Fin de campaña
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El exministro Sergio Díaz Granados, candidato de Colombia para la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), ha estado en una agitada gira por el continente esta semana, en la que ha logrado que ya nueve países le hayan declarado públicamente su apoyo, y tiene dos más firmes, lo que asegura su triunfo el próximo 5 de julio. Argentina continúa aferrado a cruzarse en su camino, apelando a la carta peruana, que tiene doble voto, bajo la tesis de que habrá cambio de gobierno en ese país. Ya intentó, sin suerte, aplazar la votación, y ahora ha metido presión publicando fotos de una reunión virtual esta semana del candidato Christian Asinelli con el equipo de Pedro Castillo, quien ni siquiera ha sido declarado ganador. Patadas de ahogado. Con los votos asegurados para su elección, Díaz Granados ha estado más bien enfocado en lo importante que sería lograr que sea una elección de consenso para sacar al CAF de la polarización entre dos bloques en que ha caído. En su discurso ante el directorio, el 1° de julio, insistirá en la importancia de tener estabilidad en el directorio para trabajar con los accionistas sin excepción.
Tragedia familiar
La única reunión un poco tensa que tuvo Díaz Granados en su periplo fue en Paraguay, y no porque no le dieran el apoyo a su candidatura, que está asegurado. En la reunión con el ministro de Hacienda estaba presente también el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, quien se tuvo que retirar, cancelar su agenda y preparar viaje de urgencia a los Estados Unidos, pues su cuñada, Sophia López-Moreira, el marido de ella (el empresario Luis Pettengil) y otros familiares están entre las víctimas del colapso del edificio Champlain Towers, en el norte de Miami Beach.
A la deriva
Hace ya casi dos meses que salió el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, de su cargo como consecuencia de la crisis que desató la fallida reforma tributaria. A pesar del estallido social que generó dicha iniciativa, el Gobierno busca ubicar a Londoño en algún lado para no dejarlo, como se dice coloquialmente, “colgado de la brocha”. Primero se anunció como ministro de Comercio, pero pronto se abandonó esa idea insólita. Luego el Gobierno puso toda la fuerza para que fuera elegido en Naturgás, pero el exviceministro no habla inglés, requisito fundamental para el cargo. ¿Dónde terminará?
Apretada elección
Una fuerte puja se ha desatado en las votaciones para elegir al remplazo de Álvaro Namen en la sala de consulta del Consejo de Estado. Los protagonistas son el exprocurador Fernando Carrillo, que impulsa la candidatura de su excolaboradora Adriana Herrera, y José Andrés O’Meara, actual director de Colombia Compra Eficiente y candidato del gobierno del presidente Duque. El Consejo de Estado parece dividido entre quienes no consideran correcto que a la sala de consulta lleguen funcionarios del Gobierno y quienes no quieren en la corporación cuotas del exprocurador. Muchos se inclinan por buscar una tercería en los demás nombres que compiten.
Duque, según Íngrid
Muchas reflexiones dejó esta semana Íngrid Betancourt durante su paso por el país. Tanto en su visita al presidente Duque como en la Comisión de la Verdad y en declaraciones a diferentes medios se le vio sincera, generosa y, al tiempo, decepcionada con la política electoral. Indicó que esta última ha sido una maldición en su vida. Les cantó la tabla a los de las antiguas Farc, pero también le dijo sus verdades a su amigo Gustavo Petro. Vio a Duque cabizbajo, muy solo y avasallado por las dificultades de su gobierno en medio de una pandemia feroz. También se sorprendió con el grado de odio y polarización, y se actualizó sobre los palos en la rueda que este Gobierno le ha puesto a la implementación del Acuerdo de Paz. Lo que más la asombró es que el presidente, símbolo de la unidad nacional, no haya convocado a todos los expresidentes vivos, amigos y enemigos, para buscar soluciones a la grave crisis social, económica y política que aqueja al país.
Virtualidad
Mientras el Ejecutivo, por cuenta de los avances de la vacunación, promovió una directiva del 9 de junio pasado para el retorno a la presencialidad y varias entidades de control, como la Procuraduría y la Fiscalía, están solicitando lo propio de sus empleados, hay malestar entre los funcionarios de estos organismos, pues consideran que la virtualidad ha funcionado muy bien y ha evitado contagios de COVID; además, consideran que una cifra de casi 700 muertos diarios por esta pandemia no es compatible con la idea del regreso que promueve el Gobierno. Los funcionarios de la rama Judicial tampoco quieren regresar. Se suma una carta enviada esta semana al Consejo de la Judicatura por la Corporación Excelencia en la Justicia y el Colegio de Abogados Penalistas. Piden que se aplace el retorno y se continúe en la virtualidad. Señalan que con la pandemia hubo un crecimiento exponencial en las audiencias públicas, “al pasar de 22.978 en 2019 a 229.483 en 2020”. La directiva presidencial, hoy criticada, parece que no llegó al Congreso, que sigue votando leyes por Zoom.
Se le dijo
Amigos y asesores de Margarita Cabello expertos en el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA le dijeron, más de una vez, que en su proyecto de reforma a la Procuraduría para cumplir la sentencia del caso Gustavo Petro no era necesario crear más burocracia ni los casi $90.000 millones al año que costarán estos cambios. En vez de estructurar un proyecto que le diera al Consejo de Estado la facultad de proferir las destituciones e inhabilidades, algo posible con lo requerido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la procuradora mantuvo el poder bajo su batuta. Lo grave es que como esta reforma, que apoyaron las mayorías del Gobierno en el Congreso, va en contravía de la convención que firmó Colombia, es muy probable que se caiga en la Corte Constitucional.
El columnista
Como columnista en El Tiempo, Germán Vargas Lleras, exvicepresidente y jefe de Cambio Radical, se reencauchó en el centro del poder político. Aunque el viernes se especuló que les comunicó a sus colaboradores que no va a postularse a las presidenciales de 2022, muchos observan en sus columnas la antesala de la candidatura. Vargas fustiga con dureza al Gobierno y a sus aliados. En la del domingo pasado le sugiere al Gobierno —en el cual su partido tiene cuatro ministerios— que objete la reforma a la Procuraduría y la reforma a la justicia por inconvenientes e inconstitucionales y porque son una burla a la austeridad. Lo que pocos saben es que, a pesar de esos vainazos, cercanos alfiles suyos continúan enviando hojas de vida al Ministerio de Justicia, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Esta semana, en su columna de este diario, Cecilia Orozco dio a conocer que el abogado Iván Cancino, defensor del exgobernador y senador Richard Aguilar, llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, recibió dos contratos de la Gobernación de Santander por $95 millones para que asesorara al departamento. El asunto es que el hoy gobernador de Santander es Mauricio Aguilar, hermano de Richard, y eso no tiene buena presentación. Esta sección investigó y supo que Sócrates Saavedra Ardila —otro de los abogados de Richard Aguilar— también recibió dos contratos: el primero el 28 de agosto de 2020 y el segundo el 13 de febrero de 2021, que suman $60 millones. Los contratos a los abogados de Aguilar le costaron a Santander $155 millones. La crítica no es contra Cancino ni Saavedra, que son competentes e idóneos, sino contra el gobernador Aguilar, que los autorizó.
MICROLINGOTES
Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ
Brasil, a costa de Colombia, se fue de Copa… al Var.
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¿Qué tal un árbitro Pitana que no pita na?
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Con esos candidatos, el Centro Democrático ¿está en sus Cabal… es?
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Carlos Chamorro ganó el premio Ortega y Gasset. Hoy es víctima de Ortega y Rosario.
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A Ingrid Betancourt la liberaron y quedó sin esposas y sin esposo.
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La cama también es una tabla de multiplicar.
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