El ungido
Gánale la carrera a la desinformación NO TE QUEDES CON LAS GANAS DE LEER ESTE ARTÍCULO
¿Ya tienes una cuenta? Inicia sesión para continuar
Esta semana se dio a conocer el listado de 81 candidatos inscritos ante la Corte Suprema de Justicia que buscan integrar una terna para reemplazar a Gloria Ortiz, magistrada de la Corte Constitucional, quien termina su período en julio próximo. Entre los inscritos aparecen personajes como Pedro Aguilar León, quien ha sido abogado, entre otros, del exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno. También hay juristas muy cercanos al uribismo, como Marco Antonio Velilla, exmagistrado del Consejo de Estado, y otros muy afines al santismo, como Guillermo Rivera Flórez, excongresista y exministro del Interior. Por supuesto, hay un listado extenso de abogados de primera categoría y las más altas calidades, pero desde ya picó en punta Álvaro Namén Vargas, expresidente del Consejo de Estado. Según se dice, tiene el respaldo de varios jefes de organismos de control que tienen muy buenas amistades en la Corte Suprema. Y, al parecer, también tendría el visto bueno de la Casa de Nariño.
Acuerdo aplazado
Francia Márquez, candidata a la vicepresidencia, ha dado unas declaraciones muy fuertes contra el expresidente César Gaviria. Estas han caído muy bien en los sectores progresistas del Pacto Histórico, pero aplazaron una posible alianza del liberalismo con Gustavo Petro. De todas maneras, lo que más molestó a Gaviria no fue que le dijera neoliberal, sino que Márquez no reconociera que fue un defensor del proceso de paz con el M-19, arquitecto de la Constitución de 1991 y escudero de Juan Manuel Santos en el proceso de paz con las antiguas Farc. En todo caso, este escenario le sirvió de excusa a Gaviria para no precipitarse en su acuerdo programático con el candidato que puntea en todas las encuestas. Dicho acuerdo incluiría la no realización de una Constituyente, la no reelección, el apoyo al Acuerdo de Paz y la realización de reformas estructurales en materia tributaria, política, laboral y pensional.
La fiscal I
El gran escándalo de esta semana corrió por cuenta de las denuncias de la fiscal seccional Angélica Monsalve Gaviria, quien reclamó que fue trasladada a Putumayo luego de radicar audiencia de imputación de cargos contra los empresarios Carlos y Javier Ríos y su sobrino, Felipe Ríos, exconcejal de Bogotá. El caso se relaciona con un multimillonario contrato de concesión que se otorgó en 2011 para el recaudo del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá. Como Felipe Ríos era concejal en esa época, sus tíos no podían participar de ese negocio. La fiscal Monsalve aseguró que tiene pruebas de que sí lo hicieron a través de unas compañías extranjeras que controlaban a la sombra y que cuando solicitó audiencia para imputarlos fue objeto de presiones de todo tipo. Al punto que apenas tres semanas después fue trasladada por “necesidad del servicio” a Mocoa.
La fiscal II
Tras el escándalo desatado por sus denuncias, que salpicaron a la Fiscalía de Francisco Barbosa, al exfiscal Néstor Humberto Martínez, al empresario Alberto Ríos y a Rodrigo Noguera, rector de la Sergio Arboleda, hubo revuelo nacional. Más allá de la controversia, lo cierto es que una de las pruebas que tiene bajo el brazo la fiscal Angélica Monsalve para asegurar que la familia Ríos sí era dueña a la sombra del negocio del recaudo de transporte es un informe de policía judicial de 29 páginas elaborado el 18 de febrero pasado. Luego de revisar papel por papel en el expediente que adelantó la Superintendencia de Sociedades por el mismo tema y que archivó hace un año, la Fiscalía concluyó que se dejaron de lado evidencias claves. El último párrafo del informe dice lo siguiente: “No se prestó atención a los contratos entre Recaudo Bogotá y Data Tools S.A. y Recaudo Bogotá y EDTM Konsultores realizados del 2011 al 2015, entre otros, que obran en el expediente de la Superintendencia de Sociedades; esto puede ser evidencia de que los Ríos Velilla se benefician, asesoran y son garantes de las operaciones de Recaudo Bogotá SAS”.
Refuerzo al fútbol
En la reciente reunión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Comité de Libertad Sindical, se tramitó la queja que presentó la Asociación de Futbolistas Colombianos (Acolfutpro), con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), por la omisión del Gobierno de Colombia, en cabeza del Ministerio del Trabajo, de garantizar el derecho a la negociación colectiva del pliego de peticiones que presentaron los futbolistas ante la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor desde el 11 de septiembre de 2019. Para este caso, designado como el n.° 3423, el comité aprobó medidas especiales, incluyendo un procedimiento de conciliación voluntaria y acompañamiento al Gobierno, con la participación directa de un representante que será designado por el Comité de Libertad Sindical, quien vendrá desde Ginebra (Suiza), para adelantar esta labor. Esta determinación de la OIT refuerza la posición del Ministerio del Trabajo, que resolvió continuar con la investigación administrativa por la presunta negativa a negociar por parte de la FCF y la Dimayor. ¿Será que los directivos y futbolistas por fin se sentarán a concertar un acuerdo colectivo tal como opera en otros países desde hace muchos años?
Jalón de orejas
A cuatro meses de terminar su mandato, el gobierno Duque recibió otro jalón de orejas por el recrudecimiento del conflicto. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en su informe “Retos humanitarios 2022”, concluyó que el pico más alto de violencia en Colombia en los últimos cinco años se alcanzó en 2021, en el contexto de las secuelas que la violencia armada y otras vulnerabilidades sociales le han dejado al país. De acuerdo con el CICR, la pobreza y deficiente presencia estatal en los territorios fueron factores que aumentaron la crisis humanitaria de comunidades que vieron cómo los grupos armados irrumpieron en sus hogares, escuelas, centros de salud y lugares de culto, sin respeto alguno por el principio de precaución, uno de los ejes del derecho internacional humanitario. Una vez más, el gobierno de Duque se raja frente a las evaluaciones de los organismos internacionales.
Un especialista I
Se supo que el colombiano Pablo de Greiff fue nombrado como miembro de la Comisión de Investigación para Ucrania, aprobada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar posibles violaciones de derechos humanos durante la invasión rusa., junto con el noruego Erik Mose y Jasminka Dzumhur, de Bosnia-Herzegovina, Lo que pocos saben es que el trabajo de los últimos 20 años de este abogado le ha permitido ayudar a Colombia a través del no gubernamental centro Guernica 37, que desde Londres apoya a países en conflicto. Esa entidad, de la que es asociado, ha apoyado a comunidades étnicas y rurales del norte del Cauca, Buenaventura, Montes de María y Putumayo, en su lucha por reclamar sus derechos y buscar la rendición de cuentas por las violaciones que han sufrido a través de Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz.
Un especialista II
El centro Guernica 37 también se ha asociado con el Instituto de Estudios Interculturales (IEI) de la Universidad Javeriana de Cali para producir informes sobre patrones criminales, al tiempo que ofrece servicios de capacitación y asesoramiento a las autoridades colombianas. Además, suscribió un acuerdo de asesoría con la Procuraduría General de la Nación durante mandato de Fernando Carrillo, en 2019, para hacer seguimiento al Acuerdo de Paz con las Farc.
MICROLINGOTES
Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ
La Selección Colombia ni Rueda ni truena.
……
Lo habíamos dicho, el único que iba a Catar era James.
…..
Enrique Gómez no se ha dado cuenta que él es del Viejo Siglo.
……
Quien está tirándose San Andrés es una constructora que se llama Delitos Urbanos.
…….
Le critican a la vicepresidenta como habla. Ella no se expresa en español sino en el idioma de Francia.
…..
A los rusos ya no les alcanzan los rubros ni para un mercado común.
…….
