Alto turmequé: de viajes, reuniones y prescripciones
Los mejores confidenciales sobre el poder en Colombia.
La visita I
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La visita I
Muy preocupados se han visto los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el grado de polarización y excesos que han encontrado en su visita al país. Si bien han escuchado de manera imparcial a todas las partes: al Gobierno, las víctimas, los jóvenes, al Comité del Paro y a varias organizaciones de la sociedad civil, expertos en derechos humanos consideran que el Gobierno saldrá muy mal librado de este examen de la OEA. El pasado no perdona. El embajador Alejandro Ordóñez, designado para el trabajo permanente con la CIDH, ha tenido varios desencuentros con ese organismo: empezando por la sanción al exalcalde Gustavo Petro cuando era procurador, que derivó en un fallo de la Corte Interamericana que hoy tiene al Gobierno y al Congreso analizando mecanismos para ajustar los procedimientos disciplinarios en la Procuraduría. Pero, además, Ordóñez trinó en noviembre de 2017 que la CIDH estaba conformada por “miembros de la izquierda internacional”. Es difícil construir confianza con esos antecedentes.
La visita II
Más allá de lo ocurrido con decenas de casos documentados de vandalismo y bloqueos injustificados y repudiables por parte de algunos civiles, lo cierto es que la CIDH valora la actuación de los Estados para enfrentar estas situaciones sociales. Es decir, la CIDH pone la lupa sobre los delitos cometidos por los agentes del Estado, pues los crímenes de los civiles deben ser investigados y juzgados por el sistema penal colombiano. Excepcionalmente la Corte Penal Internacional podría intervenir si no opera la justicia colombiana. Pero, al final del día, dicen los expertos, los obligados internacionalmente son los Estados, no los civiles. Con dos particularidades más: el antecedente del retiro de Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, de la audiencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya y la acusación de parcialidad de los magistrados de la CIDH. Un episodio que causó profundo malestar. Lo segundo es la postulación del exmagistrado Carlos Bernal Pulido a la CIDH, que no ha sido bien recibida, dadas sus convicciones ideológicas y religiosas.
Salidas económicas
Expertos en asuntos económicos le han recomendado al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, recurrir al artículo 347 de la Constitución, que dice que el Gobierno puede presentar un presupuesto desfinanciado para ser aprobado por el Congreso siempre y cuando presente una ley para financiar el faltante. Al gobierno Duque le suena la idea y lo que se haría sería mostrar todos los gastos que el Estado pretende realizar para atender este estallido social en el proyecto de ley del presupuesto para el año 2022. Así se lograría la creación de nuevas rentas o la modificación de las existentes para financiar el monto de los gastos contemplados. Los entendidos dicen que este mecanismo, que ha sido avalado varias veces por la Corte Constitucional, sería el más apropiado para la actual coyuntura.
Reunión fallida
La canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez había pensado convocar, por primera vez en este gobierno, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, integrada por los expresidentes Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe y Santos. Todo iba muy hasta que Santos comenzó a hablar de los falsos positivos en la celebración de los diez años de la Ley de Víctimas y ante la Comisión de la Verdad el viernes pasado. Sus palabras cayeron mal entre varios de sus colegas, en especial los que se opusieron con fiereza al proceso de paz con las Farc. Todo lo cual sirvió de excusa para que la reunión no se diera. De tal suerte que Uribe no se reunirá con Santos y Pastrana no lo hará con Santos ni muchísimo menos con Samper o Gaviria. Si alguno de ellos quiere aconsejar al presidente Duque, le tocará en reuniones privadas.
Reaparición
El próximo 4 de julio, al cumplirse treinta años de la Constitución de 1991, el exprocurador Fernando Carrillo lanzará un libro sobre el movimiento ciudadano del que hizo parte, que terminó en la séptima papeleta. Muchas anécdotas inéditas, minucias del tejemaneje político y conquistas de ese movimiento ciudadano quedaron retratadas en este libro, que cobra relevancia en medio de la coyuntura social. En este contexto, Carrillo, sumado a algunos empresarios y líderes sociales y estudiantiles, está aglutinando un movimiento ciudadano para reeditar lo ocurrido hace treinta años. Dicho movimiento busca crear una consulta popular de diez preguntas que encarnen las principales reformas sociales que le urgen a Colombia para salir de la crisis. El objetivo de esa movida ciudadana, que ya tiene el apoyo de varios rectores de universidades del país, es recoger dos millones de firmas en los próximos meses para llevar a la Registraduría y lograr esta consulta ciudadana, que necesitaría como mínimo cerca de doce millones de votos para hacerse realidad. En diciembre, si el cronograma alcanza, se buscaría hacer la consulta y, en caso de ser aprobada, sería la carta de navegación para el próximo Congreso y Gobierno elegidos en 2022. Eso sí, Carrillo asegura a pie juntillas que no será candidato presidencial.
Empantanado
Hace casi cuatro años que estalló el escándalo del cartel de la toga. Por las revelaciones del exfiscal Luis Gustavo Moreno se logró conocer cómo se había creado una organización para torcer expedientes o engavetar investigaciones en la cúpula de la Corte Suprema de Justicia. Debido a su fuero, el exmagistrado José Leonidas Bustos empezó a ser investigado por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes en octubre de 2017. El 13 de mayo de 2019, el representante Edward Rodríguez le presentó a la Comisión su proyecto de acusación contra Bustos y dos días después esa célula legislativa lo acusó formalmente. Tres meses después, el 13 de agosto de 2019, la plenaria de la Cámara aprobó esta acusación y envió su expediente al Senado para que valorara si lo declaraba indigno por los delitos de concierto para delinquir, cohecho y tráfico de influencias. Han pasado casi dos años y el Senado nada que resuelve el asunto, aunque hay un expediente robusto que incluye 37 pruebas testimoniales, 58 documentales, 17 informes de Policía Judicial y más de 4.000 páginas. Mientras tanto, el señor Bustos aparece desde el extranjero en audiencias virtuales para defender a su amigo Francisco Ricaurte, condenado ya por la justicia a 19 años de cárcel por estos mismos hechos. ¿Hasta cuándo?
La prescripción
Mucho revuelo causó esta semana la revelación de que cerca de 10.000 expedientes de la Procuraduría van rumbo a la impunidad. Esto por cuenta del Código Disciplinario que en su momento patrocinó el entonces procurador Alejandro Ordóñez. Si dicho Código, que logró ser aplazado durante varios años por el procurador Fernando Carrillo, entra en vigencia el próximo 1° de julio, muchos corruptos harán fiesta, pues sus investigaciones tendrán que cerrarse. Para evitar esta debacle judicial, la procuradora, Margarita Cabello, planteó una salida jurídica en la reforma que está votando el Congreso. El problema son las otras reformas que incluye esa norma, en donde, por ejemplo, se aumenta la nómina y burocracia de la entidad y, además, se les otorgan funciones de juez a funcionarios administrativos, lo cual resulta una burla para cumplir el fallo de la CIDH en el caso Petro. La Corte Constitucional está muy atenta al resultado de esta reforma.
MICROLINGOTES
Por: Óscar Alarcón Núñez
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