En medio de la discusión de la Ley de Presupuesto para el funcionamiento del Estado colombiano en 2022, este jueves el representante José Daniel López, de Cambio Radical, advirtió que, tal como está planteada, la iniciativa daría “una estocada” al programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito.
Según el congresista, el programa quedaría desfinanciado en $347.000 millones y no se proponen fuentes de financiación para compensar los recursos, debido al cambio de destino del impuesto al carbono que se decidió en la pasada reforma tributaria.
“Antes, el 70% del recaudo del impuesto al carbono iba para la implementación del Acuerdo de Paz. Pero por una proposición de última hora que presentaron algunos congresistas del Centro Democrático en la pasada reforma tributaria, se decidió que el 100 % del recaudo se destinaría al Fondo Nacional Ambiental. Creándose así un déficit de $347.000 millones para ejecutar los proyectos de sustitución en 2022″, reclamó López.
El representante, quien hizo un llamado al Gobierno para apoyar el programa, alertó que se verían afectadas 28.560 familias campesinas que, “pese a la violencia y la pobreza en sus regiones, le apostaron a la legalidad y a un cambio de vida. No tienen por qué pagar los platos rotos de las diferencias políticas de sus gobernantes”.
Incluso, señaló que en 2022 se había proyectado atender al 41 % de familias que hacen falta por proyectos productivos de ciclo largo y asistencia técnica integral, ubicadas en Cauca, Córdoba, Nariño y Norte de Santander, departamentos donde la pobreza supera el 50% de la población. La meta del programa es beneficiar a 80.000 familias campesinas.
“De no contar con los recursos proyectados para el próximo año, la ruta de intervención para el 2022 se extendería hasta el 2024 y las familias se quedarían sin atención justo cuando más lo necesitan por los agravantes de la pandemia. No lo podemos permitir, se trata de las familias más pobres del país”, agregó López.