Superpelea
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Uno de los expedientes prioritarios para la Superintendencia de Industria y Comercio es el que investiga el supuesto cartel laboral del fútbol, integrado por 16 clubes y la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor), para vetar a algunos futbolistas que ejercieron sus derechos laborales. Al ring de esa pelea jurídica se subirá un trío de exsuperintendentes. Por un lado estará Jairo Rubio Escobar, exsuperintendente de Industria y Comercio, quien es el apoderado del sindicato de futbolistas Acolfutpro, que presentó la denuncia. Por otro lado estará Pablo Felipe Robledo, también exsuperintendente de esa entidad y quien será el defensor de Deportes Tolima. Por último estará Pablo Márquez, quien fue superintendente delegado de competencia y quien sería el abogado de la Dimayor. Una disputa para alquilar balcón.
Aborto I
Todo estaba dado para que la Corte Constitucional diera el paso histórico de despenalizar completamente el aborto en Colombia este 2021. Dos ponencias, las de los magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas, coincidían en ello. Además, estaban fijos los votos de los magistrados José Fernando Reyes y Alejandro Linares. Solo faltaba un voto, y las magistradas Gloria Ortiz y Diana Fajardo podían ser determinantes. Pero todo se enredó luego de que el magistrado Linares diera unas declaraciones a la prensa y le tocara declararse impedido. Para resolver su impedimento fue nombrado conjuez el conservador Hernando Yepes Arcila. Esto demoró que la Corte se pronunciara de fondo y ahora todo quedó para 2022. La próxima sala plena será a finales de enero, donde se determinará si Linares es o no apartado del debate.
Aborto II
El lío es que ahora todo será contra el tiempo. ¿La razón? La inminente salida de la Corte por período cumplido de Alberto Rojas. Esto quiere decir que si el alto tribunal no resuelve las recusaciones antes del 22 de febrero que se va Rojas, se perdería este voto liberal. Conocedores de la mecánica de la Corte sostienen que lo más probable es que eso ocurra. Y, además, dan por hecho que Linares será apartado del debate. En síntesis, dos votos menos para despenalizar el aborto.
Exposición
Este viernes fue inaugurada la exposición “Huellas de la desaparición” en el Museo de Arte del Banco de la República. Una iniciativa liderada por la Comisión de la Verdad y Forensis Architecture que, tras dos años de investigación forense, reconstrucciones en tercera dimensión, análisis de imágenes satelitales, contrastación de documentos públicos, certificados de propiedad, videos inéditos y decenas de testimonios de las víctimas logró reconstruir tres capítulos de la violencia en Colombia: la toma y retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985; la paulatina desaparición del pueblo nukak y su desplazamiento forzado a partir de 1987, y el despojo de tierras y las masacres en Urabá en 1988. Forensis Architecture es una agencia de investigación con sede en Londres, que ha llevado a cabo ambiciosas investigaciones de reconstrucción forense desde el aprovechamiento tecnológico que, incluso, han sido recibidas por Naciones Unidas. La exposición, que estará abierta para todo público de forma gratuita hasta el 25 de abril de 2022, es estremecedora y está llena de videos, testimonios y hallazgos de estos tres episodios de violencia en el marco del conflicto armado.
¿Encubiertos?
Uno de los episodios más interesantes de esta investigación sobre el holocausto del Palacio de Justicia que lideró la Comisión de la Verdad es que se logró documentar, a través de la sincronización de videos de la época y varios más que permanecieron inéditos hasta hoy, la presencia de presuntos agentes encubiertos del Estado, vestidos de civil, que ayudaron a trasladar a la Casa del Florero a muchos de los sobrevivientes de estos hechos. Uno de estos supuestos agentes, de barba pronunciada, por ejemplo, se ve en varios videos junto a personas que salieron con vida del Palacio y que posteriormente terminaron en camionetas oficiales o llevados al Cantón Norte para ser interrogados. Además, se logra una reconstrucción en 3D de los lugares de las torturas que tuvieron lugar en esa sede militar. Se trata de una veta muy interesante de esta investigación que podría interesarle a la Fiscalía, donde todavía quedan abiertos algunos expedientes.
Mordaza
Muy mal le salió al Congreso la aprobación del artículo 68 de la Ley Anticorrupción que pretendía una forma de censura a la prensa. A pesar de la polémica, de las advertencias de la Fundación para la Libertad de Prensa y de organizaciones de la sociedad civil, el lunes pasado se aprobó esta norma cuya ponencia defendió a capa y espada el senador de Cambio Radical César Lorduy. Para los expertos, esta es la revancha de la más rancia clase política contra la prensa que ha destapado múltiples escándalos como el de Centros Poblados o el presunto plagio en la tesis de maestría de la presidenta de la Cámara, Jénnifer Arias. La cosa salió tan mal, que hasta el presidente Duque dijo que iba a objetar esa ley y el viernes trascendió que los conciliadores de Cámara y Senado habían llegado a un acuerdo para retirar ese artículo.
¡Qué horror!
El pasado 1° de diciembre, durante la condecoración Enrique Low Murtra, el fiscal Francisco Barbosa señaló lo siguiente: “Yo le decía a la señora vicefiscal que cada día que hay críticas a la acción de la Fiscalía General de la Nación siempre hay que encontrar detrás de esas críticas a algún delincuente parapetado”. Esta declaración se vino a conocer el viernes 10 de diciembre y las críticas no se hicieron esperar. Cuando los periodistas buscaron al fiscal para que explicara se informó que Barbosa no hablaría del tema. A esto se suman las denuncias de la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco, de que la Fiscalía estaría buscando conocer la identidad de una fuente del noticiero en desarrollo de una investigación sobre el Acueducto de Bogotá publicada hace ocho años. Si la información es pública, ¿para qué investigadores judiciales tendrían que ir a las instalaciones del noticiero a hacer una inspección para sacar la información con “cadena de custodia”?
¿Reparación?
Aunque la Fiscalía ya anunció que no le concederá un principio de oportunidad al empresario Carlos Mattos, acusado de sobornar a jueces y funcionarios judiciales, sus abogados están tratando de configurar una propuesta de arreglo económico que les permita viabilizar un preacuerdo con la Fiscalía. Todavía no están claros los detalles de la propuesta, pero esta sección conoció que en enero se buscaría formalizarla a través de un documento a la Fiscalía. No se descarta, incluso, que Mattos acepte pagar una millonaria indemnización para reparar de inmediato a las víctimas.
La semilla
En 2014, cuando el entonces alcalde de Montería Carlos Correa daba sus primeros pasos en el sector público, tuvo la idea de construir una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) para la capital cordobesa: la primera en la región Caribe colombiana. Casi ocho años después de esta iniciativa, y gracias a la inversión de $45.000 millones por parte de la empresa operadora Veolia, Montería estrenará una Ptar de última generación, la cual sería la séptima en operación más grande del país. Lo curioso es que uno de los invitados a la inauguración, el 13 de diciembre, será Carlos Correa que, ahora como ministro de Ambiente y gracias a recursos privados, verá el retoño de la semilla que plantó.
MICROLINGOTES
Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ
La unión hace la Fortaleza y el Unión hace la trampa.
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Lo que se necesita es una Farc sin Iva… sin Iván Márquez.
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El pasaporte es un medio de identificación del viajero que ya no se USA.
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Ahora la libertad de expresión va a quedar en Cámara… lenta.
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Algunas mujeres no quieren ser amadas, se conforman con ser queridas.
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¿Por qué los argentinos se quejan de la falta de dinero si tienen el rio de la Plata?
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