:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/eQAcBtBKaOda0-zRiMQ3NWVpGXE=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/UOBYT63A5FDKVL57MZCZPY3HWU.jpg)
El anuncio de un ajuste importante en la política antidrogas en Colombia fue el hecho más llamativo -y sorpresivo- del corto pero vibrante arranque del gobierno de Gustavo Petro. Terminaba su visita el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y otra del gobierno de Estados Unidos, con una delegación encabezada por Rahul Gupta, director de la política nacional de control de drogas.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, resumió la nueva estrategia y, en todo caso, anunció una nueva etapa con la introducción de nuevos elementos. Entre ellos la posibilidad de hacer negociaciones con personas vinculadas al narcotráfico, siempre y cuando se comprometan a iniciar entendimientos para dejar esa actividad y entregar la información que le solicite el Gobierno. Estos casos podrían no ser extraditados. Y al mismo tiempo, quienes participan en actividades de tráfico de drogas y no inicien negociaciones dirigidas a dejar la producción de drogas enfrentarán la extradición.
Aun en medio de una semana de muchas noticias, la mayoría de ellas relacionadas con el arranque del gobierno de Gustavo Petro (que apenas lleva 20 días), el anuncio presidencial sobre la nueva política resulta especialmente llamativo. No hay un desmonte de la “lucha contra las drogas” que está en marcha desde que la administración Nixon (1969-1974) la bautizó así, pero puede ser la modificación más profunda que se le haya puesto en marcha desde entonces.
La nueva estrategia mantiene la extradición como arma de disuasión. “Narco que negocia con el Estado y deja de narcotraficar, no se extradita”. Y en la otra cara de la moneda, “narco que no negocia se va extraditado”. La nueva política, pues, mantiene los principales instrumentos, pero le otorga a la extradición una concepción más estratégica.
El tema es sensible. Las primeras reacciones del gobierno de Estados Unidos fueron cautelosas, pero en el Congreso se presentaron críticas, sobre todo -como era de esperarse- de parte de la derecha y fundamentalmente de la bancada republicana. Habrá que ver cómo serán las próximas reuniones. El nuevo embajador en Washington, Luis Gilberto Murillo -quien no ha presentado todavía sus cartas credenciales al presidente Biden y que, en consecuencia, formalmente no ha iniciado formalmente su misión en Washington-, tendrá una tarea ardua y delicada: explicar la nueva política y lograr su aceptación en el marco de una aproximación renovada, pero también retocada, de la cooperación bilateral.
Hasta finales de la semana no había reacciones públicas del gobierno Biden. Pero algunos antecedentes le permiten a la administración Petro esperar una reacción positiva. Lo primero, que el propio gobierno estadounidense planteó la necesidad de hacer cambios en la estrategia antidrogas. No exactamente en los términos de Petro, pero cuando lanzó su visión sobre la estrategia contra las drogas ilícitas en octubre dejó ver también que es partidario de hacer ajustes para hacerla más eficaz. En eso hay coincidencias.
Y no hay que olvidar la rápida llamada de Biden a Petro al día siguiente de su triunfo, que con razón se ha interpretado como un llamado a trabajar en forma conjunta. Los enfoques de los dos presidentes pueden ser diferentes, y de perspectivas ideológicas igualmente distintas, pero coinciden en que a la estrategia tradicional le convienen ajustes para hacerla más efectiva. No es difícil, en estos tiempos, que dos mandatarios enfrentados por las derechas de sus países concuerden en que conviene buscar nuevas salidas. ¿Es ese el caso de Petro y Biden?
En las intenciones anunciadas por Biden en octubre del 21 y las que dio a conocer Petro esta semana se encuentran coincidencias en el propósito de ajustar la estrategia antidrogas para buscar mayores resultados. Y tal vez para bajarles el costo a las estrategias fallidas. Lo que hay que ver hacia delante es si esos aspectos en común pesan más, o menos, que las diferencias que puedan surgir. Vale recordar que el director de la oficina para el control de drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta, ha señalado que en las relaciones bilaterales, además del narcotráfico, hay asuntos importantes como las políticas hacia el medio ambiente y la salud de las comunidades. En eso coincide con Gustavo Petro.
La pregunta, en fin, es si Petro y Biden representan un nuevo tiempo, y si las coincidencias en el apoyo a la búsqueda de la paz colombiana, la reducción de drogas ilegales en la calle y la protección ambiental bastan para construir un camino nuevo. Y en el otro lado de la moneda: ¿es este el debate que nunca se dio porque estaba estigmatizado, es decir, el de cómo cambiar la estrategia contra las drogas para hacerla más efectiva? Habrá que esperar. Al fin y al cabo el cuatrienio Petro ni siquiera ha cumplido un mes.
* Excanciller de Colombia y periodista.