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Una de las premisas del nuevo Congreso que se instaló el miércoles pasado fue no perder tiempo. Los parlamentarios que forman parte de la coalición de gobierno saben que las reformas que anunciaron en campaña son estructurales y tendrán mucha discusión, así que, una vez seleccionadas las mesas directivas, se radicaron algunos de esos proyectos que los catapultaron al Legislativo y a los que prometieron darle prioridad. Reformar la Procuraduría fue una de esas propuestas. Incluso fue una iniciativa de varias candidaturas, así que el proyecto en ese sentido, radicado esta semana en la Secretaría de la Cámara de Representantes, cuenta con el apoyo de congresistas de varios sectores.
Más que una reforma se trata de una “contrarreforma”. De acuerdo con su texto, la iniciativa busca modificar la ley que expidió el Código Disciplinario y revertir las competencias de la entidad para sancionar a servidores electos por voto popular. Ese es un viejo pulso que se desprende de la destitución e inhabilidad de Gustavo Petro como alcalde de Bogotá, ordenada por el entonces procurador Alejandro Ordóñez. Para los autores del proyecto, es también una forma de cumplir la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), proferida en 2020, que concluyó el conocido “caso Gustavo Petro” contra Colombia con la necesidad de darles más garantías a quienes sean objeto de sanciones disciplinarias.
La propuesta lleva la firma de seis congresistas, uno de ellos el representante Juan Carlos Losada (Partido Liberal). Según dice, con esta contrarreforma quieren “echar para atrás el adefesio que la procuradora Cabello hizo aprobar en la legislatura anterior”, porque a su juicio, además de que es “poco garantista”, sirvió para consolidar un fortín burocrático al “crear un montón de empleos que no se necesitaban”. Esa iniciativa, impulsada con prioridad por el gobierno Duque, de acuerdo con Losada, “es contraria al mandato de la Corte IDH” y de ahí la necesidad de ajustarla suprimiendo las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría.
La representante Jénnifer Pedraza (Dignidad), quien acompaña con su firma el proyecto, explica que “la Convención Americana y la Corte Interamericana sostienen que a los funcionarios de elección popular solo les pueden restringir sus derechos políticos los jueces penales, mientras que Duque y la procuradora Cabello desconocieron los mandatos internacionales y permitieron que autoridades administrativas afecten derechos políticos de estos funcionarios de elección popular”.
Y aunque una vez se anunció la radicación del proyecto la procuradora Cabello contrarió la posición de los autores, negando que la entidad que dirige haya desacatado a la Corte IDH, analistas coinciden en que sí es necesario reformar el organismo. “Trabajamos durísimo, con seriedad y respeto”, dijo Cabello esta semana, durante un evento en el que hizo mucho énfasis en la labor de expertos en derecho “para cumplir al pie de la letra y en sentido literal esa orden de la sentencia”, que igual, reconoce, “no era fácil”.
Esta sería apenas la primera parte de las reformas que se prometieron a la Procuraduría, ya que, por lo menos en campaña, Petro indicó que el objetivo es hacer transitar a la entidad de forma gradual hacia la Rama Judicial.
El problema ha tenido largas, porque no ha habido una respuesta clara sobre lo que pidió la Corte en su momento. En sí, lo que el tribunal determinó es que el Ministerio Público, como órgano administrativo, no está facultado para restringir los derechos políticos de los servidores públicos elegidos por voto popular. Además, el fallo reiteró que a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, no es posible destituir e inhabilitar a estos funcionarios, a menos que se trate de una consecuencia de un proceso penal, aspecto que la Procuraduría ha aprovechado en algunos casos.
El argumento que ha usado la entidad, desde 2020, ha sido que la lectura que le dieron al fallo de las decisiones de la Corte IDH y del Consejo de Estado “es convencional, constitucional y legalmente válida la competencia disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, en relación con los servidores públicos de elección popular, mientras se realizan las reformas al ordenamiento jurídico que resulten pertinentes, en las condiciones previstas en dichas sentencias”. La habilidosa lectura fue solo una de las tergiversadas decisiones de Margarita Cabello para, supuestamente, dar cumplimiento al mandato.
Una de las más cuestionadas “soluciones” de la actual procuradora fue la creación de más burocracia coadyuvada por el presidente Iván Duque, quien el 24 de diciembre del año pasado expidió el Decreto 1851 de 2021. Dicho mandato creó 1.208 cargos nuevos en el interior del Ministerio Público y en su momento se habló de que todos estos nuevos puestos le costarían al Estado más de $12.000 millones.
Las decisiones aventajadas de la Procuraduría hicieron que, en diciembre del año pasado, luego de los miles de puestos creados, la misma Corte IDH saliera a decir que el Estado colombiano no había dado cumplimiento a lo que se le ordenó. El tribunal sostuvo en ese momento que el Ministerio Público “no ha presentado información sobre acciones que estén dirigidas directamente a corregir la restricción de derechos políticos de funcionarios públicos de elección popular”.
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