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Cambio sin cambio
La seguridad en Colombia se viene deteriorando de manera tan notable que algunas de las críticas al presidente Duque están siendo formuladas por los miembros de su propia coalición.
Con el nombramiento de Diego Molano como nuevo ministro de Defensa, otra vez comenzó el plazo para que gobierno presente resultados. Pero las políticas anunciadas en las últimas semanas no tienen nada de innovadoras ni presentan una estrategia clara.
Duque y Molano siguen considerando al narcotráfico como el principio y fin de todos los problemas de seguridad en Colombia. Justo después de su designación, Molano dejó muy claro cuál es su diagnóstico al decir que “todos los males del país tienen nombre propio: el narcotráfico, ese gran virus que carcome a Colombia, en campos y ciudades.”
El narcotráfico es, sin duda, un motor de la violencia y la presencia de grupos armados en Colombia. Pero la estrategia de eliminar grupos y cabecillas mediante acciones militares sigue ignorando cómo se reproducen el narcotráfico y los grupos armados en territorio colombiano. Esta estrategia ignora los problemas sociales y políticos que subyacen a estos fenómenos, así como otras fuentes de violencia y mercados ilegales como la minería, la trata de personas y el comercio de madera.
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Tres medidas del gobierno
No hay una estrategia de seguridad clara. El gobierno anunció tres medidas que parecen ser el eje de su plan para los próximos meses: (1) crear un comando élite para luchar contra el narcotráfico, (2) combatir al microtráfico y (3) fumigación y erradicación forzada de cultivos ilícitos. Examinemos cada una de estas políticas:
1. Comando élite. A finales de febrero, Duque anunció la creación del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT). Este comando cuenta con 7.000 hombres y mujeres del Ejército. Su propósito, según el presidente, es ir “sin contemplación a desmantelar las estructuras (sic) del narcotráfico del ELN, de la ‘Narcotalia’, las disidencias de las Farc, la ‘Oliver Sinisterra’, la ‘Dagoberto Ramos’, de ‘Los Pelusos’, de ‘Los Caparros’, del ‘Clan del Golfo’, y de cualquier forma de criminalidad.”
En el lanzamiento del CONAT, Duque calificó la lucha contra el narcotráfico como moralmente necesaria. Pero, más allá de proponer la captura y “destrucción de todas las estructuras (sic) armadas” —algo que ya se ha propuesto muchas veces— no hay nada nuevo que rompa con la historia reiterada de las últimas décadas.
Por cada líder capturado o asesinado, hay uno nuevo; con cada organización que se desmantela, hay otras que se fragmentan y se vuelven a aliar, a veces de maneras sorpresivas. Más allá del énfasis militar, no hay una estrategia clara de judicialización o inteligencia. No hay un plan para asegurar, con resultados sostenibles, la presencia legítima del Estado en estos territorios. Tampoco es claro cómo enfrentarán con esta estrategia los problemas de legitimidad, corrupción y eficiencia que azotan a la fuerza pública.
2. Combatir el microtráfico. A mediados de febrero, Molano anunció el “Plan 100 contra el microtráfico” en conjunto con la Policía Nacional. El plan, también concertado con la Fiscalía General, tiene tres ejes: control y disuasión con énfasis en parques y entornos escolares, participación cívica y operaciones para la reducción del delito. Para finales de marzo, el gobierno reportaba 226 operaciones, 1.743 capturas y 68 demoliciones.
Es muy bueno que, supuestamente, el plan implique coordinación entre Fiscalía y Policía. Pero ¿qué pasa después de los arrestos y “limpiezas”? ¿Cómo mantener la seguridad a largo plazo? Como han demostrado los casos del Bronx y el Cartucho en Bogotá, desmantelar ‘ollas’ no significa restablecer la seguridad. Por lo general, sin otras estrategias, estas acciones están condenadas a que las ‘ollas’ simplemente se muevan a otros lugares o vuelvan a surgir.
Duque y Molano siguen considerando al narcotráfico como el principio y fin de todos los problemas de seguridad en Colombia
3. Fumigación y erradicación forzada. A principios de marzo, el gobierno volvió a anunciar su plan de reanudar fumigaciones en abril. El anuncio parece haber sido políticamente facilitado por el último Reporte de Estrategia Internacional de Control Antinarcóticos (INCSR) del gobierno de Estados Unidos. Este le dio un espaldarazo a la fumigación de cultivos de uso ilícito, manifestando que “Colombia debe reanudar la erradicación aérea, que sigue siendo una herramienta irremplazable en el arsenal del gobierno, al lado de la erradicación manual y el desarrollo alternativo.”
El reporte ocasionó protestas desde la academia y desde organizaciones expertas en política antidrogas que han señalado, en muchas investigaciones rigurosas, la futilidad de la erradicación forzada y de la fumigación como estrategias de largo aliento para reducir los cultivos de uso ilícito. Algo que he discutido con frecuencia en Razón Pública.
El apoyo de Estados Unidos al plan de reanudar las fumigaciones es algo sorpresivo, considerando que el presidente Biden ha expresado su apoyo a medidas que el gobierno Duque desestima —como redirigir la política antidrogas y avanzar en la ejecución del acuerdo de paz—. También es sorpresivo si se tiene en cuenta el reporte del Congreso estadounidense publicado en noviembre, donde se criticaba el Plan Colombia y en el cual participó Juan González, ahora asesor para el Hemisferio Occidental del Departamento del Estado.
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Sin embargo, el espaldarazo a las fumigaciones coincide con la línea tradicional de la política antidrogas de Estados Unidos y con la necesidad del gobierno Biden de mantener a Colombia como aliado. Además, el gobierno colombiano sigue haciendo un lobby intenso a favor de la fumigación entre los políticos norteamericanos.
Aun así, el tono de la discusión antidrogas ha cambiado. Hay muchas voces en el Congreso estadounidense, en el gobierno Biden y en sectores políticos, académicos y de la sociedad civil en Colombia y en Estados Unidos, que se oponen frontalmente a la fumigación.
Además, el gobierno Duque ya ha sido varias veces incapaz de reanudar las fumigaciones al no poder cumplir las condiciones impuestas por la Corte Constitucional.
Con o sin fumigaciones, el gobierno seguirá empeñado en mostrar estadísticas de destrucción de cultivos como su único indicador de éxito. No le importa si esto es sostenible en el futuro y, de nuevo, ignora estrategias más duraderas como el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS).
Una seguridad deteriorada
Más allá de estas tres políticas, hay que preguntarse si la estrategia del gobierno reconoce la complejidad de nuevas y viejas tendencias de seguridad en el país.
En el 2020 se redujeron los homicidios en Colombia, lo cual refleja una tendencia que venía desde la firma de los acuerdos con las FARC. Además, esta disminución está posiblemente relacionada con las restricciones de movilidad debidas a la pandemia.
Por cada líder capturado o asesinado, hay uno nuevo; con cada organización que se desmantela, hay otras que se fragmentan y se vuelven a aliar,
Pero, más allá de la disminución de homicidios, la situación de orden público claramente se ha deteriorado. Esto se hace evidente por los desplazamientos masivos —por ejemplo, en El Charco, Nariño—, los ataques y amenazas en el Cauca, los enfrentamientos armados en la frontera con Venezuela, y muchos otros fenómenos de violencia que a diario dominan las noticias.
Además, muchos indicadores son preocupantes:
-Según INDEPAZ, 41 líderes sociales han sido asesinados en 2021. Esto suma 926 durante la administración actual y 1.155 desde la firma del acuerdo de paz.
-En el 2020 se contaron 91 masacres y en lo corrido del 2021 ya van 23.
-Según CERAC, durante el 2020 las acciones ofensivas y combates también aumentaron, aunque siguen siendo muchas menos que las registradas antes del acuerdo de paz.
-Los casos de corrupción y abuso de autoridad en la policía y el ejército siguen a la orden del día.
El deterioro de la seguridad que sugieren estos indicadores era predecible. Estos demuestran la incapacidad del Estado de ocupar los espacios dejados por las FARC y la falta de ejecución de aspectos claves del acuerdo de paz. También reflejan problemas que persisten en muchos territorios que ya venían siendo azotados por disputas antiguas entre grupos criminales. Aunque estos pueden haber cambiado de nombre, como es el caso en Buenaventura, responden a tradiciones armadas y criminales de vieja data y a problemas sociales y económicos persistentes.
A estos elementos predecibles se suman otros que eran inesperados: los problemas que trajo la crisis de la COVID-19. La pandemia facilitó la expansión del control social y territorial de varios grupos armados, aumentó el desempleo y la marginación, e hizo más vulnerables al reclutamiento forzado a miles de jóvenes en áreas rurales que tienen dificultad para acceder a la educación virtual.
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La crisis política en Venezuela y los conflictos diplomáticos con el país vecino son otro factor importante para entender los recientes combates entre el ejército venezolano y las disidencias de las FARC en el estado de Apure.
Pero ninguno de estos intrincados factores es considerado en la actual discusión sobre seguridad. Tampoco hay una estrategia clara que reconozca particularidades regionales.
Sería ingenuo descartar la importancia de controlar las rutas del narcotráfico en las disputas que se dan en todo el país. Tampoco podemos desconocer que, para la mayoría de los grupos armados, es esencial controlar mercados ilegales que incluyen —pero no se limitan— al narcotráfico.
Pero estas disputas no son nuevas. El narcotráfico, por sí solo, no puede explicar por qué los combates se han intensificado en toda Colombia. Reducir la solución al narcotráfico a eliminar cabecillas criminales, sin tener en cuenta otras estrategias de largo aliento, nos deja todavía sin un plan claro para cambiar la situación de los territorios de manera sostenible.
*Ph.D. en Ciencia Política de Brown University, profesora asociada de Ciencia Política y co-directora del Doctorado en Estudios Globales de la Universidad de Massachusetts-Lowell.