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En 1997 se publicó un trabajo de referencia en la investigación para la paz y la resolución de conflictos por parte del profesor Stephen Stedman con el título Spoiler Problem in Peace Processes. En él, se teorizaba la concurrencia de saboteadores a la implementación de un proceso de paz. Una concurrencia que, en la práctica, ha estado presente en Colombia en sus reiterados esfuerzos por la consecución de la paz desde los Acuerdos de La Uribe y Corinto, de 1984, impulsados por el entonces presidente Belisario Betancur.
Los saboteadores suelen ser terceros, grupos armados, estructuras paramilitares, medios de comunicación y partidos de oposición o, llegado el caso, hasta la misma Fuerza Pública. Sin embargo, un hecho sin precedente en la experiencia comparada, como sucede en Colombia, reposa en que haya sido su gobierno democrático el principal obstáculo a la correcta implementación. Claro está, no era necesario un llamado expreso para “hacer trizas el Acuerdo”. Bastaba con hacerlo languidecer, demorar sus procesos o promover continuos reparos a lo suscrito con la guerrilla de las Farc-Ep.
Podría decirse que lo que ha hecho el gobierno de Iván Duque ha sido un “saboteo de baja intensidad”, dadas las limitaciones de las que siempre fue muy consciente el presidente. Primero, por los resortes institucionales del Estado democrático colombiano, en donde la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han hecho las veces de principales garantes del Acuerdo. Después, porque tanto el Acuerdo de Paz como la entrada de Colombia en la OCDE han contribuido a mejorar sustancialmente la “marca país”.
De este modo, devenía impopular rechazar frontalmente lo firmado en 2016 con las Farc-Ep, en tanto que el seguimiento, el compromiso y el respaldo de la comunidad internacional fueron innegables. La opción para tratar de sortear estos aspectos ha reposado en la máxima “paz con legalidad”. Esto es, entender que el Acuerdo es una política atribuible al gobierno de Santos -por lo que no es una política de Estado- de modo que es posible cuestionar parte de su andamiaje. Así, la implementación se somete a una geometría variable, selectiva, en donde el Ejecutivo decide qué debe ser cumplido y qué no.
Es cierto que el contenido del Acuerdo de Paz debe involucrar, al menos, cuatro o cinco períodos presidenciales. También que, según el último reporte del Instituto Kroc, publicado en diciembre de 2021, se ha cumplido con un 30 % de lo dispuesto. Empero, si miramos el detalle observaremos que mientras que en 2017 y 2018, no sin dificultades, se desplegó todo un proceso de adaptación normativa para el despliegue de las políticas públicas que exigía el Acuerdo, el avance pleno en el mismo, entre 2019 y 2021, apenas ha sido de un 2 % anual. Claro, la pandemia ha sido un limitante, pero hay acciones del actual Gobierno que son una firme declaración de intenciones en contra del Acuerdo.
Como muestra de lo anterior está su omisión en el Plan Nacional de Desarrollo, con la correspondiente falta de autonomía presupuestaria, los reparos a las 16 curules que debían visibilizar políticamente a los territorios más golpeados por la violencia, la oposición del presidente a la puesta en marcha de la JEP, la desfinanciación del punto relativo a víctimas, en un 30 %, en julio de 2019, o la omisión a los procesos de transformación negociada en los escenarios de impronta cocalera. Es decir, durante estos años ha habido lo que podría definirse como una implementación selectiva, cuyo mayor avance, y con limitaciones, concierne al despliegue de recursos económicos para la población excombatiente y el apoyo a un proceso más individual que colectivo.
Hacer referencia al discurso político, stricto sensu, no solo implica mencionar el relato desde el cual un actor político construye una realidad y la dota de significado. También supone entender las prácticas, acciones y omisiones que acompañan al relato y que no siempre terminan siendo coincidentes. Así, esta divergencia de la palabra frente al hecho la podemos encontrar cuando analizamos la posición de Iván Duque respecto del Acuerdo de Paz en sus comparecencias en el exterior.
Entre agosto de 2018 y diciembre de 2020 se produjeron un total de 27 comparecencias del presidente Iván Duque fuera de Colombia. La gran mayoría, casi una veintena, tuvieron lugar en suelo latinoamericano, en donde se aprecia una absoluta omisión del presidente colombiano respecto del Acuerdo de Paz y sus implicaciones. De este modo, solo es posible encontrar menciones expresas cuando el escenario de la intervención es Europa, Estados Unidos o Naciones Unidas, en tanto que hay plena conciencia de la relevancia que tiene dicho Acuerdo para consolidar una imagen favorable del país.
Por ejemplo, en septiembre de 2018, con motivo de la LXXII Asamblea General de las Naciones Unidas, Duque interviene reconociendo su firme compromiso “con la desmovilización, el desarme y la reinserción (…) con base en los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición”. También aprovecha para culpar la herencia recibida de Juan Manuel Santos, al reconocer que se trata de “un proceso frágil, sin destinar recursos suficientes y, hasta ahora, incapaz de avanzar eficazmente en lograr todos los objetivos”. Igualmente, una posición similar, de compromiso, puede encontrarse en su comparecencia de marzo de 2020, con motivo de un encuentro con el secretario general de Naciones Unidas, en el que reconoce la necesidad de trabajar en favor de “los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (…), las políticas de reincorporación de aquellas personas que dejaron la violencia, (…) las políticas que tienen que ver con proyectos productivos (…) y un enfoque multidimensional al problema de las drogas”.
En Europa y en Estados Unidos, igualmente, es posible encontrar un relato que nada tiene que ver con la realidad de los acontecimientos. Así, en un encuentro con el papa Francisco I, en octubre de 2018, Duque verbalizaba su preocupación con el Acuerdo de Paz y la importancia, al respecto, de combatir la corrupción, la agresión medioambiental y garantizar la plena reincorporación de exguerrilleros. Incluso, llega a reconocer cómo “con el Eln si y solo si ellos están dispuestos a entregar a los secuestrados y que se le ponga fin a cualquier tipo de acción violenta es posible que podamos tener un proceso creíble”. En términos similares, en un viaje a Londres primero, y Ginebra después, en junio de 2019 va más allá y se refiere a uno de los aspectos más criticables de su gobierno, en relación con la violencia sistemática que se dirige contra la vida de excombatientes y líderes sociales. A tal efecto, no duda en afirmar su preocupación por “garantizar la protección de los excombatientes, y encontrar a los culpables (de sus muertes violentas) (…) con justicia ejemplarizante”.
En último término, también cuando Duque comparece en Estados Unidos, se presenta como alguien firmemente comprometido con la implementación del Acuerdo. En un viaje realizado en febrero de 2019 enfatizaba en su compromiso con los proyectos productivos de enfoque territorial y, muy especialmente, en la necesidad de “hacer un cambio de las economías ilegales hacia las economías legales para que en 2023 hayamos reducido la cantidad de cultivos ilícitos en más de un 60 %”. Lo anterior, en aras de “proteger a las comunidades afectadas por la droga, de una manera acorde a la relación con Estados Unidos”.
En conclusión, es posible advertir un doble discurso político de Iván Duque en el exterior. Es un gobierno marcadamente escéptico con el Acuerdo de Paz, toda vez que plenamente consciente de la escasa influencia de este en el marco de sus relaciones regionales, en donde tras una veintena de viajes apenas existen menciones al proceso de paz. Todo lo contrario, allí donde sabe que es un instrumento indisociable de la percepción positiva que se tiene de Colombia, no duda en priorizar las menciones al Acuerdo.
Esto, aun cuando en el plano doméstico se puede inscribir perfectamente en la categoría de saboteador y son notorios los escasos avances que, en materia de reforma rural integral, sustitución de cultivos ilícitos, víctimas o protección a la vida de excombatientes y líderes sociales, se han desarrollado bajo su mandato. Una clara divergencia entre la palabra y el hecho que es urgente visibilizar, problematizar y analizar en perspectiva crítica.
* Doctor y profesor de ciencia política en la Universidad Complutense de Madrid.