Acuerdo humanitario uno a uno

Motivado por las interpretaciones desatadas tras el anuncio del presidente Álvaro Uribe, en el sentido de que los guerrilleros que entreguen secuestrados gozarían de libertad y recompensas, el alto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, amplió la explicación de la fórmula del Gobierno, la cual se extendería incluso a miembros del secretariado de las Farc, aunque advirtió que se mantendrían los procesos judiciales.

En la Casa de Nariño, Restrepo dijo que la figura del “intercambio humanitario” será aplicada a casos individuales concretos, ya que al fin de cuentas mantiene su esencia: que un secuestrado recupera su libertad y un guerrillero que ha cometido delitos graves recupera la suya, pero además, según el Comisionado, se plantea con una “pequeña” diferencia: “El guerrillero que ayuda a la liberación mantiene la libertad, sin que eso implique que se suspendan procesos judiciales en su contra”.

Restrepo explicó que para llevar adelante esa figura, el Gobierno está amparado en el artículo 61 de la Ley de Justicia y Paz, que establece que en aquellos casos en que haya sentencia ejecutoriada, el Presidente puede solicitar el beneficio de la suspensión condicional de la pena: “Nosotros no podemos perdonar delitos atroces, pero les mantenemos la libertad mientras avanzan los procesos judiciales. Si existen otros requerimientos, como órdenes de captura, medidas de aseguramiento —sin que todavía haya condena—, también el guerrillero mantiene la libertad desde el preciso momento en que entrega al secuestrado, pero no se puede garantizar hacía futuro”, sostuvo el Alto Comisionado de Paz.

Pero además, el Gobierno extendió las garantías de libertad y recompensa a los altos jefes guerrilleros que decidan adelantar un acuerdo humanitario entregando secuestrados en su poder. “Si un alto mando toma la decisión, mantendremos nuestra oferta”, enfatizó Restrepo, quien resaltó que a quienes se les conceda la libertad deben también comprometerse a no volver a delinquir y colaborar con la justicia, para que así “no haya olvido”.

La propuesta del Gobierno siguió generando reacciones. El presidente del Colegio de Abogados de la Universidad Nacional, Jaime Horta, consideró que lo evidente es que hay una preocupación por lograr la libertad de los secuestrados, pero la fórmula planteada se tiene que someter a las formalidades legales, ya sea por una negociación con la Fiscalía o por una reforma legislativa: “Quien tiene cuentas pendientes con la justicia no puede saltarse el paso de la Fiscalía o de una reforma en el sentido de posibilitar esos acuerdos para despenalizar alguna conducta o facultar al Gobierno para estas acciones”, dijo.

Incluso el ex magistrado de la Corte Constitucional José Gregorio Hernández, en diálogo con El Espectador, advirtió que según la legislación internacional, los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultables y mucho menos quienes los cometen pueden recibir recompensas. “Si Colombia no toma medidas contra esos crímenes de lesa humanidad, la Corte Penal Internacional puede asumir la competencia. Es claro que el Gobierno no se puede comprometer en ofrecer beneficios pasando por encima de decisiones de otras autoridades”, explicó el jurista.

Ante este tipo de cuestionamientos, el comisionado Restrepo solicitó que, así como han pedido un acuerdo humanitario, lo ayuden con sus luces para concretar los acuerdos puntuales. Según indicó, su labor será buscar las normas jurídicas que permitan conceder la libertad a los guerrilleros que se entreguen y liberen secuestrados. “Ya existen unas reglas, pero se están analizando otras complementarias, para no extinguir la acción penal en delitos graves. La idea es que por razones humanitarias se añada el instrumento jurídico con el fin de cumplir lo que públicamente el presidente Álvaro Uribe ha dicho”, manifestó.

Lo que queda claro, al menos por el momento, es que el Gobierno descarta un trámite legislativo para encontrar ese soporte que le hace falta y que preferirá explorar otro tipo de salidas, como las facultades extraordinarias que tiene el Presidente para hacerlas lo más compatibles posible a los mandatos internacionales.