En medio de una legislatura marcada por los debates y las peleas que suscitan las reformas del gobierno Petro, los proyectos de los congresistas quedaron en un segundo plano. Varios ni siquiera fueron discutidos y lo más probable es que terminen archivados; sin embargo, otros que contaron con mayor suerte pasaron desapercibidos y fueron aprobados de manera exprés, entre estos uno que, según expertos y varias entidades, generaría un revolcón negativo para el agro colombiano.
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Se trata de una propuesta de la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) que habla de “priorizar los recursos de créditos al sector primario”. Radicada en septiembre de 2022, superó sin problema sus dos debates del Senado entre noviembre y diciembre de ese mismo año. Al llegar a la Cámara tampoco encontró mayores trabas, pues solo bastó una presentación de menos de 10 minutos, a cargo del ponente Oscar Darío Pérez, para que 28 representantes que asistieron ese día en la Comisión Tercera le dieran el sí.
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Así las cosas, a la iniciativa solo le resta un debate en la plenaria de la Cámara para pasar a conciliación y convertirse en ley; esta semana fue agendada en el orden del día, pero finalmente no alcanzó a ser votada. En medio de esta recta final, salieron a la luz varios cuestionamientos al articulado y se conoció que el proyecto recibió comentarios negativos de diferentes entidades, algunas de las cuales resaltaron sus factores de “riesgo”.
De hecho, la ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, reaccionó a la eventual aprobación del articulado y aseguró que “resulta lesivo a los productores pequeños del agro”. Son varios puntos los que le preocupan, entre estos la posible imposición de barreras de acceso al crédito, la aprobación de comisiones de servicio para los bancos y la autorización para que grandes productores reciban los recursos y se conviertan en intermediarios del crédito.
¿Tres “micos” en el proyecto?
El proyecto de la senadora Valencia tiene 14 artículos que vienen respaldados por las firmas de 15 congresistas del Centro Democrático. Además, según la ponencia para su último debate, tienen el visto bueno del liberal Silvio Carrasquilla y de José Alberto Tejada, representante del Pacto Histórico.
La senadora dice que su proyecto busca que el crédito agropecuario llegue a los pequeños y medianos productores. Basada en diferentes fuentes, asegura que solo el 4 % de los pequeños productores tienen cobertura crediticia, con lo cual el 96 % restante acude a métodos informales, entre los que se encuentran los créditos gota a gota.
Así mismo, señala que entre 2017 y 2022, de los $112,5 billones de créditos agropecuarios, el 70 % quedó en manos de grandes productores y que solo el 28 % se invirtió en el campo, es decir en el sector primario. Por estas razones, propone una serie de cambios a la regulación vigente, la cual data de 1990.
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Entre otras cosas, plantea que los procesos de estructuración estén acorde a los tiempos de los proyectos productivos y su flujo de caja. Sin embargo, hay tres artículos que a la lupa de algunos expertos y entidades podrían generar un impacto negativo en el sistema. El primero es el 5, que propone darles los recursos a “medianas y grandes empresas”, para que sean éstas las encargadas de prestarles a los productores. Con esta medida esas compañías podrían actuar como entidades financieras, pero sin ninguna regulación.
En otras palabras, las empresas podrían controlar la tasa de interés con la que le prestarían dinero a los pequeños productores. Al respecto, la Superfinanciera advirtió que “se le estaría dando la calidad de colocador de crédito a empresas no vigiladas, con recursos de Finagro y no con recursos propios, lo cual podría implicar riesgos en la media en la que dichas empresas, por citar un caso, no cuentan con requerimientos de capital ni de gestión de riesgos”.
Finagro, la entidad mixta encargada de promover el desarrollo del sector rural a través de recursos de fomento para las entidades financieras, pidió la eliminación del artículo al considerarlo inconstitucional. “La existencia de intermediarios por fuera del sistema financiero puede generar riesgos asociados con sobreendeudamiento de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, cuyas consecuencias no son consideradas en el proyecto normativo”, agregó por su parte el Ministerio de Hacienda.
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El Espectador contactó a la senadora Paloma Valencia para hablar del tema. Aunque no concedió una entrevista, envió a través de su equipo las respuestas frente a las dudas que generan este y otros dos artículos. Dijo que, como muchos pequeños productores no tienen capacidad financiera para acceder al sistema financiero, el artículo les permite apalancarse en las cooperativas y comercializadoras de las grandes empresas, que serían las encargadas de asumir el riesgo.
En un video que publicó en junio junto a su compañero ponente, ambos explicaron cómo funcionaría este esquema. “Los pequeños productores no tienen garantías, pero el grande sí. Colanta, por ejemplo, puede dar las garantías que cualquier entidad del sistema financiero requiera y luego derrama ese crédito entre 30 o 40 mil asociados”.
El artículo 6 también levantó ampolla en algunos sectores, ya que plantea cinco parámetros para el acceso a crédito de pequeños productores. Para algunos, esto se traduce en trabas para obtener los recursos. Por ejemplo, señala que se deberá tener en cuenta “el potencial de generación de ingresos de los proyectos productivos”, lo que según expertos se puede convertir en un argumento para que los bancos nieguen el crédito y empujen al campesino al mercado informal o refuercen la dinámica del artículo 5.
Actualmente, el sistema establece que los usuarios pueden acceder al crédito agropecuario únicamente con un estudio clásico; es decir, revisando sus reportes en las centrales de riesgo y teniendo en cuenta si son empleados o no o cómo devengan sus ingresos.
La senadora niega que se trate de trabas, sino todo lo contrario; pues asegura que las actuales condiciones del sistema no tienen en cuenta que algunas cosechas generan rendimientos tardíos. “Aunque Finagro tiene plazos mayores a los cinco años para pagos de créditos, esto no equivale a que el periodo de gracia tenga el mismo tiempo. El aguacate, por ejemplo, sólo se produce a los siete años (...) se busca que los créditos que otorgue Finagro tengan en cuenta los flujos de caja de los proyectos a financiar, los periodos de producción y el plazo para su comercialización”.
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Por último, está el artículo 7, que para los críticos de la propuesta abre la puerta a que los bancos cobren un monto por los gastos administrativos. En este momento estos se benefician de la diferencia entre la tasa que les da Finagro y la de colocación al productor, pero no hay establecidas otro tipo de tarifas.
El proyecto habla de “definir tarifas máximas” que podrían cobrar las entidades financieras, lo que, para Finagro, “incrementa de manera considerable los costos financieros para la estructuración de los créditos agropecuarios, los cuales finalmente serán cargados al beneficiario final, esto es, a los productores agropecuarios, desconociendo el propósito superior del crédito de fomento”
Valencia desmiente este punto y asegura que los bancos ya cobran gastos de intermediación, por lo que lo único que propone es establecer unos límites. En las últimas horas, ante la escalada de críticas, publicó un comunicado en el que retira la información que le envió a este diario.
Por lo pronto, algunos congresistas aseguran que el proyecto se estaba tramitando “de agache” y que lo más probable es que, para su último debate, no la tenga tan fácil; pues además tendrán en contra a varios ministerios y entidades. De hecho, en redes sociales crecen los cuestionamientos contra la senadora Paloma Valencia, a quien señalan de tener conflictos de interés, esto debido a que, como ella misma lo reportó, tiene familiares con negocios de ganadería y cultivos de arroz.
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