Adiós a leyes obsoletas

En Colombia se asegura que hay leyes para todo, incluso para lo que no se necesita. Esa es una realidad y en el Ministerio de Justicia han venido haciendo un rastreo de la normatividad inútil, obsoleta y en ocasiones ridícula que resulta necesario retirar del ordenamiento jurídico del país. Leyes que prohíben la importación de ciudadanos chinos para realizar trabajos en Colombia, que sancionan la mendicidad y que incluso definen la propiedad sobre las palomas, son sólo algunas de las iniciativas que se han legislado y que tendrán que ser depuradas.

Para este fin, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, conformó el Comité para la Depuración y Racionalización del Ordenamiento Jurídico Colombiano, el cual busca que la normatividad sea coherente, racional, simplificada y ofrezca seguridad. La idea es, precisamente, eliminar las leyes en desuso o que hayan cumplido con la función específica para la que fueron creadas.

Al respecto, el viceministro para la Promoción de la Justicia, Miguel Samper, afirmó que “se ha reconocido que tenemos una hiperinflación normativa. Se piensa que son las leyes las que van a cambiar las realidades, cuando los estudios demuestran lo contrario. Es la realidad la que tiene que dar origen a los cambios normativos”. Por ese motivo, explicó, “estamos hablando de analizar cerca de 20.000 normas y decretos que ya no tienen ningún sentido”.

Algunos casos de la necesaria depuración normativa podrían calificarse de inexplicables. Por ejemplo, sin desconocer la importancia de Rafael Pombo como escritor de poemas y cuentos infantiles, resulta un despropósito que la Ley 81 de 1886 plantee que el libro Fábulas y verdades sea obligatorio para la educación, dejando claro que su contenido debe ser revisado previamente por la autoridad eclesiástica, que podrá censurar lo que resulte inconveniente.

Como si se tratara de mercancía, la Ley 62 de 1987 prohíbe la importación de chinos para cualesquiera trabajos en el territorio colombiano, sin perjuicio de lo que se haya estipulado con determinadas compañías antes de la expedición.

Una de las premisas de los gobiernos en Colombia ha sido la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, llama la atención que en algún momento se pretendió solucionar estos problemas por medio de leyes como la 01 de 1918, que creó el Fondo de los Pobres y prohibió la mendicidad. Lo que nunca quedó claro en la norma es cómo solucionar estos problemas.

Y como el papel aguanta todo, en la Ley 89 de 1890 se determina la manera como deben ser gobernados los “salvajes” que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Lo que no es claro, y tampoco podría explicarse en la actualidad, es a quiénes se referían los parlamentarios con el término.

Hasta tiempo para legislar sobre la propiedad de las palomas les quedó a los congresistas. El Código Civil, en el artículo 697, señala: “Las palomas que abandonan un palomar y se fijan en otro, se entenderán ocupadas legítimamente por el dueño del segundo, siempre que éste no se haya valido de alguna industria para atraerlas y aquerenciarlas”.

Las abejas no se quedaron por fuera. También en el Código Civil, artículo 696, se plantea que “las abejas que huyen de la colmena y posan en árbol que no sea del dueño de ésta, vuelven a su libertad natural, y cualquiera puede apoderarse de ellas y de los panales fabricados por ellas, con tal que no lo haga sin permiso del dueño en tierras ajenas, cercadas o cultivadas”.

Ejemplos hay a granel, como la posibilidad de que los funcionarios públicos sancionen económicamente a quienes les falten al respeto, un tratado sobre el empleo de telégrafos y otro sobre la herencia de caballos con sus respectivos arneses. Por este motivo, el viceministro Miguel Samper espera que la depuración se realice en poco tiempo con el fin de lograr la coherencia normativa.

En Colombia se asegura que hay leyes para todo, incluso para lo que no se necesita. Esa es una realidad y en el Ministerio de Justicia han venido haciendo un rastreo de la normatividad inútil, obsoleta y en ocasiones ridícula que resulta necesario retirar del ordenamiento jurídico del país. Leyes que prohíben la importación de ciudadanos chinos para realizar trabajos en Colombia, que sancionan la mendicidad y que incluso definen la propiedad sobre las palomas, son sólo algunas de las iniciativas que se han legislado y que tendrán que ser depuradas.

Para este fin, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, conformó el Comité para la Depuración y Racionalización del Ordenamiento Jurídico Colombiano, el cual busca que la normatividad sea coherente, racional, simplificada y ofrezca seguridad. La idea es, precisamente, eliminar las leyes en desuso o que hayan cumplido con la función específica para la que fueron creadas.

Al respecto, el viceministro para la Promoción de la Justicia, Miguel Samper, afirmó que “se ha reconocido que tenemos una hiperinflación normativa. Se piensa que son las leyes las que van a cambiar las realidades, cuando los estudios demuestran lo contrario. Es la realidad la que tiene que dar origen a los cambios normativos”. Por ese motivo, explicó, “estamos hablando de analizar cerca de 20.000 normas y decretos que ya no tienen ningún sentido”.

Algunos casos de la necesaria depuración normativa podrían calificarse de inexplicables. Por ejemplo, sin desconocer la importancia de Rafael Pombo como escritor de poemas y cuentos infantiles, resulta un despropósito que la Ley 81 de 1886 plantee que el libro Fábulas y verdades sea obligatorio para la educación, dejando claro que su contenido debe ser revisado previamente por la autoridad eclesiástica, que podrá censurar lo que resulte inconveniente.

Como si se tratara de mercancía, la Ley 62 de 1987 prohíbe la importación de chinos para cualesquiera trabajos en el territorio colombiano, sin perjuicio de lo que se haya estipulado con determinadas compañías antes de la expedición.

Una de las premisas de los gobiernos en Colombia ha sido la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, llama la atención que en algún momento se pretendió solucionar estos problemas por medio de leyes como la 01 de 1918, que creó el Fondo de los Pobres y prohibió la mendicidad. Lo que nunca quedó claro en la norma es cómo solucionar estos problemas.

Y como el papel aguanta todo, en la Ley 89 de 1890 se determina la manera como deben ser gobernados los “salvajes” que vayan reduciéndose a la vida civilizada. Lo que no es claro, y tampoco podría explicarse en la actualidad, es a quiénes se referían los parlamentarios con el término.

Hasta tiempo para legislar sobre la propiedad de las palomas les quedó a los congresistas. El Código Civil, en el artículo 697, señala: “Las palomas que abandonan un palomar y se fijan en otro, se entenderán ocupadas legítimamente por el dueño del segundo, siempre que éste no se haya valido de alguna industria para atraerlas y aquerenciarlas”.

Las abejas no se quedaron por fuera. También en el Código Civil, artículo 696, se plantea que “las abejas que huyen de la colmena y posan en árbol que no sea del dueño de ésta, vuelven a su libertad natural, y cualquiera puede apoderarse de ellas y de los panales fabricados por ellas, con tal que no lo haga sin permiso del dueño en tierras ajenas, cercadas o cultivadas”.

Ejemplos hay a granel, como la posibilidad de que los funcionarios públicos sancionen económicamente a quienes les falten al respeto, un tratado sobre el empleo de telégrafos y otro sobre la herencia de caballos con sus respectivos arneses. Por este motivo, el viceministro Miguel Samper espera que la depuración se realice en poco tiempo con el fin de lograr la coherencia normativa.