¿Nuevo fiscal ya?
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Aunque el período de Francisco Barbosa acaba en febrero de 2024, hay rumores de que el gobierno Petro presentará pronto la terna para reemplazarlo. Como ocurrió con la procuradora Margarita Cabello, quien fue ternada y elegida casi cinco meses antes de tomar posesión, lo que en la práctica dejó al anterior procurador, Fernando Carrillo, sin mucho margen de maniobra, conocedores del asunto sostienen que se podría repetir la movida. Y uno de los nombres que suena con fuerza para integrar dicha terna es el de Héctor Carvajal Londoño, el famoso abogado que logró sentar al presidente Petro con el expresidente Álvaro Uribe. Carvajal es conjuez de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, pero su paso por el sector público es de apenas un año, cuando fue fiscal ante el Tribunal en 1993. Quienes lo conocen dicen que fue clave en el proceso de defensa de Petro ante su destitución por el procurador Alejandro Ordóñez, pero que también es muy cercano a los hijos de Álvaro Uribe Vélez y ha sido abogado, entre otros, del congresista Ape Cuello y de Oneida Pinto.
¿Y la plata?
Este semestre será clave para darles rumbo a los proyectos del gobierno Petro. Sin embargo, empieza a haber preocupación en varios sectores políticos por la democracia plebiscitaria y populista que ya se anuncia con contratos, puestos y subsidios. Los ejemplos están ahí: el programa de subsidios de $500.000 mensuales a madres cabezas de familia y los 100.000 jóvenes que esperan subsidiar por $1 millón, la rebaja de la prima del SOAT, el costo fiscal de no aprobar el aumento por inflación de los peajes nacionales; el manejo de los recursos de la salud si se aprueba la reforma de la ministra Carolina Corcho; subsidios a la minería pequeña y artesanal, y a la generación comunitaria de energía; el gasto público con las cotizaciones pensionales, que manejará Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, entre otro largo etcétera. La gran pregunta es ¿de dónde saldrán los recursos para financiar todo esto si en Davos (Suiza), el gobierno Petro ratificó que se le cortará el chorro a la explotación de hidrocarburos (principal fuente de la chequera del país)?
Los contratos
Debido a la inflexibilidad de la carrera administrativa, a lo largo de los años las entidades públicas consiguieron talento a través de contratos de orden o prestación de servicios (OPS), que hoy se conocen como “nóminas paralelas”. Si bien la idea de formalizarlos es buena y protege a los que trabajan, en la práctica la propuesta ha generado más problemas que soluciones. Las circulares de Función Pública y Colombia Compra Eficiente no ayudaron mucho. Tanto el Gobierno Nacional como los departamentales y municipales están paralizados y los pocos contratos firmados solo pueden durar cuatro meses, mientras se hacen los estudios para ampliar las plantas de personal. Ese tipo de contratos no solo se utilizaban para contratar familiares, amigos o parejas de los contratantes, sino también asesores muy calificados. La prohibición de hacer contratos de OPS con personas naturales por más de cuatro meses hará que el inicio operativo del año 2023 no suceda sino hasta mayo. Mucho contratista bueno no aguantará.
Movidas políticas
El poder y protagonismo que ha venido ganando en los últimos meses la primera dama, Verónica Alcocer, es innegable. Hay quienes aseguran que ella está en campaña política para subir su perfil y después tener vuelo propio más allá de ser la esposa del presidente. Sostienen esas mismas fuentes que su reciente reunión con el papa Francisco en el Vaticano evidencia esas aspiraciones. Ella no tendría inhabilidad legal para hacer campaña desde su despacho, si así lo quisiera. Pero en la fila por el poder hay otras dos mujeres: la alcaldesa Claudia López y la vicepresidenta Francia Márquez. Parece que en Palacio se opusieron a fortalecer el nuevo Ministerio de la Igualdad, de Márquez, con la adscripción a este del Departamento de Prosperidad Social y el ICBF, que es donde está la plata. Como se sabe, Concha Baracaldo, directora del ICBF, llegó a su cargo por su cercanía con la primera dama. En esas ecuaciones de poder, dos últimas perlas: dicen que Roy Barreras, presidente del Senado, también candidato para el 2026, está perdiendo cercanía con Petro y que Gustavo Bolívar no estaría pensando en lanzarse a la Alcaldía de Bogotá, sino en suceder a Petro.
¿Enroques?
Sigue el ruido en torno a Ecopetrol. A pesar del gran apoyo del ministro Ocampo, es probable que haya un cambio en la dirección de la compañía tras la asamblea ordinaria de marzo próximo. Felipe Bayón ha sido el mejor presidente de la petrolera en términos de resultados, pero cercanos al presidente Petro le siguen haciendo la guerra. Aunque se habla con insistencia de que un posible reemplazo de Bayón sería Ricardo Roa Barragán, exgerente de la campaña Petro Presidente, apareció otro nombre: Saúl Kattan, presidente de la junta directiva, quien viajó a Davos (Suiza) en el avión presidencial con Petro. Según estos rumores, Kattan sería el presidente y Roa iría para ISA, filial de Ecopetrol.
Líos por la paz
Existe un diálogo de sordos entre Danilo Rueda, comisionado de Paz, y el fiscal Francisco Barbosa en relación con la paz total. Mientras que el Gobierno solicitó la suspensión de las órdenes de captura para criminales de alto impacto con base en la Ley 2272 de 2022, por medio de la cual se modificó la Ley 418 de 1997, que define la política de paz de Estado y crea el servicio social para la paz, el argumento de Barbosa, apoyado por el exfiscal Alfonso Gómez Méndez, es que no se les puede dar estatus político a quienes no han cometido delitos políticos. Los entendidos le dan la razón al Gobierno, pues la nueva ley distingue claramente dos grupos: quienes cometieron delitos políticos como el Eln, y quienes no lo hicieron, como el Clan del Golfo. Para los primeros puede haber proceso de paz negociada y justicia transicional, mientras que para los segundos solo hay rebaja de penas y sometimiento a la justicia, en los términos que apruebe el Congreso. En lo que ambas partes sí no tienen duda es en que los narcotraficantes no son delincuentes políticos.
Minería popular
Hildebrando Vélez, padre de Irene Vélez, ministra de Minas y Energía, es su principal defensor y asesor y se ha convertido en una especie de jefe de personal del ministerio. Además, pocos entienden la reforma al Código de Minas para acabar con la gran minería y promover la pequeña minería y la artesanal y lo que se llama ahora “generación comunitaria”, para que comunidades indígenas, barrios y veredas del Caribe transformen los espacios y el techo de sus casas en paneles solares y generen su energía. En todo caso, más allá de los líos en la forma de comunicar estas iniciativas, lo cierto es que van porque van. Hace un mes el Banco Mundial aprobó un crédito de US$1.000 millones para Colombia con el fin de acelerar la transición energética y, en noviembre pasado, el Ministerio de Hacienda envió al Climate Investment Fund un plan de inversión para acceder a US$70 millones de recursos del Programa de Integración de Energías Renovables.
Jubilado y realizado
Con motivo de la cátedra Connectas para editores latinoamericanos está en Bogotá el célebre periodista estadounidense Martin Baron, quien fuera director del diario The Washington Post durante más de ocho años (2012-2021). Nos contó que está en la fase final de su libro en el que analiza la colisión de poderes que significó trabajar en uno de los medios de comunicación más influyentes del mundo y cumplir órdenes del nuevo dueño: Jeff Bezos, magnate propietario de Amazon. También contará el trasfondo de las investigaciones sobre el gobierno de Donald Trump. La obra será publicada en inglés en octubre. Baron se pensionó hace un año y, luego de la campaña promocional, cumplirá un sueño: recorrer Latinoamérica para perfeccionar su español y conocer una región que siempre le ha llamado la atención. No es un turista de hotel y playa, sino de cabaña y caminata. De Medellín, por ejemplo, lo que más le gustó fue caminar por la Comuna 13.
Malestar en la JEP
Muchos contratistas de la JEP están pensando en demandar a la entidad por incumplimientos en el pago de sus honorarios, que se demoran en promedio de 15 a 20 días después de radicar una cuenta de cobro y subir la información al SIGEP. Y, además, aún les deben el pago de diciembre de 2022. Las voces de inconformismo plantean la necesidad de conformar un sindicato, siguiendo la experiencia de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD).
MICROLINGOTES
Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ
El pobre Mindefensa pasó de Guatemala a Guatepeor.
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En nuestra Fiscalía tuvimos una Tocorruncho y en la de Guatemala hay un Curruchiche.
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A Coltejer no lo salvó ni una tutela.
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¿Cuándo el Perú conseguirá un Pisco para presidente?
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Me aseguran que la lápida de Jesús Santrich, dice: “Sin Memoriam”.
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A Chile, Perú y Bolivia los llaman “El encono sur”.
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Por Redacción de El Espectador
