Gobernadores, alcaldes y funcionarios del Gobierno como Emilio Archila, consejero para la Estabilización, y Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior (hasta el 15 de febrero), pactaron incorporen y priorizar los planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) dentro de su política pública. El acuerdo, sin embargo, no los obliga a adquirir compromisos formales pues no hay una ley de por medio.
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En el documento, los mandatarios locales aceptan adoptar esa medida “para contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida en los municipios más afectados por la violencia y la pobreza en Colombia”. En el evento asistieron Juan zambrano, director agencia para renovación del territorio (ART), y la embajada del Reino Unido en Colombia.
“El problema con esos tres pasos son los tiempo. Levantar la coca o levantar los lugares de minería ilegal se demora por lo menos dos semanas. Llegar un proyecto productivo se demora dos años y medio. Llevar al Estado nos va a tomar 10 o 15 años en algunos casos. Así estaba previsto en los Acuerdos y en la política de Paz con Legalidad. Pero es algo que se está intentando hacer desde el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo”, explicó Archila.
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