Aida Merlano y las reformas pendientes

Aida Merlano se fugó el pasado primero de octubre desde un consultorio odontológico en el norte de Bogotá. / Archivo

Desde la ventana de un consultorio odontológico en el norte de Bogotá, el martes pasado la condenada política barranquillera Aida Merlano se deslizó con una soga, se subió a una moto y desapareció para las autoridades. El hecho plantea diversos cuestionamientos al sistema penitenciario y carcelario del país. El Ministerio de Justicia ya ha dejado ver su intención de que haya modificaciones y desde el Gobierno se debe empezar a hablar de buscar reformas a los procedimientos a través de los que se les confieren permisos y salidas a los reos. La cadena de irregularidades que parecen haber sido cometidas en el caso de la excongresista golpea fuertemente la institucionalidad, pero de lo que no puede haber dudas es que la fuga, en términos políticos, remueve la basura debajo del tapete.

Es un hecho que ni siquiera parece coincidencia. Merlano huye en pleno período electoral, ad portas de las elecciones del 27 de octubre, en las que se reconfigurará el esquema del poder regional en Colombia, y los delitos por los que fue condenada a pagar 15 años de prisión están relacionados directamente con una empresa criminal utilizada para la compraventa de votos que garantizaron su llegada a una curul en el Congreso de la República y que, con seguridad, se replica cada vez que hay comicios. Ahora, Merlano desapareció cuando ya había manifestado la intención de colaborar con la justicia y, de acuerdo con su abogado, Bladimir Cuadro, ya había pedido que se hicieran los acercamientos con la Fiscalía y se había fijado una diligencia judicial en la cárcel El Buen Pastor para concertar.

¿Qué iba a contar Merlano y a quiénes iba a involucrar? Eso es lo que no se sabe hasta el momento. No obstante, hay varios elementos que ponen nuevamente sobre la mesa el eterno debate acerca de la financiación de las campañas políticas y por qué el control sobre estas debería ser mucho más riguroso, pues los ríos de plata que circulan en épocas preelectorales son el caldo de cultivo para entramados de corrupción que mueven votantes. Tan solo mirar hacia atrás es darse cuenta de que aún no se sabe qué pasó con Odebrecht y las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga en 2014. Los hallazgos de la Fiscalía en el caso de Merlano señalan que la excongresista se había gastado más de $6.000 millones y el domingo 11 de marzo de 2018, día de la elección, en la sede de la hoy fugada se hallaron $261 millones en efectivo y una bolsa llena de certificados electorales, además de armas.

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“Es urgente que se exija a todos los candidatos el reporte en tiempo real de los ingresos y gastos de campaña, y que el CNE y el Tribunal Seccional de Garantías Electorales, con ayuda de otras autoridades, como la Fiscalía General de la Nación y la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), investiguen la veracidad de los reportes para identificar posibles casos de violación de topes o de financiación de campañas con fuentes prohibidas”, comentó recientemente sobre el asunto la directora de la MOE, Alejandra Barrios, quien hizo parte de la Misión Electoral Especial (MME), que se conformó luego de la firma del Acuerdo de Paz para concertar una propuesta de reforma electoral y que terminó hundiéndose en el Congreso, pero que tenía la intención de que la financiación de campañas fuese estatal.

Andrés Hernández, director de la organización Transparencia por Colombia, lo dice mucho más claro al señalar que la omisión en los reportes por parte de los candidatos es una de las trabas para hacer ejercer el control. “El financiamiento puede ser una puerta de entrada para que intereses opacos e ilegítimos ingresen al poder y ejerzan la acción pública a su favor. Nos preocupa mucho el bajo reporte, con la particularidad de que hay muchos que no han reportado absolutamente nada y otros que estaban reportando algunos gastos o ingresos. Nos preocupa saber cómo se están realizando las campañas y a partir de qué recursos”, expresa.

Es un tema sobre el que los entes de control parecen haber puesto los ojos. El pasado viernes, la Procuraduría General acusó a las campañas de Vicente Blel Scaff y Hernando Padaui Álvarez, ambos candidatos a la Gobernación de Bolívar, de estar incumpliendo la ley electoral. Según el Ministerio Público, luego de una acción preventiva hecha junto con el CNE, ni la una ni la otra tenían libros físicos de ingresos y gastos, ni manuales de procedimiento; no había registro contable de las personas que trabajaban, ni control sobre la publicidad contratada con terceros. “La gran conclusión de la revisión de estas dos campañas es que se está incumpliendo rampantemente la ley en materia de financiamiento y eso nos preocupa”, anotó el procurador Fernando Carrillo.

Esa falta de información genera más ruido aún si se tiene en cuenta que recientemente se revelaron los audios en los que el condenado por parapolítica Vicente Blel Saad, padre del candidato Blel Scaff, comentaba cómo supuestamente funcionaba una red de corrupción y repartija de contratos en Cartagena y Bolívar.

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Y lo más preocupante es que en casos como el de Aida Merlano no se materialice una consecuencia directa para los partidos políticos. El 16 mayo de 2019, el Consejo de Estado anuló la elección de la excongresista conservadora y tres días después, en medio de una fuerte polémica en el Legislativo, el entonces presidente del Senado, Ernesto Macías, posesionó en esa curul a Soledad Tamayo, quien la seguía en la lista del Partido Conservador.

Ante los hechos criminales probados por la justicia, el procurador Carrillo insiste en que se aplique la silla vacía y la colectividad pierda la curul en el Capitolio. La razón es sencilla: la curul de Merlano fue ganada a punta de delitos, corrupción y compra de votos. Sin embargo, el Partido Conservador está plantado en que la silla vacía ya se cumplió cuando a la exparlamentaria se le declaró la figura en la Cámara de Representantes.

Para Ómar Yepes, presidente de los azules, ese escaño en el Senado es una “conquista electoral” que defenderán con toda la contundencia jurídica. Para otros, se trata de una curul ganada de manera fraudulenta, y que siga en poder del partido que avaló la candidatura de Merlano sienta un mal precedente en el país. Hoy, la realidad muestra que todos esos defectos y vacíos se repiten una y otra vez, cada cuatro años, en las elecciones a Congreso y autoridades territoriales, sin que se vea una verdadera voluntad política de cambio.