Votos para el CAF
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Más demoró el gobierno de Iván Duque en desechar su idea inicial de apoyar al exministro Alberto Carrasquilla y presentar más bien, en compañía de Ecuador y Perú, la candidatura del exministro Sergio Díaz-Granados para la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) que esta en tomar fuerza. A los pocos días del anuncio, las cuentas indicaban que Díaz-Granados tenía ya como mínimo 11 votos asegurados en el directorio (necesita 10 para ganar), mientras que su rival, el candidato argentino Christian Asinelli, apenas contaba con seis. Se frustraría así la intención de Argentina, secundada por Bolivia y Venezuela, de tomar control del CAF con la idea de convertirlo en el llamado “banco del sur”, aprovechando los escándalos recientes que llevaron a la renuncia anticipada del anterior presidente, el peruano Luis Carranza, quien habló del “interés de algunos países de interferir políticamente”.
Nuevo revés
La derrota del argentino Asinelli ante el colombiano Díaz-Granados sería la segunda de ese país en su intención de hacerse a un cargo directivo en una institución financiera multilateral. El año pasado, su candidato para suceder a Luis Alberto Moreno en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Gustavo Beliz, no despertó mayor interés. Ahora Asinelli, considerado un protegido de Beliz, se aferra a que la votación se postergue, a pesar de que está agendada para el próximo 5 de julio. Esto porque recibiría el auxilio del nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo, país que, como miembro fundador, tiene doble voto. Castillo asumirá apenas el 28 de julio.
Nada intocables
Después de la exitosa serie en televisión sobre la vida del general Óscar Naranjo, que generó en su momento tanta controversia entre los oficiales de la Policía que sirvieron con él, llegan nuevas historias del exvicepresidente, ahora en forma de libro. Con la investigación y pluma del periodista Ricardo Calderón, Se creían intocables presenta 12 historias de peligrosos criminales que cayeron en manos de la Policía durante la época del general. Alias Chupeta, alias el Loco Barrera o David Murcia, entre otros.
El pagaré
Hace dos semanas el periodista Daniel Coronell publicó en su columna del portal Los Danieles una conversación muy gráfica del abogado Diego Cadena, hoy en detención domiciliaria, con un coronel que integra el equipo de seguridad del expresidente Álvaro Uribe. En dicha charla, de hace tres años, se habla sobre el avión privado de Cadena, quien se lo ofrece al oficial así: “Dígame cuándo y dónde se lo parqueo con champañita y todo”. Pues esa opulencia hoy tiene otro rostro. El 2 de octubre pasado un juzgado de Cali ordenó que Cadena le pagara al banco Itau $43 millones por un pagaré que tenía “como fecha de vencimiento el 16 de diciembre de 2019”. Además, lo obligó a pagar los intereses causados por su incumplimiento.
Burocracia
En tiempos de recesión y desempleo, parece que el ajuste fiscal fuera para todo el mundo menos para la Registraduría, la Defensoría y la Procuraduría. Tres proyectos de creación de cargos pasaron fácilmente en el Congreso. El primero, que incrementa la nómina en la Registraduría. El segundo, en el proyecto de reforma a la justicia que tiene varios orangutanes con nombre propio, el defensor Carlos Camargo logró incluir la creación de cerca de 1.000 puestos para que cada municipio del país tenga defensor municipal. Y el tercero, la reforma impulsada por la procuradora Cabello, logró la creación de cerca de 600 cargos. La Corte Constitucional revisará estas normas y eventualmente recortará el apetito burocrático de los jefes de estas “ías”.
En apuros
Dos congresistas de Santander están en apuros judiciales. El primero es Richard Aguilar, quien el pasado 11 de junio declaró ante la Corte Suprema de Justicia. Lo investigan por presuntas irregularidades en millonarios contratos que adjudicó cuando era gobernador de ese departamento. La exsecretaria de Infraestructura de Santander Claudia Yaneth Toledo y su esposo, Lenin Darío Pardo, son los testigos estelares en este expediente. El otro parlamentario enredado es Edwin Ballesteros, exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander. Esta semana fue llamado a indagatoria por la Corte. Y aunque los dos dirigentes se juran inocentes, hay evidencias que los salpican en malos manejos.
Prioridades
Aunque se trataba de un proyecto para implementar el capítulo uno del Acuerdo de Paz, la jurisdicción agraria se hundió en el Congreso. Otras prioridades se llevaron los honores de la agenda de nuestros parlamentarios. Por ejemplo, elevar a Puerto Colombia a Distrito Turístico, crear la Fiesta Nacional del Campo y la Cosecha, proteger el patrimonio espeleológico, regular el uso industrial y comercial del cáñamo y rendirle honores al carriel de Jericó. El único funcionario que apoyó realmente la iniciativa de la jurisdicción agraria fue Emilio Archila, consejero para la Estabilización y Consolidación.
La puja
Hace varias semanas la Sala Plena del Consejo de Estado trata de elegir tres vacantes en las secciones Quinta, Tercera y la Sala de Consulta. El lío es que se necesitan 21 votos para salir elegido. En la Sala de Consulta la puja está muy apretada: Jorge Enrique Sánchez Medina, quien hoy es magistrado auxiliar en ese alto tribunal. Y en varias rondas su nombre ha sido puesto en consideración con juristas de la talla de la exviceprocuradora Adriana Herrera y Ana María Charry, quien ha sido magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Todo indica que al menos la vacante de esa Sala de Consulta será llenada por uno de esos tres nombres. Sánchez Medina es recordado como delegado para la Competencia en la Superintendencia de Industria y Comercio, cargo en el que investigó, entre otros, los carteles del cemento y de los pañales, y la Ruta del Sol II y Odebrecht.
El articulito
A pesar de que desde estas páginas se advirtió que el artículo 67 de la reforma a la justicia flexibilizaba los requisitos para ser fiscal o procurador, el Congreso lo aprobó. Dice que se pueden acreditar como experiencia para aspirar a esos cargos otras profesiones como ciencia política, gobierno, finanzas, economía, administración de empresas y administración pública. Es decir, que un abogado graduado sin mucha experiencia en este campo, pero con estudios de finanzas o gobierno, podría ser elegido como fiscal o procurador, los dos cargos de control más importantes del país. Colombianada.
Indagación
La magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Cristina Lombana le abrió investigación preliminar al congresista del Centro Democrático José Vicente Carreño, señalado de haber colaborado con las autodefensas. Un paramilitar apodado como Chapulín ha declarado que Carreño habría facilitado dos incursiones de las autodefensas a Tame (Arauca) en 2002 y 2003, cuando oficiaba como policía. Como resultado de esas incursiones se dieron secuestros, asesinatos y desplazamientos en la región. Aunque el expediente estaba en la Fiscalía, tras posesionarse como parlamentario el caso llegó a la Corte y en marzo pasado Lombana abrió indagación preliminar y ordenó constatar si Carreño estuvo involucrado. El congresista se declaró inocente y reconoció que un hermano formó parte de las autodefensas y pagó cárcel por ello.
MICROLINGOTES
Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ
Todos los presidentes del Perú terminan en olla de prisión.
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La canciller suspendió su gira por Europa, por una situación embarazosa.
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Aprobaron lo de la comida chatarra. Los parlamentarios se deshamburguesaron.
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Con la nueva ley de justicia, la procuradora quedó como un Dios… Diosdado Cabello.
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La CAF demuestra que al exministro Carrasquilla se le acabaron los Días… Granados.
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Ahora la semana laboral se parece a Semana, por lo chiquitica.
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