Acuerdos positivos y ambiciosos

Tras décadas de abandono, los acuerdos de La Habana traen al nivel de prioridad estrategias para resolver los problemas estructurales del campo, como lo es el acceso a la tierra. El documento sobre los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las Farc, en materia de reforma agraria, presentan avances para reducir la brecha de pobreza entre lo rural y lo urbano, estableciendo principios e instrumentos para avanzar hacia el desarrollo rural integral con un enfoque territorial.

La concentración de la tierra en Colombia se incrementó con la guerra y la extracción de recursos naturales. Entre 2000 y 2009 aumentó en 23 de los 32 departamentos del país. El 52,2% de la tierra pertenece al 1,1% de los propietarios. El acceso inequitativo a la tierra afecta la producción, la inversión y el ahorro, limita la movilidad social e impide la superación de la pobreza rural, propiciando la migración hacia centros urbanos.

En este sentido, la creación de un fondo de tierras y de mecanismos para democratizar el acceso a la tierra, como para resolver conflictos sobre su tenencia y uso, son positivos. Si bien es cierto que en los acuerdos aún no se establece la cantidad de hectáreas que formarán parte de este, ni los mecanismos para que sean las personas más pobres las que tengan acceso a él, ni se prioriza la propiedad de la tierra para las mujeres rurales, es un buen inicio y no tiene precedentes en el país.

Para evitar contradicciones entre los acuerdos de La Habana en materia de tierras y las políticas en curso, será importante prestar atención a los detalles sobre la administración y adjudicación de tierras baldías. Los baldíos deben ser administradas por el Estado para facilitar el acceso progresivo a la tierra por parte de pobladores rurales de escasos recursos que carecen de ella.

El Gobierno ha anunciado una nueva ley sobre baldíos, después de haber realizado un primer intento de radicación en el Congreso en noviembre de 2013. Aquella permitía legalizar las irregularidades que ya la Contraloría ha constatado en términos de acumulación de baldíos en la altillanura. Es de esperar que con estos acuerdos, en los que se menciona que los baldíos indebidamente apropiados u ocupados serán parte del Fondo de Tierras, la anunciada ley elimine los vicios del proyecto anterior.

En términos concretos, los acuerdos establecen que para evitar la concentración de los baldíos formalizados, éstos serán inalienables e inembargables por un período de siete años; será importante conocer qué pasará después de ese lapso. Para evitar que por ausencia de producción las tierras entregadas sean expropiadas, es imprescindible que las medidas de inversión señaladas sean implementadas de manera simultánea a la adjudicación de las tierras: asistencia técnica, acceso al agua, al crédito e incluso medidas de adaptación frente al cambio climático.

Los acuerdos establecen también la necesidad de profundizar en la descentralización del Estado. Conociendo los retos en agilidad y transparencia de entidades territoriales, será prioritario asegurar su fortalecimiento, así como mejorar los mecanismos de veeduría por parte de la sociedad civil y los organismos de control.

Será también importante atender las posibles contradicciones entre los acuerdos logrados de La Habana y las políticas macroeconómicas; por ejemplo, asegurando un monitoreo del impacto de los tratados de libre comercio en la economía campesina, y a la vez hacer una apuesta por incrementar la inversión en la producción de alimentos que el mercado interno demanda, en lugar de privilegiar su importación.

Ahora bien, los altos niveles de concentración de la propiedad han sido fuente de innumerables conflictos sociales y, según el IGAC, en 2010, el 42% de las tierras tenían conflictos de uso del suelo. Muchos territorios en disputa coinciden con intereses para la extracción de recursos naturales. Desde el año 2000 se han otorgado títulos mineros para un número de hectáreas superior a las destinadas a la agricultura. ¿Cómo garantizar entonces la coexistencia del modelo extractivista minero-energético, con el bienestar y buen vivir al que aspiran los acuerdos de La Habana?

Asegurar el ordenamiento territorial, la regularización de los resguardos indígenas, los títulos colectivos de comunidades negras y las zonas de reserva campesina podrían ser pasos en esta dirección, así como asegurar que la consulta previa sea vinculante y un derecho extensible a comunidades campesinas.

No es difícil imaginar que diferentes actores continuarán interesados en el territorio de indígenas, afros y campesinos asentados sobre valiosos recursos naturales, lo que de hecho representa amenazas contra los líderes locales; por eso será fundamental asegurar las medidas de protección.

Como se menciona en los acuerdos, la presencia civil del Estado a nivel local será clave, como también lo será el fortalecimiento de la institucionalidad y de la organización social. Desafortunadamente el documento carece de un enfoque diferencial de género que garantice los derechos de las mujeres rurales, la propiedad de la tierra para ellas y su autonomía económica.

Finalmente, el documento menciona que el Estado garantizará la financiación de lo convenido. Este asunto es fundamental para evitar que los acuerdos de paz se conviertan en letra muerta. En un país donde aún el 8,4% de la población rural no dispone de ningún servicio público, se necesitarán recursos nuevos para conseguir el nivel de inversión que repare años de abandono. Se necesitará un reacomodo de los recursos del Estado, redistribuir el gasto social y generar nuevas fuentes de recaudo. El documento no es claro en los recursos requeridos para atender estas iniciativas ni en la institucionalidad necesaria.

En definitiva, se valora la voluntad política de las partes y los mecanismos establecidos para avanzar en la democratización de la tierra, aunque quede mucho por concretar. La comunidad internacional, por su parte, parece estar presta para colaborar.

El apoyo de la ciudadanía y los aportes de las organizaciones, movimientos y comunidades rurales serán fundamentales para contribuir a que los diferentes poderes del Estado avancen tomando las decisiones pertinentes, a que el sector privado sea consciente de las implicaciones de sus inversiones y, sobre todo, a que los acuerdos sean de utilidad para que las comunidades que luchan por tener voz en este asunto de la propiedad de la tierra logren que sus derechos sean respetados. Esperamos que tengan voz en la construcción de un desarrollo rural incluyente y una paz real y sostenible.

@AidaPesquera

* Directora de Oxfam Colombia.

Tras décadas de abandono, los acuerdos de La Habana traen al nivel de prioridad estrategias para resolver los problemas estructurales del campo, como lo es el acceso a la tierra. El documento sobre los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y las Farc, en materia de reforma agraria, presentan avances para reducir la brecha de pobreza entre lo rural y lo urbano, estableciendo principios e instrumentos para avanzar hacia el desarrollo rural integral con un enfoque territorial.

La concentración de la tierra en Colombia se incrementó con la guerra y la extracción de recursos naturales. Entre 2000 y 2009 aumentó en 23 de los 32 departamentos del país. El 52,2% de la tierra pertenece al 1,1% de los propietarios. El acceso inequitativo a la tierra afecta la producción, la inversión y el ahorro, limita la movilidad social e impide la superación de la pobreza rural, propiciando la migración hacia centros urbanos.

En este sentido, la creación de un fondo de tierras y de mecanismos para democratizar el acceso a la tierra, como para resolver conflictos sobre su tenencia y uso, son positivos. Si bien es cierto que en los acuerdos aún no se establece la cantidad de hectáreas que formarán parte de este, ni los mecanismos para que sean las personas más pobres las que tengan acceso a él, ni se prioriza la propiedad de la tierra para las mujeres rurales, es un buen inicio y no tiene precedentes en el país.

Para evitar contradicciones entre los acuerdos de La Habana en materia de tierras y las políticas en curso, será importante prestar atención a los detalles sobre la administración y adjudicación de tierras baldías. Los baldíos deben ser administradas por el Estado para facilitar el acceso progresivo a la tierra por parte de pobladores rurales de escasos recursos que carecen de ella.

El Gobierno ha anunciado una nueva ley sobre baldíos, después de haber realizado un primer intento de radicación en el Congreso en noviembre de 2013. Aquella permitía legalizar las irregularidades que ya la Contraloría ha constatado en términos de acumulación de baldíos en la altillanura. Es de esperar que con estos acuerdos, en los que se menciona que los baldíos indebidamente apropiados u ocupados serán parte del Fondo de Tierras, la anunciada ley elimine los vicios del proyecto anterior.

En términos concretos, los acuerdos establecen que para evitar la concentración de los baldíos formalizados, éstos serán inalienables e inembargables por un período de siete años; será importante conocer qué pasará después de ese lapso. Para evitar que por ausencia de producción las tierras entregadas sean expropiadas, es imprescindible que las medidas de inversión señaladas sean implementadas de manera simultánea a la adjudicación de las tierras: asistencia técnica, acceso al agua, al crédito e incluso medidas de adaptación frente al cambio climático.

Los acuerdos establecen también la necesidad de profundizar en la descentralización del Estado. Conociendo los retos en agilidad y transparencia de entidades territoriales, será prioritario asegurar su fortalecimiento, así como mejorar los mecanismos de veeduría por parte de la sociedad civil y los organismos de control.

Será también importante atender las posibles contradicciones entre los acuerdos logrados de La Habana y las políticas macroeconómicas; por ejemplo, asegurando un monitoreo del impacto de los tratados de libre comercio en la economía campesina, y a la vez hacer una apuesta por incrementar la inversión en la producción de alimentos que el mercado interno demanda, en lugar de privilegiar su importación.

Ahora bien, los altos niveles de concentración de la propiedad han sido fuente de innumerables conflictos sociales y, según el IGAC, en 2010, el 42% de las tierras tenían conflictos de uso del suelo. Muchos territorios en disputa coinciden con intereses para la extracción de recursos naturales. Desde el año 2000 se han otorgado títulos mineros para un número de hectáreas superior a las destinadas a la agricultura. ¿Cómo garantizar entonces la coexistencia del modelo extractivista minero-energético, con el bienestar y buen vivir al que aspiran los acuerdos de La Habana?

Asegurar el ordenamiento territorial, la regularización de los resguardos indígenas, los títulos colectivos de comunidades negras y las zonas de reserva campesina podrían ser pasos en esta dirección, así como asegurar que la consulta previa sea vinculante y un derecho extensible a comunidades campesinas.

No es difícil imaginar que diferentes actores continuarán interesados en el territorio de indígenas, afros y campesinos asentados sobre valiosos recursos naturales, lo que de hecho representa amenazas contra los líderes locales; por eso será fundamental asegurar las medidas de protección.

Como se menciona en los acuerdos, la presencia civil del Estado a nivel local será clave, como también lo será el fortalecimiento de la institucionalidad y de la organización social. Desafortunadamente el documento carece de un enfoque diferencial de género que garantice los derechos de las mujeres rurales, la propiedad de la tierra para ellas y su autonomía económica.

Finalmente, el documento menciona que el Estado garantizará la financiación de lo convenido. Este asunto es fundamental para evitar que los acuerdos de paz se conviertan en letra muerta. En un país donde aún el 8,4% de la población rural no dispone de ningún servicio público, se necesitarán recursos nuevos para conseguir el nivel de inversión que repare años de abandono. Se necesitará un reacomodo de los recursos del Estado, redistribuir el gasto social y generar nuevas fuentes de recaudo. El documento no es claro en los recursos requeridos para atender estas iniciativas ni en la institucionalidad necesaria.

En definitiva, se valora la voluntad política de las partes y los mecanismos establecidos para avanzar en la democratización de la tierra, aunque quede mucho por concretar. La comunidad internacional, por su parte, parece estar presta para colaborar.

El apoyo de la ciudadanía y los aportes de las organizaciones, movimientos y comunidades rurales serán fundamentales para contribuir a que los diferentes poderes del Estado avancen tomando las decisiones pertinentes, a que el sector privado sea consciente de las implicaciones de sus inversiones y, sobre todo, a que los acuerdos sean de utilidad para que las comunidades que luchan por tener voz en este asunto de la propiedad de la tierra logren que sus derechos sean respetados. Esperamos que tengan voz en la construcción de un desarrollo rural incluyente y una paz real y sostenible.

@AidaPesquera

* Directora de Oxfam Colombia.