El centro y la isla
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A pesar de la declaración de emergencia y la cantidad de ayudas que el Gobierno nacional ha venido llevando a Providencia después de la destrucción que provocó el huracán Iota, con el paso de los días la distancia entre la comunidad raizal damnificada y la avalancha de funcionarios que ha llegado a dirigir la reconstrucción ha venido creciendo. Primero fue la indignación porque las brigadas de limpieza estaban lanzando los escombros al mar, destruyendo el mayor valor de la isla. Los aguaceros que cayeron sobre la isla esta semana mostraron también la fragilidad de las más de 2.000 carpas que ha entregado el gobierno y los locales se preguntan si no es más adecuado entregar tejas, lonas o plásticos para techar muchas casas cuyas paredes quedaron en pie. También causó desazón la decisión de tomar control de la única estación de gasolina en la isla, que dejó de vender combustible a los isleños y la reservó solo para las entidades públicas. “¿Es tan difícil, resguardar la vida de una comunidad tan pequeña? Si el gobierno no es capaz de eso, imagínense el resto de los colombianos damnificados en otras partes”, dijo Camila Rivera, quien ha trabajado junto a las comunidades raizales.
Impresentable
No nació bien la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, encargada de reemplazar a la desprestigiada Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. ¿La razón? Para integrarla fue elegido Juan Carlos Granados, exgobernador de Boyacá, imputado por la Fiscalía en el caso Odebrecht. Es decir, uno de los nuevos magistrados encargados de vigilar las actuaciones de los jueces y fiscales del país está bajo grave sospecha de corrupción y este lunes será acusado formalmente ante la Corte Suprema de Justicia. Tras su elección en el Congreso, le llovieron críticas al gobierno Duque, que lo ternó. La respuesta de Presidencia fue que Granados no tenía condenas ni inhabilidades. La periodista Yolanda Ruiz respondió a su turno con un trino muy ácido: “Pablo Escobar tampoco fue condenado”.
Enredo jurídico
Y para terminar el caso Granados, lo cierto es que su elección abre otra discusión jurídica. Como queda en calidad de aforado, su juez natural ya no es la Corte Suprema sino la Comisión de Acusación de la Cámara. La pregunta entonces es qué pasará con su expediente. Es decir, este lunes será acusado formalmente por la Fiscalía ante la Corte, pero después de su posesión ante el presidente Duque en los próximos días, el caso deberá ser remitido al Congreso. Y ahí vendría el enredo. Se supone que el expediente quedaría en el lugar adonde va; es decir, en la acusación. Eso significaría que el representante de la Comisión al que le corresponda el proceso por sorteo deberá presentar esa acusación ante la Comisión de Acusación y, después, si hay mayorías, llevar el expediente ante la Cámara en pleno y luego ante el Senado. Al final, si el Senado lo declara indigno, el caso sería enviado a la Corte Suprema de nuevo, donde será acusado este lunes. ¡Qué enredo!
El otro polo
También fue elegido en la Comisión de Disciplina Judicial el prestigioso académico Julio Andrés Sampedro, quien durante muchos años ha sido, además, conjuez de la Corte Suprema de Justicia. De hecho, fue uno de los conjueces de la Corte en el famoso caso de la yidispolítica, donde resultaron condenados los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacios, así como el exsecretario de presidencia Alberto Velásquez. Lo curioso es que, en su discurso de presentación ante el Congreso, Sampedro habló sobre la ética en la justicia. Y ahora tendrá como colega a Granados, señalado del peor escándalo de corrupción en el país: Odebrecht. El otro polo, sin duda.
El aborto I
Además de las recusaciones a varios magistrados de la Corte Constitucional por parte de ciudadanos u organizaciones que se oponen al aborto libre, a algunos despachos han empezado a llegar curiosos derechos de petición que buscan interrogar a los juristas para que fijen su posición antes de tiempo sobre la materia. Por ejemplo, al despacho del magistrado José Fernando Reyes llegaron varias preguntas de una ciudadana de Cartagena en las que lo interrogaba por el juramento que hizo cuando se posesionó en el cargo. “¿Por cuál Dios juró usted, en caso de haberlo hecho? ¿Es el Dios bíblico, según la creencia generalizada de los colombianos? ¿Cree usted que Dios le demandará el cumplimiento de las leyes divinas y las de la nación colombiana en caso de incumplimiento? ¿Cree que los postulados del Dios por el cual se jura sí influyen en el cumplimiento de las funciones de un funcionario público, como es su caso?”.
El aborto II
Las respuestas del magistrado Reyes a la ciudadana preocupada fueron una cátedra de derecho. Sobre dos de las preguntas dijo que no eran preguntas sino afirmaciones, “luego no existe nada que deba responder”. Y añadió tajante: “Mis más íntimas convicciones no están al alcance de su derecho de inquirirme. También tengo derecho a la intimidad, a la libertad religiosa y de credo, y al libre desarrollo de la personalidad. Saber qué pienso o no de la religión y si tengo un dios, soy ateo o agnóstico es de mi íntima incumbencia. Y así como no debo inquirir por las suyas, ni por sus preferencias políticas o sexuales o de cualquier índole, espero entienda que los magistrados tenemos derechos fundamentales. Como usted”. Y fue más allá: le contestó a la ciudadana preocupada que ella no le estaba pidiendo una información sino una opinión. “Por lo tanto, no me atañe: no soy consultor en asuntos religiosos ni profesor de teología”.
La elegida
Este jueves 10 de diciembre el Senado fue convocado para elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional. La terna enviada por el presidente Iván Duque la integran los juristas José María del Castillo, muy allegado al rector de la Sergio Arboleda, Rodrigo Noguera; Fernando Grillo, quien lleva años siendo director del Departamento de la Función Pública, y Paola Meneses Mosquera, quien es fiscal delegada contra la Criminalidad Organizada. La elección, según parece, será un formalismo, porque ya estaría elegida Meneses Mosquera. Alineó a todo el mundo: al presidente, que la postuló y de quien es amiga; al fiscal, su jefe; al contralor, al registrador y a los congresistas. Elección cantada.
Unas por otras
Luego de su frustrada nominación hace unos meses a la Corte Penal internacional porque “su experiencia profesional se ha dado en campos que no son relevantes al trabajo de la Corte”, el superintendente de Industria y Comercio, Andrés Barreto recibió esta semana una serie de honores internacionales al ser elegido para el Bureau del Comité de Competencia de la OCDE, primero colombiano que lo logra, y haber sido designada la SIC como presidente de la Red de Consumo Seguro y Salud de la OEA y presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales.
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