Alto turmequé: de diplomacia, jurisprudencia y elecciones

Efecto Leyva

Con la designación de Luis Gilberto Murillo como canciller encargado por tres meses, lo que dura en principio la suspensión de Álvaro Leyva por el escándalo de la frustrada licitación de pasaportes, se deben hacer ajustes en la Embajada de Colombia en Estados Unidos. Y, en esa línea, se sabe que -a menos de que la Casa de Nariño dé otra instrucción- el mando de esa sede diplomática quedará bajo la figura de encargado de negocios y la liderará Daniel Ávila, un diplomático de carrera que lleva cerca de dos años trabajando en Washington. En la carrera diplomática tiene rango de embajador y se vislumbra como el jefe en encargo de esa embajada mientras Murillo está como ministro de Exteriores y como embajador, pues quedó con los dos cargos por decreto.

Tensión en NY

Y siguiendo con las movidas diplomáticas, este diario supo que en la delegación de Colombia ante Naciones Unidas, en Nueva York, también habrá ajustes. Varias fuentes confirmaron que la embajadora Leonor Zalabata, oriunda de Cesar y de la comunidad indígena arahuaca, tiene roces con algunas de las personas que la apoyan en esa embajada. Una de ellas es Arlene Beth Tickner, quien tiene trayectoria académica y diplomática, y de quien dicen podría ser trasladada (esto se habla desde hace algunas semanas en los pasillos de San Carlos). En este contexto es que el suspendido canciller Leyva, antes de formalizar su salida del cargo, firmó varios decretos ajustando la planta diplomática, y ahí, en esas movidas, trasladó a quien venía oficiando como embajador de Colombia en Uruguay, Juan José Quintana, a la sede ante Naciones Unidas. Quintana es de carrera y se busca que apoye a Zalabata en Nueva York.

Sonajero jurídico

En los pasillos de tres entidades -Casa de Nariño, Ministerio de Justicia y Agencia de Defensa Jurídica del Estado- hay ruido por una hoja de vida que se estaría analizando para ver si cumple o no los requisitos para asumir en propiedad el cargo que dejó hace poco la jurista Martha Lucía Zamora. Se trata de Ariel Lozano, una persona que desde la campaña ha apoyado con fuerza el proyecto político del presidente Gustavo Petro y quien ya pasó por la Agencia Jurídica, pero ahí está el detalle. Resulta que en el segundo semestre del año pasado tuvo que renunciar a su cargo en esa entidad por los señalamientos de al menos cuatro funcionarios que, estando bajo su cargo, dijeron que los maltrataba laboralmente. Incluso, hubo una queja formal. No obstante, posiblemente por su cercanía a Dagoberto Quiroga, actual superintendente de Servicios Públicos y quien también suena para dirigir la oficina jurídica de Presidencia, su currículo salió a flote para volver, esta vez al mando de la Agencia de Defensa Jurídica. Lozano siempre negó las acusaciones, pero el caso se está revisando con lupa.

En blanco

En la cumbre de gobernadores que la Federación de Departamentos realizó en Cartagena se presentó una situación curiosa. Cuando se estaba votando para elegir a los nuevos cuadros directivos, quien terminó victorioso fue el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya (Alianza Verde). Pero no fue una decisión unánime entre los 32 jefes departamentales. Resulta que hubo al menos un voto en blanco, el de Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia (Centro Democrático), que prefirió apartarse del consenso mayoritario. Él hizo saber que no se trató de una decisión personal o política, pero en el ambiente sí quedó la sensación que ese gesto muestra que entre los mandatarios regionales también hay divisiones entre los que apoyan al presidente Gustavo Petro -caso Amaya- y los que le hacen oposición -como Rendón-. No obstante, los 32 gobernadores dicen en público que están unidos, en especial cuando buscan espacios de diálogo con la Casa de Nariño.

El investigador

El presidente de la Comisión de Acusación, Wadith Manzur, quien adelanta la investigación contra el presidente Gustavo Petro por la presunta financiación irregular de su campaña, y quien presidió esta semana las diligencias en las que se llamó a declarar a Nicolás Petro, tiene un capítulo del pasado que hoy resulta incómodo. El exfiscal Luis Gustavo Moreno, ficha clave del cartel de la toga, le contó hace siete años a la justicia que, en su momento, Manzur lo buscó para ofrecerle $200 millones para que representara a su padre, Julio Manzur, investigado por parapolítica, pero que no llegaron a un acuerdo. Moreno relató que Manzur le dijo que en todo caso lo mantuviera informado si le dictaban orden de captura a su padre. Además, agregó que el propio Julio Manzur le pidió en su momento que fuera su abogado y llegó a ofrecerle $600 millones, pero el cartel de la toga le pidió $2.000 millones. Hoy Manzur está ante la JEP y su hijo es el encargado de llevar la investigación contra el jefe de Estado.

En Palacio

El magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández, quien fue hasta diciembre pasado secretario jurídico de la Casa de Nariño, ha sido visto en Palacio en dos ocasiones en los últimos días. Nadie sabe muy bien a qué va, ya que su trabajo ahora es en la Corte, y allá tiene bastante. Fuentes enteradas cuentan que, por si fuera poco, en sus impedimentos ha considerado que no todas las leyes que firmó el presidente Petro tenían su visto bueno, como es el caso de la creación del Ministerio de la Igualdad. Pero además se sigue moviendo con su esquema de seguridad y con los carros de la Casa de Nariño y el conductor asignado a su despacho por la Corte no lo ha llevado ni a la esquina. Ya empieza a haber mucha incomodidad en el alto tribunal con estos asuntos.

¿En campaña?

A propósito del magistrado Fernández, se dice que es hoy el gran padrino de la candidata a la Fiscalía Amelia Pérez, quien también tendría el visto bueno del excontralor Carlos Felipe Córdoba. Incluso algunas fuentes señalan que en esa suma de apoyos la candidata Pérez cuenta ya con el respaldo del magistrado Fernando Castillo, quien hasta diciembre fue presidente del alto tribunal.

Soledad

Con la salida del fiscal Francisco Barbosa y los procesos judiciales contra el presidente Petro, ha quedado claro que más allá de esta pugna, ninguno de los ministros da batallas por el jefe de Estado. Y cuando alguno se atreve a decir algo, como la improvisada rueda de prensa del director del Departamento Administrativo de Presidencia, Carlos Ramón González, por las movilizaciones contra la Corte Suprema de Justicia, las explicaciones, aparte de cantinflescas, por poco obligan al jefe de Estado a una alocución presidencial que fue cancelada a última hora el pasado jueves. Si en algo el presidente Petro sigue fallando es en la comunicación.

MICROLINGOTES

Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ

Hubo otra toma del Palacio de Justicia.

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Condenado un exgobernador del Valle. ¿La pena la cumplirá en una Abadía?

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Al nuevo superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, ¿lo designaron por su apellido?

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En Argentina rige Mi… Ley y en Colombia Ley... va.

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