El juego
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La polarización sigue marcando el destino de América Latina. Así quedó en evidencia en las elecciones presidenciales de Ecuador -que, finalmente, ganó el candidato de derecha Guillermo Lasso– y de Perú, donde pasaron a segunda vuelta dos candidatos de extrema: el sindicalista Pedro Castillo y Keiko Fujimori, heredera del expresidente Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia de ese país. Keiko ya anticipó que de ser elegida indultará a su papá, que hoy tiene 82 años. Pues bien, esa línea parecería repetirse en las elecciones de 2022 en Colombia. De hecho, algunos anticipan que los extremos en el país se acentuarán para radicalizar sus bases electorales, esto es, el candidato del uribismo, que podría ser Tomás Uribe, tal como Keiko en Perú, y Gustavo Petro. La gran pregunta es: ¿qué hará el centro cuando uno de sus candidatos más opcionados será imputado el próximo 5 de mayo por la Fiscalía?
La ponencia
La Corte Constitucional está trabajando a marchas forzadas para resolver cuanto antes la tutela que interpuso la defensa del exgobernador Luis Alfredo Ramos, procesado por la parapolítica, y que sacó al magistrado de la Corte Suprema Ariel Torres de la discusión de ese caso en la Sala de Juzgamiento de ese alto tribunal. Esa tutela, que fue fallada por el Consejo de la Judicatura, causó un choque de trenes y básicamente determinó que como el sentido de la ponencia de Torres se había conocido en medios, este magistrado estaba impedido. Pues bien, el despacho del magistrado de la Constitucional José Fernando Reyes ya está elaborando un proyecto de fallo que pedirá tumbar esa tutela de la Judicatura y reintegrar al magistrado Torres al proceso de Ramos cuanto antes. El magistrado Torres siempre ha dicho que lo sacaron de ese proceso de forma arbitraria.
El pulso
Ha sido la jefa de gabinete del gobierno Duque, María Paula Correa, quien ha estado más activa en la negociación internacional de las candidaturas de dos nombres colombianos, con muy buenas hojas de vida, muy cercanos al uribismo y quienes aspiran a importantes posiciones internacionales. Se trata del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien aspira al CAF, y el exmagistrado de la Corte Constitucional Carlos Bernal, quien aspira a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hoy existen tres vacantes y hasta ahora hay tres postulaciones. El lío es que, según les han dicho a Correa y al alto gobierno, es muy difícil lograr ambos puestos y hacer moñona. ¿A quién preferirá colocar el expresidente Uribe?
Tras las rejas
Esta semana fue condenada a 12 años de prisión la exalcaldesa de Cartagena Judith Pinedo, más conocida como Mariamulata. La decisión fue tomada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena. Aunque en primera instancia había sido absuelta, en esta ocasión el tribunal reversó ese fallo y ordenó su captura. El asunto es que en La Heroica muchos especulan que a la exalcaldesa le están cobrando sus posiciones independientes y su gestión contra la corrupción en el pasado. Además, se dice que los magistrados que la condenaron son fichas de los exmagistrados cartageneros Francisco Ricaurte, hoy condenado por el cartel de la toga, y Gustavo Malo, también en juicio por la misma razón. Mientras los rumores siguen, Mariamulata estará en la cárcel.
El “lobby”
La Casa de Nariño anda en campaña para que la Corte Constitucional le dé el beneplácito al Código Electoral, una reforma legal que si bien busca modernizar el sistema electoral e implantar el voto electrónico (expertos señalan que eso tiene muchos riesgos), también le otorga muchos poderes al registrador nacional, Alexánder Vega Rocha. Por ejemplo, un alto poder de burocracia. El expediente le correspondió al magistrado Jorge Enrique Ibáñez. Varios emisarios de Palacio y de la coalición de gobierno están moviéndose para ello. A propósito del alto tribunal, este viernes se le dio un portazo definitivo a la petición del Gobierno de que se seleccionara la tutela de la Corte Suprema que protegió las protestas ciudadanas de la brutal respuesta de la Fuerza Pública. De esta manera, el Gobierno tendrá que acatar las órdenes de los jueces.
Un “Frankestein”
La noticia de la semana fue finalmente la radicación de la reforma tributaria del Gobierno. El solo título del proyecto, “por medio de la cual se consolida una infraestructura de equidad fiscalmente sostenible para fortalecer la política de erradicación de la pobreza, a través de la redefinición de la regla fiscal, el fortalecimiento y la focalización del gasto social y la redistribución de cargas tributarias y ambientales con criterios de solidaridad y que permitan atender los efectos generados por la pandemia y se dictan otras disposiciones”, ya deja al lector cansado y preocupado. En el interior del Gobierno hay una fragmentación del poder entre los técnicos al mando del ministro Alberto Carrasquilla y el Palacio de Nariño, con la visión política del Centro Democrático y las cuentas del próximo año. El lío es que los liberales de César Gaviria y la línea dura del exvicepresidente Germán Vargas ya dijeron que no respaldarán la iniciativa. Los expertos dicen que seguramente va a pasar la reforma, pero muy distinta a la presentada. Una especie de Frankestein en año electoral.
Propuesta fallida
La ANDI le presentó al país una propuesta muy moderada de reforma tributaria que, aunque no acogió el Gobierno, seguramente será el punto medio para lograr un consenso en el Congreso. Una de las ideas interesantes de la ANDI es adelantar una enajenación de activos de la nación, que en su conjunto pueda recoger hasta $15 billones para ser utilizados en el fondeo inmediato de programas, como Ingreso Solidario y el PAEF, para garantizar las nóminas de las empresas. Detrás de esta propuesta hay ideas que ha venido planteando el exministro Rudolf Hommes. Por ejemplo, modificar la ley para permitir que la nación pueda vender su participación en Ecopetrol sin perder el control ni bajar del 51 %. Esta sería una posibilidad de reducir deuda con el producto de la venta de una minoría de acciones de la petrolera. Las cuentas de Hommes son las siguientes: el valor de Ecopetrol es de US$40.000 millones, aproximadamente. Hoy la nación es dueña del 88 %. Es decir, se podría vender el 37 %, que correspondería a casi US$15 mil millones.
El delegado
Juan Sebastián González es el hombre clave del presidente Joe Biden para América Latina: conoce muy bien la región y tiene experiencia en la burocracia y los pasillos del poder de Washington. A sus 45 años este alto funcionario norteamericano, nacido en Cartagena, tiene toda la confianza de Biden. Esta semana González se reunió a puerta cerrada con el presidente Iván Duque y su guardia pretoriana. Según se dice, se llevó una muy buena impresión de la jefa de gabinete, María Paula Correa. También se dice que González le hizo énfasis al Gobierno en la importancia de cumplir el punto número cuatro del Acuerdo de Paz con las Farc, en el sentido de que la fumigación con glifosato era el último recurso. Algo va de Trump a Biden.
