La Fundación Paz y Reconciliación reveló el primer informe sobre violencia y dinámica electoral de cara a los comicios regionales y locales de octubre próximo, en el que se señala que los partidos aliados con el Gobierno nacional y los sectores de oposición han sido los que más amenazas y hechos intimidantes han recibido en los últimos meses.
Concretamente, el periodo de estudio abarcó los periodos comprendidos entre el 27 de octubre del año pasado y el 30 de marzo de este año, en el que se registró un total de 42 hechos de violencia electoral. No obstante, el documento aclara que en el 80% de los casos ha sido imposible identificar el autor de dichos hechos ni tampoco el motivo de los mismos, dadas las dinámicas propias de cada región.
“No es posible encontrar un patrón de victimización nacional, sino que, por el contrario, esta parece estar atada a dinámicas locales, a excepción de la violencia contra partidos de oposición. Esta parece estar disparada en todos los territorios nacionales, como ha sido tradición en el país”, aclara el documento.
A su vez, recalca que los partidos de Gobierno han sido víctimas de 17 hechos, lo que representa el 21,25% y los partidos de oposición, 25 hechos. Es decir, el 31,24%. Respecto de los independientes, se han registrado 12 hechos (15%).
Según el reporte del Sistema de Información de Paz y Reconciliación (SIPARES), los episodios de violencia electoral han dejado como saldo 80 víctimas en 20 departamentos del país. “El 76.25% del total de víctimas se concentran en Tolima (13), la Guajira (12), Valle del Cauca (10), Antioquia (9), Bogotá (7), Cauca (6) y Putumayo (4), siendo las amenazas colectivas el hecho más recurrente”, señala el informe.
Los funcionarios con cargos de elección popular han sido los más amenazados, cuya cifra asciende al 59%; siendo los concejales los que mayor número de hechos intimidantes han denunciado, seguido de los diputados y, finalmente, los ediles. Y aunque ha habido denuncias por parte de funcionarios en el plano nacional, son más los casos que se han registrado de parte de quienes ostentan cargos de elección popular en las regiones.
Respecto del 20% de los victimarios que sí se pudieron identificar, se encentran las Águilas Negras, el ELN, disidencias de las Farc y los Caparrapos. “A las Águilas Negras, (que) concentran su accionar en amenazar a perfiles políticos afines o pertenecientes a partidos de oposición, no ha logrado atribuírsele ningún asesinato y, sin embargo, son quienes más han amenazado con el 16,25% de los casos (13 amenazas) en lugares como Bogotá, Pueblo Rico (Risaralda), Mocoa (Putumayo), Buga y Alcalá (Valle del Cauca)”.
El informe concluye señalando que las amenazas perpetradas por el ELN, concretamente en el Cesar, y por las disidencias de las Farc en el Cauca, “parecen apuntar exclusivamente contra un tipo de actor, que en este caso, son los funcionarios públicos electos (concejales y alcaldes). Sucede lo mismo en el caso de Los Caparrapos, que fueron identificados como los responsables de la amenaza en contra de un representante a la Cámara por Córdoba, del Partido Liberal”.
Por -Redacción Política
