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Los ciclos de paz y violencia se repiten*
El asesinato sistemático de defensores de Derechos Humanos, excombatientes de las Farc y líderes comunitarios pone en evidencia que el Acuerdo de Paz no logró ponerle fin a la violencia política.
No es la primera vez que esto ocurre. En Colombia, todos los procesos de diálogo y negociación con actores armados han sido precedidos por el asesinato de civiles o miembros de organizaciones sociales que apoyaron públicamente dichas negociaciones. Así pues, los acuerdos pactados han sido saboteados por actores legales e ilegales que usan la violencia para defender sus intereses.
Cuando liberales y conservadores pactaron el Frente Nacional para darle fin a la violencia bipartidista, hubo una ola de violencia que fomentó el odio hacia los comunistas. Así mismo, los diálogos entablados por el presidente Belisario Betancur culminaron con la fundación del partido Unión Patriótica (UP) que fue exterminado al poco tiempo por grupos legales e ilegales que se oponían a las negociaciones. En ese entonces, los grupos de autodefensas se expandieron y el narcoterrorismo cobró más fuerza.
A finales de los ochentas se produjo un nuevo ciclo de negociaciones con distintas organizaciones insurgentes que culminó con la Constituyente del 91. En ese entonces, parecía que la nueva Constitución era la oportunidad perfecta para modernizar el Estado y ponerle fin a la violencia revolucionaria, pero en los años siguientes el crecimiento de las Farc, la aparición y expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y la incursión de los grupos armados en el narcotráfico provocaron una nueva ola de violencia, probablemente la peor que ha vivido el país en las últimas décadas.
La posterior negociación con las AUC redujo la violencia y permitió que los políticos que habían sido perseguidos por este grupo volvieran a la plaza pública. Sin embargo, la ejecución del Plan Patriota recrudeció la violencia en las zonas donde las que las Farc tenían una presencia importante.
La violencia disminuyó considerablemente gracias a las negociaciones y la puesta en marcha del Acuerdo de 2016. La desmovilización de las Farc y las conversaciones con el ELN permitieron la llegada del Estado a territorios abandonados y la aparición de nuevos sujetos políticos. Sin embargo, la violencia ha vuelto a cobrar protagonismo y es probable que en los próximos años haya una nueva negociación.
El modelo de negociación está agotado
Las negociaciones entre el gobierno de turno y los grupos armados han servido para promover la desmovilización de dichas organizaciones, pero no para cerrar ciclos regionales de violencia.
Como señalé anteriormente, las negociaciones más importantes del país han estado precedidas por un recrudecimiento de la violencia. Territorios como el Catatumbo, el Sur de Córdoba, el Bajo Cauca y Montes de María se han visto especialmente afectados por esas olas de violencia.
Entre otras cosas, esto se debe a que dichas negociaciones no tienen en cuenta los intereses de las élites políticas y económicas de las regiones. Al sentirse marginadas, estas élites optan por prácticas autoritarias para defender sus intereses de la amenaza que representa el cambio social y económico impulsado por las negociaciones. Así pues, es necesario que las élites subnacionales sean sujetos activos en los diálogos promovidos por el gobierno.
Por otra parte, es importante recordar que la producción del clorhidrato de cocaína y la explotación de oro son controladas por redes criminales internacionales que fomentan la violencia en los territorios y pueden reemplazar a los actores armados locales. En consecuencia, cuando un grupo se desmoviliza es reemplazado por uno nuevo.
Esta es otra razón por la cual el gobierno debe establecer mesas de negociación con las élites subnacionales, incluso cuando la negociación principal sea con un grupo armado pequeño que tiene presencia en pocas zonas del país.
Los acuerdos que se establezcan de ahora en adelante deberían incluir las perspectivas e intereses de los actores locales, pues en Colombia no hay uno sino varios conflictos armados que tienen que ver con el control de las subregiones y sus recursos y no con la defensa de ideologías políticas ni con la toma del poder.
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La violencia armada posFarc es de baja intensidad
La intensidad de la violencia armada depende, en gran medida, de la consolidación o atomización de grupos armados y carteles de narcotráfico. En la historia reciente de Colombia, es posible identificar los momentos más violentos:
- A finales de los ochenta y principios de los noventas, cuando se consolidaron los carteles de Cali y Medellín
- A principios de siglo, cuando se formaron y se expandieron las AUC.
En las capitales, la violencia disminuyó considerablemente gracias a la atomización de los carteles, la muerte de Pablo Escobar y la extradición de los hermanos Rodríguez Orejuela. Sin embargo, en otras zonas del país la violencia se recrudeció s porque los miembros de los carteles se desplazaron a zonas rurales en donde invirtieron parte de sus capitales y financiaron o se asociaron con grupos armados que tenían presencia en estos territorios. De esa forma adoptaron un discurso “contrainsurgente”.
Algo parecido sucedió con la desmovilización parcial de las AUC, pues su desarme no le dio fin al paramilitarismo, sino que propició su reconfiguración. En varias regiones aparecieron nuevos grupos armados y algunos miembros de las AUC retomaron las armas.
Cuando los grupos criminales son compactos y tienen poderío, la violencia suele aumentar y ser indiscriminada. En cambio, cuando se atomizan, la violencia suele disminuir y concentrarse en regiones específicas. Esto es lo que está ocurriendo en la actualidad.
*Este texto forma parte de la alianza entre Razón Pública y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (Fescol).
**Profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.