El caso Ramos
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Muy afanada está la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia por conocer el texto completo de la sentencia que profirió la Corte Constitucional en junio pasado sobre el caso del exgobernador de Antioquia y exsenador Luis Alfredo Ramos. Como se recordará, esta última corporación tumbó un fallo del disuelto Consejo de la Judicatura que había apartado del expediente al magistrado Ariel Torres, ponente del proceso. Con esta sentencia, Torres debería volver al caso, pero el lío es que a la Corte Suprema aún no ha llegado la sentencia de la Corte Constitucional. En dos comunicaciones enviadas el 9 de julio y 11 de agosto pasados, el presidente de la Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema, magistrado Jorge Caldas Vera, le ha pedido a la Corte Constitucional con suma urgencia que envíe ese fallo para poder reintegrar al magistrado Torres al proceso, dado que “la acción penal prescribe en mayo 9 de 2022”. Si antes de esa fecha no hay un fallo en firme en este proceso, el exgobernador Ramos no podría ser juzgado por estos hechos relacionados con la parapolítica.
Y ahora en el CNE
A propósito de demoras para notificaciones de fallos claves, aún no llega al Consejo Nacional Electoral la sentencia -también de la Corte Constitucional- que reconoció hace unos días la personería jurídica al Nuevo Liberalismo. Sin este fallo los magistrados del Consejo Electoral no pueden proceder, pues desconocen los alcances de lo ordenado por el alto tribunal. Y el problema, de nuevo, es de tiempo, pues urge definir temas como la utilización del logotipo de esa colectividad, el reconocimiento a los fundadores, cuáles congresistas podrían terminar en ese partido, etcétera. Los tiempos para inscribir las listas al Congreso de la República están a la vuelta de la esquina.
¿Y las 16 curules?
Algo similar está ocurriendo con el fallo que revivió las 16 curules para las víctimas del conflicto. A pesar del fallo de la Corte Constitucional de mayo pasado y la orden del Senado de promulgar ese acto legislativo, el asunto está estancado en Presidencia, que debe promulgarlo. El acto legislativo fue enviado a Palacio apenas el 3 de agosto de 2021, pero el pasado 18 de agosto el exministro Guillermo Rivera envió un derecho de petición a la Casa de Nariño solicitando información sobre el estado actual de la promulgación, pero nada que le contestan. Y mientras el tiempo sigue corriendo, hasta tanto ello pase, el Consejo Electoral no puede avanzar en la reglamentación de temas como el censo electoral, los topes de campaña, las causales de inhabilidad, la revocatoria de inscripciones, entre otros asuntos claves para lo que viene.
El caso Bolívar
A propósito de la elección de la segunda vicepresidencia del Senado, cargo al que aspiraba el senador Gustavo Bolívar, pero que terminó ganando Iván Name, la pelotera se trasladó al CNE. El caso le correspondió en principio al magistrado Luis Guillermo Pérez, pero este fue recusado porque su pareja es la secretaria general del partido político MAIS. El CNE se dividió y cuatro magistrados apoyaron que Pérez se retirara de esa discusión y otros cuatro que no lo hiciera. Pero el viernes pasado finalmente unos conjueces inclinaron la balanza y Pérez fue apartado del proceso, que pasa al despacho del magistrado Jorge Enrique Rozo. Ahora el CNE empieza a estudiar si los reclamos de Gustavo Bolívar tienen o no asidero jurídico.
La movida
A raíz de la publicación de El Espectador del domingo pasado de la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, que pide declarar un estado de cosas inconstitucional en materia de protección y seguridad de los excombatientes de las antiguas Farc -han sido asesinados 270 desde la firma del Acuerdo en 2016-, el gobierno Duque solicitó la realización de una audiencia pública para revisar el proceso. En la Corte esta solicitud de urgencia fue entendida como la manifestación concreta de los nervios en Palacio sobre la posibilidad de que el alto tribunal tome una medida de este calibre. Pero también como una medida que busca ganar tiempo. Mientras la Corte define si hace una audiencia pública o entra a decidir si respalda la ponencia de Pardo, lo cierto es que los hostigamientos y las amenazas contra los firmantes de la paz continúan. Esta semana, por ejemplo, sufrió un ataque el esquema de protección de Mauricio Jaramillo, exmiembro del Secretariado y hoy dirigente del Partido Comunes.
Rumores
Todo indica que en la Corte Constitucional se abre paso la tesis de que hay que extender el período de la Comisión de la Verdad, pues la pandemia ha impedido que esa entidad pueda avanzar de mejor manera en la reconstrucción del relato del conflicto en Colombia. El expediente está en el despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, el mismo que tuvo la ponencia del Nuevo Liberalismo. El asunto es que en los mentideros políticos se rumora con fuerza que el Gobierno estaría pensando en sacar un decreto antes del fallo de la Corte con el objetivo de comenzar con la socialización anticipada del informe de la Comisión y su final como entidad el 28 de noviembre de este año. ¿Será?
La despachada
Esta semana causó revuelo un informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que reveló la andanada del expresidente Álvaro Uribe contra la Corte Suprema de Justicia. Se trata de una diligencia tomada por la propia Corte en septiembre del año pasado en el caso de la excongresista Tatiana Cabello, acusada por corrupción. En ese momento Uribe estaba todavía detenido en su finca El Ubérrimo y estaba muy molesto por esa decisión. A tal punto que en la diligencia confesó que estaba muy ofendido con la Corte y muy resentido contra los magistrados de la Sala de Instrucción que ordenaron su detención domiciliaria por los delitos de manipulación de testigos y soborno. Uribe señaló que debido a esa detención le “tocó” renunciar al Senado. Fuentes judiciales opinan que es “increíble” que el exmandatario le achaque eso a la Corte, pues nadie lo obligó a renunciar al Congreso y hoy su caso seguiría en ese alto tribunal. En cambio Uribe Vélez renunció, su caso llegó a la Fiscalía, después recuperó su libertad y hoy el fiscal Gabriel Jaimes insiste en que no hay pruebas en ese expediente, contrariando las 1.554 páginas de la medida de aseguramiento de la Corte. Más allá de la pelea procesal, Uribe confesó su resentimiento contra la Corte.
MICROLINGOTES
Por ÓSCAR ALARCÓN NÚÑEZ
Si con un Iván nos ha ido como sabemos. ¿Qué tal en Afganistán con Tal…ivanes?
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En su finca, Uribe no estaría cogiendo café.
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Tomás Uribe habla mal de la JEP, hasta con el padre se Roux. Lo hace por hábito.
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La plata del Hombre Marlboro ¿se esfumó?
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La unión temporal de la Mintic con la Olímpica ¿se llamaría Abuchar?
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Alcaldesa ¿se necesitará una séptima papeleta para mejorar la movilidad de la séptima?
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