos los frentes que nos deja en lo social y lo económico la pandemia. Con el Congreso, tenemos que dar soluciones estructurales a los problemas que enfrentan los colombianos. Reactivar la economía, luchar contra el desempleo, fortalecer nuestro sistema de salud y fomentar la inversión son temas que debemos atender.
Decía usted que una de las prioridades es la ley Pedro Pascasio Martínez, una de las apuestas anticorrupción del presidente Duque; pero la verdad es que no se ve voluntad en el Congreso...
Buscamos darle los primeros debates y es una de las apuestas del presidente Duque para acabar con la corrupción. Uno de los objetivos de esta iniciativa es encontrar al autor intelectual y al beneficiario final de la corrupción, porque muchas veces solamente encontramos a los que están en la mitad y se nos quedan por fuera los que deberían ser los primeros sancionados. Este es un país que debe seguir trabajando en la lucha contra la corrupción, aunque suene repetitivo. Además, contribuye a fomentar en los ciudadanos y funcionarios públicos la denuncia.
¿Cómo se ha compaginado con Federico Hoyos, nuevo consejero para asuntos políticos, en temas del Congreso?
Muy bien. Este trabajo es de equipo, de articulación. Tenemos objetivos comunes y trabajamos para alcanzarlos. Federico, además de ser un gran ser humano, es estudioso, serio y muy comprometido.
¿Cómo evalúa hasta el momento la implementación de las sesiones remotas en el Congreso?
El Senado y la Cámara transformaron su manera de trabajar, como la mayoría de los colombianos, en esta pandemia. La tecnología se ha convertido en una herramienta muy útil. Desde luego, el ideal es el Congreso presencial. El Gobierno, siempre lo hemos dicho, apoya cualquier decisión del Legislativo al respecto. Es importante aclarar que el ritmo de trabajo del Congreso con virtualidad es impresionante. Dos y tres citaciones por día, además de las plenarias de la Cámara y el Senado.
Hay congresistas que manifiestan que un Congreso remoto (virtual) es muy débil frente al Gobierno y que se han dificultado las labores de control político, ¿qué opina de esa postura?
Es un Congreso distinto. No es lo mismo debatir frente a frente que de manera virtual. El Congreso tiene unos tiempos, unas dinámicas, un ambiente y unas costumbres que se cambian con lo virtual. Colombia y el mundo entero se enfrentan a una pandemia que cambió muchas cosas, entre otras, la forma de trabajar. El teletrabajo y la virtualidad son herramientas que permiten cumplir con las obligaciones sin exponerse al contagio. Como Gobierno, siempre aceptaremos la manera que escoja el Congreso para sesionar. Importante contarles que el ritmo de trabajo del Congreso, a través de la virtualidad, ha aumentado de forma considerable.
En cuanto a la protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos... El Gobierno ha anunciado medidas para la protección, pero el asesinato de líderes se ha incrementado, de acuerdo con cifras de varias organizaciones. ¿Cómo se atenderá esa situación?
Seguimos firmes luchando por la protección de líderes sociales, prioridad del gobierno del presidente Iván Duque. Todas las muertes de los líderes sociales nos duelen. Sobre las cifras, el más reciente reporte de la Fiscalía General de la Nación, asegura que del 1° de enero al 30 de mayo han sido verificados 29 homicidios de líderes sociales y otros 33 casos se encuentran en proceso de verificación. Toda amenaza es atendida inmediatamente. Solo el 7 % de los protegidos han sufrido amenazas o han sido víctimas de homicidios. Es la Fiscalía General de la Nación la encargada de la categorización y el esclarecimiento de los hechos de violencia contra los líderes. Con el Plan de Acción Oportuna (PAO), la estrategia “Se Busca” del Ministerio de la Defensa Nacional y la respuesta rápida a las Alertas Tempranas, se han puesto en marcha acciones de prevención, investigación para establecer quiénes son los autores materiales e intelectuales y la aplicación de sanciones ejemplares, para brindar protección a quienes hacen realidad el liderazgo social en el país.
¿Ha habido alguna modificación en los planes de protección teniendo en cuenta la cuarentena? Por ejemplo, Francia Márquez denunció que su esquema se redujo y su vida estaba en peligro.
El 68 % de las medidas de protección, a cargo de la Unidad Nacional de Protección, están destinadas a líderes sociales, defensores de derechos humanos y periodistas. De las 7.212 personas con medidas de protección, 4.895 son líderes sociales. Estamos, también, avanzando en estructuras de protección colectiva. Hemos mantenido la protección a Francia Márquez, su trabajo lo valoramos y tenemos la responsabilidad de brindarle seguridad. Francia Márquez es un ícono en la lucha por los derechos de los afros en Colombia. Somos conscientes de la problemática y también tenemos claro que el tema del narcotráfico en las regiones más afectadas por la violencia atenta contra nuestros líderes. Así como el enfrentamiento entre disidencias Farc, Eln y delincuencia organizada. Son varios los líderes asesinados por proteger la sustitución de cultivos. El presidente Duque ha dispuesto, paralelamente al tema de seguridad, un plan social integral que apoye y permita otras alternativas de vida a los habitantes de la zona. La presencia del Gobierno debe ser integral.
