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31 Dec 2021 - 10:04 p. m.

Análisis: 2021, el año para discutir la reforma policial

Este año, gran parte de la agenda pública en materia de seguridad se centró en explicar los abusos de la Policía y en discutir cuál es la mejor forma de reformar esta institución. Análisis de Razón Pública.

Andrés Felipe Ortega Gómez* /Razón Pública

Según el analista, el próximo año, la seguridad ciudadana y la reforma policial seguirán siendo temas centrales en la agenda pública.
Según el analista, el próximo año, la seguridad ciudadana y la reforma policial seguirán siendo temas centrales en la agenda pública.
Foto: Óscar Pérez

El año de la reforma

Este año, la reforma policial fue uno de los principales temas de discusión en escenarios académicos y políticos.

Como señalamos en un texto de junio, la Policía respondió de forma desproporcionada al estallido social que comenzó unos años atrás. Esta respuesta se explica por varios factores:

  • Durante un año la Policía estuvo recargada de nuevas tareas, que dejaron agotado a su personal: durante la pandemia, además de mediar los conflictos sociales, los uniformados se encargaron de controlar los toques de queda, las restricciones a la movilidad y las demás medidas sanitarias dictadas por el gobierno.
  • A los ciudadanos les ocurrió algo similar: la pandemia contuvo temporalmente el descontento social, pero no lo eliminó. Por las dimensiones y la visibilidad que tuvo, el asesinato de Javier Ordoñez fue el perfecto detonador del estallido social.
  • El contexto internacional estimulaba la lucha contra los abusos de las autoridades policivas. Tal vez el movimiento más conocido fue el que empezó en Estados Unidos por la muerte de George Floyd.
  • Al menos desde 2018 en Colombia había cambiado la forma de manifestarse públicamente. Las protestas ya no ocurrieron sólo en las principales ciudades y calles centrales, sino que además en los barrios y espacios cotidianos de todo el país.
  • La Policía no estaba acostumbrada a estas nuevas formas de movilización social. Lo anterior, sumado a su falta de especialización en el manejo de las protestas, resultó en acciones desproporcionadas y violentas.
  • Algunos manifestantes también respondieron de forma violenta y agredieron a los uniformados y trataron destruir los bienes de la institución.

Debido a todo lo anterior, durante gran parte del año se discutió cómo reformar la Policía: cuáles deberían ser sus tareas, papeles y funciones, en un contexto de movilización social; cómo cambiar la lógica del “enemigo interno” en las instituciones de la fuerza pública, y qué particularidades deberían tenerse en cuenta tras los acuerdos de paz con las antiguas FARC.

Entre lo civil y lo militar

La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana tiene dos pilares principales: la prevención y el control policial. El segundo pilar se divide, a su vez, en dos componentes: la vigilancia disuasiva y la investigación criminal.

Durante los últimos años se han dado avances en la modernización de la Policía. El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, que reformó el sistema de patrullaje a escala nacional, representó un gran adelanto en materia de vigilancia. Con este plan, la Policía enfocó sus esfuerzos en los cuadrantes más peligrosos y optimizó la distribución de sus recursos para proteger mejor a la ciudadanía.

Por otra parte, también aumentaron los esfuerzos para mejorar la investigación. Durante la última década, la proporción de agentes de la Policía Nacional dedicados a la investigación aumentó del 3 % al 5 %. Sin embargo, esta cifra sigue siendo muy inferior a las que existen en otros países, donde la cifra oscila entre el 14 % y el 20 %.

Las normas vigentes establecen que la Policía es un cuerpo civil. Por eso, se suprimió el Estado Mayor y se crearon direcciones donde los agentes son relativamente autónomos. Esto contrasta con las instituciones militares, donde los uniformados actúan bajo las órdenes de un superior. Sin embargo, en el contexto actual, la Policía no ha podido desprenderse de su carácter militar, pues todavía se involucra en la lucha contra la insurgencia o el narcotráfico y sigue siendo altamente jerarquizada.

Por eso, la reforma policial es una oportunidad para modernizar y profesionalizar la institución, consolidando su carácter civil. El éxito de esta reforma dependerá de la voluntad del gobierno. Por ahora, esta decisión está respaldada por un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por el reciente informe independiente, respaldado por Naciones Unidas, que describe los hechos ocurridos en 2020 como una “masacre policial”.

Puede leer: Violencia policial y estallido social

¿Cómo controlar mejor la Policía?

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el diseño y la ejecución de la reforma son los organismos de control de la Policía.

Dentro de la institución existe una Inspección General, que está encargada de observar los comportamientos éticos de los agentes. Pero este organismo tiene varios problemas:

  • La investigación de homicidios por parte de los uniformados está fuera de su alcance y, por lo tanto, debe ser excluida de este tipo de procesos.
  • El hecho de tratarse de un mecanismo interno, hace que sus decisiones puedan ser vistas como parcializadas.
  • Esto, a su vez, le resta legitimidad a sus acciones y disminuye la confianza de la ciudadanía.

Por eso es necesario restructurar la Inspección General, como lo ha anunciado la misma Presidencia. Se necesita un mecanismo de control disciplinario que no dependa de la institución y que involucre personal no uniformado. Esto representa un reto, pero también una oportunidad de crear una nueva relación entre la Policía Nacional y la ciudadanía.

La Constitución señala que la Policía hace parte de la fuerza pública y, por lo tanto, le aplica el fuero penal militar. Este fuero es un control externo, que permite juzgar a los uniformados por los actos en ejercicio de sus funciones. Sin embargo, por tratarse de una institución militar, el fuero parece diseñado para juzgar a los agentes durante la confrontación de un enemigo y no, por ejemplo, durante el control de protestas sociales. Por eso, si se quiere llevar a cabo un proceso de justicia que cuente con legitimidad entre la población civil, es necesario sacar a la Policía de esta jurisdicción.

El próximo año, la seguridad ciudadana y la reforma policial seguirán siendo temas centrales en la agenda pública. Los ciudadanos y la misma Policía merecen que dicha reforma se estudie y ejecute con seriedad, que reconfiguren profundamente el papel de la fuerza pública en el postconflicto.

* Magíster en estudios de paz y resolución de conflictos, especialista en resolución de conflictos, miembro del GISDE y del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional.

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