Alerta de ONU por campaña contra la restitución de tierras

Si bien es cierto que desde que comenzó a implementarse en el país la restitución de tierras han abundado las voces críticas y los reparos por las deficiencias del proceso, las demoras en los trámites y los vacíos de la norma, también lo es que en los últimos tres meses el tono del debate respecto al tema ha cambiado drásticamente. Un fenómeno que, tal como lo ha detectado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y la Unidad de Restitución de Tierras, arroja una conclusión preocupante: existe una campaña frontal de desprestigio contra los procesos de retorno y reparación colectiva en varias zonas del país.

“En la región del Caribe, por ejemplo, sectores políticos y económicos poderosos han difundido mensajes en eventos públicos señalando que los procesos de restitución beneficiaron a grupos guerrilleros para que recuperaran el control estratégico de algunas zonas”, denunció ayer en rueda de prensa el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, señalando que detrás de dicha campaña hay intereses particulares.

El hecho puntual al que se refiere es a un comunicado de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), titulado “¿Qué se les concedió a las Farc en los acuerdos de La Habana?’, en el que textualmente se señala que el procedimiento de microfocalización (estudio previo para definir qué zonas son aptas y seguras para la restitución) no se dio en áreas con control territorial de las Farc y el Eln, “pero sí en sectores donde perdieron el control y lo pretenden recuperar para formar corredores estratégicos de oriente a occidente y de norte a sur”.

Sobre el tema, Howland insistió en que es necesario entender que no se puede revictimizar a los despojados, señalándolos de guerrilleros, pues tienen el derecho de regresar a las tierras de las que fueron desplazados por el conflicto. “Es importante entender quiénes tienen intereses y dónde están los procesos de restitución en este momento. Ver, por ejemplo, en Córdoba, quiénes son miembros de Fedegán. Claro que algunos de ellos ganaron sus tierras por medio de despojos masivos y claro que ellos no quieren entregar estas tierras, pero no son todos. La ley tiene que tocar donde tiene que tocar. Estos son víctimas del conflicto, no son guerrilleros. En este país tildar a alguien de guerrillero implica que puede ser amenazado o asesinado”, aseguró.

Sin embargo, para el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, el tema es más complejo de lo que parece y requiere de una mirada “equilibrada”. A través de un comunicado, Lafaurie aseguró que es necesario que el Gobierno y la comunidad internacional comprueben de primera mano cómo con la restitución se pretende despojar a pequeños propietarios, que de buena fe adquirieron sus predios, utilizando el argumento de que “no están exentos de culpa”. Por esa razón aceptó la invitación hecha por Tood Howland, para visitar varias regiones del país y preguntar a las víctimas por la efectividad de la restitución de tierras. “Recojo la invitación. Que me diga cuándo quiere ir a zonas en las que ha actuado la Unidad y le mostramos, como lo hicimos con el Procurador, una mirada equilibrada, para que el Gobierno y la comunidad internacional comprendan que una Ley tan esperada y hecha con buenas intenciones está generando graves elementos de perturbación, tanto en materia jurídica como en materia de orden público”, indicó.

La discusión, según el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, pasa por el hecho de que muchos de los sectores que impulsan la campaña contra la restitución se escudan en los segundos ocupantes para esgrimir que la ley es ineficiente y afecta las poblaciones vulnerables. “El tema de los segundos ocupantes fue un problema que se dio como consecuencia del desorden de la guerra, y hoy tenemos a esas comunidades vulnerables en zonas donde campesinos están reclamando tierras. Pero que no se escuden los despojadores detrás de esas familias vulnerables, porque frente a estas personas que se apoderaron de tierras el rigor de la ley tendrá toda su eficacia y tendrán que devolver las tierras a los campesinos que fueron obligados a salir de ellas”, insistió Sabogal.

Según indicó, el trámite restitutivo cuenta con todas las garantías del debido proceso y en el tema de segundos ocupantes el Gobierno ya -a través del Decreto 440 de 2016- dio solución a la problemática, mientras que los vacíos que tenía la norma han sido llenados por los jueces.

Pero la campaña de desprestigio tiene otras aristas. De acuerdo con la ONU, no sólo ha servido para distorsionar la realidad, sino que también ha aumentado los riesgos de las víctimas reclamantes de tierras, los líderes y los defensores de derechos humanos que la apoyan. “Todos saben que en muchas zonas del país existen grupos ilegales y bandas- como el denominado clan Úsuga- que todavía tienen gran influencia territorial y están sembrando miedo en las víctimas y los reclamantes para impedir la restitución”, dijo Howland indicando que la oficina ha recibido denuncias -aún sin confirmar- sobre la presencia de grupos de hombres armados en zonas de restitución ubicadas en Cesar, Magdalena y Urabá.

Las amenazas han llegado incluso hasta los jueces que llevan procesos en determinadas regiones y a funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras. “En este momento hay dos cosas: amenazas directas, en razón de recibir una llamada telefónica o un mensaje; y una amenaza latente que se ve reflejada en el ambiente de miedo creado por esta campaña que establece un obstáculo para la adecuada implementación de la ley”, recalcó el representante de la ONU.

Los casos no son pocos y dejan ver, sobre todo, la magnitud de un fenómeno con mucha relevancia en la actualidad, si se tiene en cuenta que la restitución de tierras y los procesos de retorno y reparación colectiva son claves para la implementación de eventuales los acuerdos de paz que se logren entre el Gobierno y las Farc en La Habana.

De ahí el sinsabor que dejan las cifras reveladas por el mismo Ricardo Sabogal: “Hemos tramitado más de 700 denuncias de víctimas que dicen que las están amenazando. Muchas de ellas tienen medidas de protección toda vez que se ha encontrado que el riesgo que tienen es alto. A las víctimas sí las están amenazando por reclamar sus derechos territoriales”, concluyó.

Si bien es cierto que desde que comenzó a implementarse en el país la restitución de tierras han abundado las voces críticas y los reparos por las deficiencias del proceso, las demoras en los trámites y los vacíos de la norma, también lo es que en los últimos tres meses el tono del debate respecto al tema ha cambiado drásticamente. Un fenómeno que, tal como lo ha detectado la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia y la Unidad de Restitución de Tierras, arroja una conclusión preocupante: existe una campaña frontal de desprestigio contra los procesos de retorno y reparación colectiva en varias zonas del país.

“En la región del Caribe, por ejemplo, sectores políticos y económicos poderosos han difundido mensajes en eventos públicos señalando que los procesos de restitución beneficiaron a grupos guerrilleros para que recuperaran el control estratégico de algunas zonas”, denunció ayer en rueda de prensa el representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, señalando que detrás de dicha campaña hay intereses particulares.

El hecho puntual al que se refiere es a un comunicado de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), titulado “¿Qué se les concedió a las Farc en los acuerdos de La Habana?’, en el que textualmente se señala que el procedimiento de microfocalización (estudio previo para definir qué zonas son aptas y seguras para la restitución) no se dio en áreas con control territorial de las Farc y el Eln, “pero sí en sectores donde perdieron el control y lo pretenden recuperar para formar corredores estratégicos de oriente a occidente y de norte a sur”.

Sobre el tema, Howland insistió en que es necesario entender que no se puede revictimizar a los despojados, señalándolos de guerrilleros, pues tienen el derecho de regresar a las tierras de las que fueron desplazados por el conflicto. “Es importante entender quiénes tienen intereses y dónde están los procesos de restitución en este momento. Ver, por ejemplo, en Córdoba, quiénes son miembros de Fedegán. Claro que algunos de ellos ganaron sus tierras por medio de despojos masivos y claro que ellos no quieren entregar estas tierras, pero no son todos. La ley tiene que tocar donde tiene que tocar. Estos son víctimas del conflicto, no son guerrilleros. En este país tildar a alguien de guerrillero implica que puede ser amenazado o asesinado”, aseguró.

Sin embargo, para el presidente de Fedegán, José Felix Lafaurie, el tema es más complejo de lo que parece y requiere de una mirada “equilibrada”. A través de un comunicado, Lafaurie aseguró que es necesario que el Gobierno y la comunidad internacional comprueben de primera mano cómo con la restitución se pretende despojar a pequeños propietarios, que de buena fe adquirieron sus predios, utilizando el argumento de que “no están exentos de culpa”. Por esa razón aceptó la invitación hecha por Tood Howland, para visitar varias regiones del país y preguntar a las víctimas por la efectividad de la restitución de tierras. “Recojo la invitación. Que me diga cuándo quiere ir a zonas en las que ha actuado la Unidad y le mostramos, como lo hicimos con el Procurador, una mirada equilibrada, para que el Gobierno y la comunidad internacional comprendan que una Ley tan esperada y hecha con buenas intenciones está generando graves elementos de perturbación, tanto en materia jurídica como en materia de orden público”, indicó.

La discusión, según el director de la Unidad de Restitución de Tierras, Ricardo Sabogal, pasa por el hecho de que muchos de los sectores que impulsan la campaña contra la restitución se escudan en los segundos ocupantes para esgrimir que la ley es ineficiente y afecta las poblaciones vulnerables. “El tema de los segundos ocupantes fue un problema que se dio como consecuencia del desorden de la guerra, y hoy tenemos a esas comunidades vulnerables en zonas donde campesinos están reclamando tierras. Pero que no se escuden los despojadores detrás de esas familias vulnerables, porque frente a estas personas que se apoderaron de tierras el rigor de la ley tendrá toda su eficacia y tendrán que devolver las tierras a los campesinos que fueron obligados a salir de ellas”, insistió Sabogal.

Según indicó, el trámite restitutivo cuenta con todas las garantías del debido proceso y en el tema de segundos ocupantes el Gobierno ya -a través del Decreto 440 de 2016- dio solución a la problemática, mientras que los vacíos que tenía la norma han sido llenados por los jueces.

Pero la campaña de desprestigio tiene otras aristas. De acuerdo con la ONU, no sólo ha servido para distorsionar la realidad, sino que también ha aumentado los riesgos de las víctimas reclamantes de tierras, los líderes y los defensores de derechos humanos que la apoyan. “Todos saben que en muchas zonas del país existen grupos ilegales y bandas- como el denominado clan Úsuga- que todavía tienen gran influencia territorial y están sembrando miedo en las víctimas y los reclamantes para impedir la restitución”, dijo Howland indicando que la oficina ha recibido denuncias -aún sin confirmar- sobre la presencia de grupos de hombres armados en zonas de restitución ubicadas en Cesar, Magdalena y Urabá.

Las amenazas han llegado incluso hasta los jueces que llevan procesos en determinadas regiones y a funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras. “En este momento hay dos cosas: amenazas directas, en razón de recibir una llamada telefónica o un mensaje; y una amenaza latente que se ve reflejada en el ambiente de miedo creado por esta campaña que establece un obstáculo para la adecuada implementación de la ley”, recalcó el representante de la ONU.

Los casos no son pocos y dejan ver, sobre todo, la magnitud de un fenómeno con mucha relevancia en la actualidad, si se tiene en cuenta que la restitución de tierras y los procesos de retorno y reparación colectiva son claves para la implementación de eventuales los acuerdos de paz que se logren entre el Gobierno y las Farc en La Habana.

De ahí el sinsabor que dejan las cifras reveladas por el mismo Ricardo Sabogal: “Hemos tramitado más de 700 denuncias de víctimas que dicen que las están amenazando. Muchas de ellas tienen medidas de protección toda vez que se ha encontrado que el riesgo que tienen es alto. A las víctimas sí las están amenazando por reclamar sus derechos territoriales”, concluyó.