La renuncia de Álvaro Uribe Vélez al Senado de la República para asumir su defensa judicial ante la orden de detención domiciliaria proferida por la Corte Suprema de Justicia, le pone puntos suspensivos a una dilatada carrera pública que inició desde muy joven en el municipio de Salgar, en el suroeste del departamento de Antioquia. Corría el año 1974 y apenas tenía 22 años cuando llegó al concejo de este municipio, primer escalón de una extensa trayectoria política cuyo máximo logro fue la Presidencia de Colombia que ejerció entre 2002 y 2010. Tras dejar la Casa de Nariño, y ante su negativa a la orientación que le dio al país su sucesor Juan Manuel Santos, creó el Centro Democrático y fue electo senador, representación que ostentó hasta este martes 18 de agosto, fecha en la que le fue aceptada su dimisión.
Uribe no proviene de una familia política, aunque su madre, Laura Vélez, en condición de concejala del referido municipio de Salgar, sí fue una activa luchadora por el voto a las mujeres en los años 50. En el otro extremo, su padre era propietario de fincas y lo introdujo en el mundo del campo. En sus memorias, recalca que aquellos fueron los días más felices de su vida: “No todas las personas están hechas para este tipo de trabajo, pero a mí me encantaba. Me sentía en un paraíso”. Alberto Uribe Sierra, como se llamaba su padre, además de negociante de tierras y ganado, era apasionado de los caballos, actividad que lo puso en estrecho contacto con Fabio Ochoa, padre de Jorge Luis, Juan David y Fabio Ochoa Vásquez, que con los años llegaron a ser integrantes del cartel de Medellín.
La amistad de su padre con Fabio Ochoa y otros caballistas que luego entraron en el círculo de aliados del narcotráfico, salió a relucir desde que Uribe incursionó en la política y nunca ha dejado de dar explicaciones sobre ese entorno. En un libro escrito en 1988 por Fabio Ochoa a manera de diario, el patriarca del clan Ochoa no sólo exaltó al ganadero Uribe Sierra como “gran chalán”, sino que escribió que sus hijos Álvaro y Santiago tenían talante “presidenciable”. Pero a pesar de que Uribe nunca dejó las labores del campo, que ahora desarrolla en su hacienda el Ubérrimo, en el departamento de Córdoba, lo suyo fue la deliberación política, práctica que ejerció desde sus tiempos de estudiante de derecho en la Universidad de Antioquia, época en la que este centro docente era un hervidero de discusión ideológica.
El inicio de una vida pública de cuatro décadas
En contravía al activismo de los trotskistas, los maoístas o los defensores de la línea cubana -todos matriculados en distintos matices de la izquierda-, Uribe se profesaba como liberal a secas y distante al pensamiento que dominaba la universidad. Uno de sus profesores era Carlos Gaviria Díaz, que, casi cuatro décadas después, fue su opositor y contendor en las elecciones presidenciales de 2006. Antes de terminar su vida universitaria, sus contactos le permitieron dar un rápido salto a las ligas nacionales, al punto de que, después de algunas misiones públicas, fue nombrado secretario general del Ministerio del Trabajo en 1977, el mismo año que tuvo lugar uno de los movimientos de protesta de mayor impacto en la historia contemporánea de Colombia: el paro cívico del 14 de septiembre de 1977.
Era el gobierno de Alfonso López Michelsen. Aunque Álvaro Uribe ya demostraba que tenía vuelo propio, como todos los liberales antioqueños de la época dependía de la cuerda del senador y cacique electoral Bernardo Guerra Serna, de quien se decía que nada en el departamento se movía sin su beneplácito. Con o sin su apoyo, lo cierto es que Uribe, a sus 26 años, fue designado por el gobierno de Julio César Turbay como director de la Aeronáutica Civil, un organismo que atravesaba por un momento crítico. El exdirector de operaciones Osiris Maldonado había sido asesinado el 6 de julio de 1977 y el exdirector general Fernando Uribe Senior el 24 de febrero de 1980. Ambos crímenes fueron adjudicados a acciones del narcotráfico, pero quedaron en la impunidad.
Al tiempo que el presidente Turbay afrontaba la polarización del país por su Estatuto de Seguridad que dio lugar a excesos de las Fuerzas Armadas y un debate público internacional por violaciones a los derechos humanos, Uribe orientó la Aeronáutica Civil hasta el final del cuatrienio, con una gestión que le dejó tanto seguidores como detractores. Su biografía oficial señala que construyó más del 60% del aeropuerto José María Córdova, terminó el Ernesto Cortissoz de Barranquilla y dio los primeros pasos para la construcción del Puente Aéreo en Bogotá, pero su memoria no autorizada indica que durante su mandato se aprobaron muchas licencias cuestionadas. En su clásico libro “Los jinetes de la cocaína”, el periodista Fabio Castillo escribió que muchas de estas fueron para el narcotráfico.
“También es oriundo de Antioquia el senador Álvaro Uribe Vélez (…) quien le otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos, cuando fue director de Aerocivil”, consignó Castillo en su obra. No obstante, las investigaciones de la época no probaron irregularidad alguna. Con el paso de los años han surgido diversas investigaciones para documentar esta época. Por ejemplo, en abril de 2002, en plena campaña a la Presidencia, trascendió que “entre marzo de 1980 y agosto de 1982, se otorgaron en la Aeronáutica 562 licencias”, 341 de las cuales quedaron inactivas tiempo después. Sus defensores dicen que dejó una obra importante. Sus detractores sostienen que no hubo investigaciones y que sus 28 meses dejaron un panorama despejado para que los carteles del narcotráfico pudieran operar con facilidad.
En 1982, el gobierno de Belisario Betancur lo nombró alcalde de Medellín, pero apenas duró cinco meses, pues se vio forzado a dar su paso al costado cuando el mandato del gobernador conservador Álvaro Villegas entró en crisis, y se produjo la renuncia protocolaria de sus colaboradores. Aunque los detractores de Uribe insisten en que la razón de la abrupta salida de Uribe de la alcaldía de Medellín obedeció a dudas del presidente Betancur por los vínculos de Alberto Uribe Sierra con los narcotraficantes, el entonces gobernador Álvaro Villegas ha repetido siempre lo que en su momento dijo: “Uribe es un hombre absolutamente honesto, yo respondo por él”. Lo cierto es que a partir de ese momento Uribe decidió no volver a aceptar un cargo público, sino que todos debía obtenerlos por el voto popular.
Antes de que emprendiera su carrera política como concejal de Medellín, tuvo que afrontar el momento que marcó su vida y la de su familia. En un intento de secuestro, el 14 de junio de 1983, su padre fue asesinado por guerrilleros del frente 36 de las Farc en la hacienda Guacharacas, situada en área rural de los municipios de San Roque y Yolombó. Su hermano Santiago Uribe quedó gravemente herido. Ese episodio radicalizó su postura política contra los grupos guerrilleros e incentivó su visión de apoyo a las Fuerzas Armadas y las estrategias de seguridad. Ideas que incentivó desde su condición de concejal de Medellín, y que tiempo después le permitieron fortalecer su propia plataforma política a través del movimiento “Sector Democrático”, en compañía de su primo Mario Uribe Escobar.
Apoyo a Samper, caída de una reforma constitucional y la ley 100
Esa transición se hizo saliéndose de la fila política que ordenaba el poderoso senador Bernardo Guerra Serna, para buscar directamente una curul en el Congreso. Lo hizo en 1986 cuando llegó al Senado y su primo a la Cámara de Representantes, en una época en la que Colombia empezaba a vivir los estragos del narcoterrorismo de los llamados extraditables. De entrada, por su condición de “liberal”, entró en armonía con el movimiento Poder Popular que entonces representaba los intereses del político bogotano Ernesto Samper Pizano. De hecho, fue Uribe quien postuló a Samper para que accediera a la dirección del Partido Liberal que en febrero de 1987 optó por una jefatura colegiada conocida como “Los Quíntuples”, que en ese momento representó los poderes políticos vigentes.
A esta jefatura múltiple llegaron Eduardo Mestre Sarmiento, Alberto Santofimio Botero, Ernesto Samper Pizano, Miguel Pinedo Vidal y Hernando Durán Dussán. Con el paso de los años, estos dirigentes se vieron abocados a señalamientos o a procesos judiciales. Mestre fue condenado dentro del escándalo del proceso 8.000 por nexos con el cartel de Cali; Santofimio también cayó en la misma redada y tiempo después fue condenado por el crimen de Luis Carlos Galán; Pinedo Vidal fue sentenciado en el escándalo de la parapolítica; y Ernesto Samper fue presidente de Colombia entre 1994 y 1998, pero su gobierno se vio cruzado por la narcofinanciación de su campaña política. Durán Dussán falleció en 1998 tras fracasar en su intento por llegar a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 1990 que ganó César Gaviria.
En medio de esas vueltas, mientras el país caía al abismo del narcoterrorismo y era asesinado el virtual presidente Luis Carlos Galán, el senador Uribe protagonizó también en los sucesos que dieron al traste con el intento de reforma constitucional del gobierno de Virgilio Barco en 1989. Al final, la administración Barco retiró la reforma cuando un grupo de parlamentarios intentó añadirle un referendo en favor o en contra de la extradición. El senador Uribe fue uno de los defensores, y aún se puede leer en la Gaceta del Congreso de aquella época como insistió que los colombianos tenían que ser juzgados y condenados en Colombia, y que el referendo podía correrse para evitar que interfiriera con un proceso electoral importante. El Ejecutivo prefirió hundir la reforma y después le abrió camino a la constituyente.
Sin embargo, antes de que llegara, Uribe fue reelecto al Senado en 1990. Después de la revocatoria del mandato del Congreso ordenada por los delegatarios que redactaron la Carta de 1991, volvió al Senado en 1992, para convertirse en el promotor de varias normas enmarcadas en las políticas neoliberales del gobierno de César Gaviria Trujillo. Desde la Comisión Séptima de asuntos laborales, a la que siempre perteneció, Uribe se hizo ponente de una de las iniciativas más controvertidas en su época, la que se transformó en la ley 100 de 1993, o ley de seguridad social, y que privatizó el sistema de seguridad social y salud en la país. Desde ese momento hasta hoy, no cesa la controversia sobre sus efectos positivos y negativos para el sistema de salud pública en Colombia.
Camino a gobernar un departamento
Después de tres elecciones sucesivas al Congreso y de ser exaltado por sus colegas como uno de los legisladores más destacados, Uribe decidió hacerse a un lado para buscar su paso siguiente en el poder ejecutivo. En 1994 cedió su lugar a su primo Mario Uribe y se dedicó a su candidatura a la gobernación de Antioquia. Tras reñidas elecciones que se definieron por 418 votos, Álvaro Uribe se impuso sobre el dirigente conservador Alfonso Núñez. Desde que asumió el cargo, su obsesión por la seguridad lo llevó a desarrollar un controvertido mandato. Echando mano de las Cooperativas de Seguridad Rural (Convivir), creadas en el gobierno de César Gaviria, desplegó junto a las Fuerzas Armadas una ofensiva contra los grupos guerrilleros que derivó en un progresivo escalamiento del conflicto armado.
“Estaba fuera de mi control asignar más recursos a los militares y las Convivir podían ofrecernos un marco para que la población civil desempeñara un papel activo en la seguridad general”, argumentó Uribe tiempo después. De cualquier modo, fue una época de fortalecimiento paramilitar. Por esta razón, en reiteradas ocasiones, sus detractores no han dejado de situarlo como un exmandatario que no combatió a este actor ilegal con la misma contundencia con que lo hizo contra la insurgencia. Por la misma época de su llegada a la gobernación, el Eln asaltó la finca Guacharacas de su familia, quemó la casa principal y se robó 600 reses. Según los exparamilitares Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, esa fue la semilla de la creación del Bloque Metro de las autodefensas.
La mayoría de los señalamientos y denuncias en su contra vienen de su periodo como gobernador. De la misma época data su vinculación al caso del asesinato del defensor de derechos humanos de Antioquia Jesús María Valle Jaramillo, quien denunció la connivencia y omisión de las autoridades civiles y militares con los paramilitares que perpetraron, entre otras, las masacres de El Aro y La Granja, en Ituango, entre 1996 y 1997. En 2015, el Tribunal de Justicia y Paz de Medellín compulsó copias para que se investigara al exgobernador de Antioquia Álvaro Uribe Vélez por estos hechos, y determinó, de manera adicional, que se hiciera “por el aspecto relativo a la concurrencia de un helicóptero de la gobernación de Antioquia en la escena de los hechos durante la masacre de El Aro”.
Tras concluir su mandato en Antioquia, ya conocido en el país como un dirigente liberal con claras ideas de derecha, Uribe se fue a estudiar un tiempo a Inglaterra. Desde el exterior, sin meterse mucho en la política interna, hizo saber de su rechazo a los términos del proceso de paz que comenzó a desarrollar el presidente Andrés Pastrana con las Farc en la región del Caguán. Todo estaba previsto para que el sucesor de Pastrana fuera Horacio Serpa, que llegó a tener casi el 70% de la favorabilidad, o que tomara forma la opción de la excanciller Noemí Sanin. En ese contexto, la opción de Uribe era remota. Sin embargo, en la recta final de la campaña electoral de 2002, Pastrana dio por terminado el proceso de paz, y en adelante, la candidatura de Uribe se disparó hasta ganar en primera vuelta.
Del fondo de las encuestas a la Presidencia de Colombia
Con la consigna “Mano dura y corazón grande”, Uribe se posesionó el 7 de agosto de 2002, y ese mismo día las Farc atacaron con morteros la Casa de Nariño y la Escuela Militar, causando la muerte a 27 personas. La reacción de Uribe fue declarar la conmoción interior y poner en marcha su plan de Seguridad Democrática para enfrentar a los grupos ilegales. Al mismo tiempo, con habilidad política, logró consolidar en el Congreso una alianza de apoyos que le permitió en pocos meses sacar adelante una reforma laboral, otra pensional, una más administrativa y hasta una ley de referendo. Uribe supo aliarse con el conservatismo, Cambio Radical y otras fracciones políticas para consolidar una aplanadora y lograr que el Congreso respaldara casi todas sus iniciativas.
En 2003, después del ataque de la guerrilla al club El Nogal, Uribe planteó al Congreso un regresivo Estatuto Antiterrorista que también fue aprobado, pero que después echó abajo la Corte Constitucional por errores de forma. Entonces el gobierno, que ya había destapado las cartas de un proceso de sometimiento del paramilitarismo, puso en marcha su plan B: cambiar la constitución para que se aprobara la reelección inmediata. A pesar de la férrea oposición del liberalismo y de otros sectores políticos, la reforma fue aprobada y Uribe pasó derecho. En la transición hacia su segundo mandato, se creó el partido de La U para garantizar esa victoria. Uno de los gestores de esa iniciativa fue el dirigente liberal Juan Manuel Santos, que se volvió el hombre clave de su segundo gobierno.
Sin embargo, de las entrañas de su accidentada negociación con las autodefensas y de las confesiones en el marco de la ley de justicia y paz, surgió también el escándalo de la parapolítica. Y ese fue el abrebocas de su segundo gobierno en 2006 tras ser reelegido en primera vuelta. En adelante, mientras el gobierno se empecinaba en arrasar a la guerrilla y consolidar su Plan Patriota con golpes como la Operación Fénix o la Operación Jaque en 2008, la oposición lo encaró sacándole a relucir un rosario de escándalos. Además de la parapolítica, los falsos positivos que le costaron la vida a muchos colombianos presentados ilegalmente como dados de baja en combate, o las chuzadas ilegales del DAS a opositores, periodistas, o hasta a la propia Corte Suprema de Justicia, a la que enfrentó públicamente.
Todo en medio de una dura confrontación política, además enmarcada en el propósito uribista de lograr un tercer mandato. Con caudal político suficiente para imponer, a marchas forzadas, que la iniciativa fuera aprobada en el Congreso desde la perspectiva de un referendo. Al final, fue la Corte Constitucional la que le atravesó en el camino. Corría el mes de febrero de 2010, así quedó trunco su plan A. El plan B ya se había caído porque su protegido, el exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, había perdido una consulta con Noemí Sanín y comenzaba a sentir el cerco del escándalo de Agro Ingreso Seguro. Por eso, puso todo su poder político al servicio de su exministro de defensa, Juan Manuel Santos, y en segunda vuelta, sobre Antanas Mockus, ganó de nuevo la Presidencia.
El fin de la presidencial no es el fin de la vida política
Las cosas comenzaron bien desde los discursos. El día de la posesión de Santos, algo inusual en Colombia, Uribe estuvo sentado en el escenario mientras su sucesor tomaba el mando. Pero, desde ese mismo día, empezaron las suspicacias por algunos nombres del gabinete ministerial. Al año siguiente comenzaron a situarse en orillas distintas después del impulso y aprobación de la ley de víctimas. La ruptura definitiva se dio cuando Santos anunció el proceso de paz con las Farc en La Habana a finales de 2012. Desde ese momento, Uribe decidió crear un nuevo partido político para recobrar el poder. Se llamó Centro Democrático y en su primera cita en las urnas alcanzó 19 curules al Senado y 19 a la Cámara de Representantes. Se hizo en lista cerrada y con sus votos puso una bancada de congresistas debutantes.
Ese mismo año, arañó la presidencia con el candidato Óscar Iván Zuluaga, que triunfó en primera vuelta, pero sucumbió ante Juan Manuel Santos, apoyado por la línea de partidos que decidieron jugársela por un segundo tiempo al proceso de paz de La Habana. En el aire de la victoria reeleccionista quedó gravitando el escándalo del hacker Sepúlveda que involucró la campaña uribista en la recta final de la contienda electoral, y que los seguidores de Uribe convirtieron en caballito de batalla para insistir en un fraude. Pero Santos siguió gobernando y la paz se firmó en 2016. Pero como a Santos se le ocurrió que podía validarla a través de un plebiscito que no era necesario legalmente, terminó perdiendo con el NO que celebró el uribismo como antesala de su regreso.
Y así fue. En las elecciones de 2018, Sergio Fajardo y Humberto de La Calle no lograron unirse alrededor de una fórmula para mantener la paz, la candidatura de Germán Vargas Lleras se desmoronó como un castillo de naipes, y se quedaron por fuera los tres que tenían opción de ganarle al candidato de Uribe, que resultó ser Iván Duque Márquez, un joven dirigente que sin hacer política se estrenó como legislador en 2014 y cuatro años después, a sus 42, se volvió Jefe del Estado. Le ganó en segunda vuelta a Gustavo Petro, que fue el candidato que logró meterse a la final y que el uribismo satanizó como el portador del castrochavismo. Entonces se volvió una elección de indecisos. Los que no querían elegir ni al uno ni al otro.
El poder político de Uribe puso a Iván Duque en la Presidencia y también a una bancada de 19 senadores y 32 representantes. A sus 66 años, Uribe repitió en el Senado y regresó a la Comisión Séptima. La única novedad es que esta vez llegaba con un problema a cuestas. Una denuncia que él había interpuesto contra el senador Iván Cepeda en 2012 terminó al revés, y la Corte Suprema de Justicia ordenó que fuera él el investigado por presunto soborno y fraude procesal. En 2018, la Corte abrió investigación en su contra. Es el mismo proceso por el que hace dos semanas dispuso su detención domiciliaria. Al no recurrir el fallo, Uribe quedó detenido en su hacienda El Ubérrimo. Ayer presentó su renuncia al Senado de la República.