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Esta semana será presentada en la Comisión Primera de la Cámara la ponencia sobre la ley de víctimas, incluyendo el capítulo de restitución de tierras. A instancias de El Espectador, el representante Guillermo Rivera, uno de sus ponentes y quien ha liderado desde el Partido Liberal la iniciativa, dialoga vía telefónica con María Eugenia Zabala, líder comunitaria en Córdoba, integrante de la Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz, Mujer Cafam 2004, quien ha vivido la violencia en carne propia.
María Eugenia Zabala: A mí sí me gustaría saber si la ley de víctimas es sólo una restitución o es un derecho.
Guillermo Rivera: La ley consagra un conjunto de derechos para las víctimas y obviamente unas obligaciones institucionales para el Estado en materia de reparación y restitución. En el marco de los derechos se consagran las diferentes modalidades de reparación que incluyen la indemnización, que es la compensación económica por el daño sufrido; la restitución de los bienes, o sea la devolución de tierras; las garantías de no repetición para que los hechos victimizantes no se repitan; medidas de satisfacción, que tienen que ver con el concepto de la reparación transformadora de la realidad dramática de las víctimas y algo muy importante: el capítulo de memoria, para que se conozca la barbarie contra millones de víctimas, además de garantías en el proceso penal.
M.E.Z.: Nosotros tuvimos que dejar la finca, donde alguna vez nos habían ofrecido $500 mil por hectárea y después tuvimos que vender a $10 mil. Pregunto: ¿qué va a pasar con eso?
G.R.: En el capítulo de restitución de tierras se ha incluido una figura que se llama la inversión de la carga de la prueba y, una vez la víctima reclame, bien porque la tuvo que vender a un precio irrisorio intimidada por los violentos, quien tenga la tierra tendrá que explicar la legitimidad y legalidad de su título, pero además tendrá que explicar por qué la compró a un precio irrisorio. Si se comprueba que ello fue por el fenómeno de la violencia generalizada, se tiene que restituir.
M.E.Z.: Soy desplazada de San Rafaelito, Córdoba. Allí llegaron los paramilitares y mataron a mi esposo, a un tío y a un primo de mi esposo. Quemaron las casas y, con dos meses de embarazo, tuve que salir con mis siete hijos. Los muertos los tuvimos que enterrar en la finca. Somos miles los sobrevivientes de la guerra y aún no tengo claro cómo se nos va a resolver esta situación.
G.R.: No será fácil, pero creo que es el desafío mas grande que tiene el Estado colombiano. Es un paso adelante el hecho de que el Estado y un amplio sector de la sociedad están entendiendo que la paz se construye reparando a las víctimas, redignificándolas, reconociéndolas y generándoles condiciones para el ejercicio pleno de sus derechos. Existe un gran compromiso por parte del presidente Santos de sacar adelante la iniciativa.
M.E.Z.: Siempre he dicho que si en todo esto no hay equidad, todo lo que se haga será un fracaso. Esto tiene que ser con igualdad de derechos.
G.R.: Tiene toda la razón y por eso venimos planteando la idea del efecto transformador de la reparación. No se trata sólo de entregarle dinero a una víctima, sino de crear unas condiciones para que pueda rehacer su vida, con posibilidades de ejercer plenamente sus derechos. Pero recuerde que el concepto de igualdad no puede ser matemático, de uno más uno igual a dos. El concepto debe ser igualdad de oportunidades y no pueden tener más oportunidades los que han despojado a las víctimas de la tierra.
M.E.Z.: Es lo menos que podemos esperar de este Gobierno, que seamos reconocidas como lo que somos y que no se nos esté engañando, porque muchas veces se han hecho las campañas políticas con el dolor de las víctimas.
G.R.: Vamos a hacer todo lo posible para sacar adelante una buena ley y tengo mucha fe, veo al Gobierno comprometido y a la mayor parte del Congreso también, pero creo que la persuasión de los testimonios de las propias víctimas puede ser un instrumento muy importante para que la mayoría de legisladores se convenzan de las bondades y la necesidad que tiene la sociedad de sacar adelante esta iniciativa.
M.E.Z.: Debo decir que aún hay mucho temor, porque se desarmaron unos, pero se armaron otros. Antes se decía que eran los paramilitares y ahora que son ‘Los Rastrojos’ o las ‘Águilas Negras’. Uno sabe que hay muchas personas armadas que están a la espera de que se vea por dónde atacar. Vivimos en la zozobra y uno siente que no tiene garantías, porque está en el medio de conflicto.
G.R.: Hay un capítulo en la ley que se refiere a las garantías de no repetición. Ese es el compromiso del Estado para evitar que hechos victimizantes se repitan. Nosotros sabemos que la propia discusión de la ley y el solo hecho de que se anuncie una política masiva de restitución de tierras quitándoselas a los que la despojaron, va a generar un brote de violencia y el Estado tendrá que garantizar la protección a las víctimas.