Apoyo empresarial a Santos y a proceso de paz

Ha sido en más de un escenario que el presidente Juan Manuel Santos les ha pedido a los empresarios del país su respaldo a los diálogos que se adelantan con las Farc en La Habana. Les pidió, por ejemplo, convertirse en los “apóstoles” de la paz, durante la cumbre de Confecámaras, en septiembre del año pasado en Cartagena. Antes, en la Asamblea de la Andi, les había hecho un llamado para trabajar unidos y aprovechar los espacios que se abrirían en el país si se logra firmar un acuerdo de fin del conflicto. En ese entonces, el presidente de los industriales, Bruce Mac Master, reiteró el “compromiso patriótico de poder aportar al propósito y al objetivo colectivo de ver a los alzados en armas abandonar sus acciones violentas y delitos y reintegrarse a la sociedad civil”.

Ahora los empresarios pasan de las palabras a los hechos. Desde ayer se encuentran en Cuba ocho representantes del sector privado para reunirse, por separado, con las delegaciones de paz de Gobierno y guerrilla, con el fin de verificar los avances de las conversaciones y, sobre todo, analizar y comprometerse con los desafíos del posconflicto. Del grupo hacen parte Antonio Celia, presidente de Promigás; David Bojanini, presidente del Grupo Sura; Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia; Hárold Éder, presidente del Grupo Manuelita; Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería; Gustavo Carvajal, presidente de la junta directiva de Carvajal; Carlos Gallego, presidente de Nutresa, y Juan Luis Mejía, rector de la Universidad Eafit.

Según conoció El Espectador, el encuentro se venía planificando desde hace rato en medio de la mayor confidencialidad y los empresarios venían tratando de estructurar las temáticas a presentar en la mesa de La Habana. Lo que se dice es que sus planteamientos recogen mucho del documento de ocho puntos que el Consejo Gremial le presentó al presidente Santos a mediados de octubre, en el que se expresaban las inquietudes que rondan sobre lo que se conoce de lo pactado hasta el momento.

En este sentido, recomendaban hacer un inventario riguroso de las armas y proponían que una agencia internacional neutral cumpla con esa tarea. También planteaban sus dudas frente al acuerdo alcanzado sobre justicia y, por supuesto, expresaban sus temores porque “no se conocen compromisos para entregar los bienes y rendimientos financieros asociados al portafolio de negocios ilegales” de las Farc. Asimismo, pedían cumplir con el compromiso de una refrendación popular y sugerían que las soluciones de la pobreza rural deben partir del respeto a la propiedad privada, garantizando la seguridad jurídica de esta.

Para los empresarios colombianos, un acuerdo de paz debe ser respetuoso del Estado de Derecho y la razón de ser de la negociación es evitar que haya más víctimas y más daños a la sociedad, y no porque la causa guerrillera sea justa. Y en cuanto a la Comisión de la Verdad, las preocupaciones giraban en torno a la necesidad de tener seguridad jurídica y no correr el riesgo de deslegitimar la institucionalidad colombiana.

Sin duda, el compromiso empresarial con las negociaciones y con la construcción de una paz estable y duradera es vital desde el punto de vista de impuestos, empleos y otras contribuciones indispensables para apalancar tareas que van desde la reparación a las víctimas a la desmovilización de los combatientes y las mismas reformas institucionales que se ven venir. En síntesis, el éxito de un eventual posconflicto será, en gran medida, una tarea empresarial.

Las enseñanzas del pasado sirven. En el proceso de paz del Caguán, durante el gobierno de Andrés Pastrana, los empresarios fueron promotores activos de los diálogos con la guerrilla. Organizaron foros y debates, muchos viajaron a la llamada “zona de distensión” a entrevistarse con los comandantes de las Farc e hicieron estudios para indagar por los costos del conflicto y el dividendo de la paz. Al final quedó la desilusión tras el fracaso de ese proceso y el país dio un giro hacia el fin del conflicto mediante el doblegamiento militar de la insurgencia, con los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe.

Hoy la opción de la salida negociada ha vuelto al primer plano y ya se reconoce incluso que los diálogos que se llevan a cabo en Cuba tuvieron la facilitación de un empresario en el Valle del Cauca. Como lo planteó Angelika Rettberg, politóloga de la Universidad de los Andes, “el empresariado colombiano comprendió que a pesar de que los logros de los últimos años en seguridad doméstica sacaron a Colombia del listado de países-problema de la región andina, un posicionamiento aún mejor y sobre todo la consolidación de los logros económicos de los últimos años, dependerán de que el país supere la confrontación armada y concentre su energía y sus recursos en desarrollar su potencial”.

Ha sido en más de un escenario que el presidente Juan Manuel Santos les ha pedido a los empresarios del país su respaldo a los diálogos que se adelantan con las Farc en La Habana. Les pidió, por ejemplo, convertirse en los “apóstoles” de la paz, durante la cumbre de Confecámaras, en septiembre del año pasado en Cartagena. Antes, en la Asamblea de la Andi, les había hecho un llamado para trabajar unidos y aprovechar los espacios que se abrirían en el país si se logra firmar un acuerdo de fin del conflicto. En ese entonces, el presidente de los industriales, Bruce Mac Master, reiteró el “compromiso patriótico de poder aportar al propósito y al objetivo colectivo de ver a los alzados en armas abandonar sus acciones violentas y delitos y reintegrarse a la sociedad civil”.

Ahora los empresarios pasan de las palabras a los hechos. Desde ayer se encuentran en Cuba ocho representantes del sector privado para reunirse, por separado, con las delegaciones de paz de Gobierno y guerrilla, con el fin de verificar los avances de las conversaciones y, sobre todo, analizar y comprometerse con los desafíos del posconflicto. Del grupo hacen parte Antonio Celia, presidente de Promigás; David Bojanini, presidente del Grupo Sura; Carlos Raúl Yepes, presidente de Bancolombia; Hárold Éder, presidente del Grupo Manuelita; Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería; Gustavo Carvajal, presidente de la junta directiva de Carvajal; Carlos Gallego, presidente de Nutresa, y Juan Luis Mejía, rector de la Universidad Eafit.

Según conoció El Espectador, el encuentro se venía planificando desde hace rato en medio de la mayor confidencialidad y los empresarios venían tratando de estructurar las temáticas a presentar en la mesa de La Habana. Lo que se dice es que sus planteamientos recogen mucho del documento de ocho puntos que el Consejo Gremial le presentó al presidente Santos a mediados de octubre, en el que se expresaban las inquietudes que rondan sobre lo que se conoce de lo pactado hasta el momento.

En este sentido, recomendaban hacer un inventario riguroso de las armas y proponían que una agencia internacional neutral cumpla con esa tarea. También planteaban sus dudas frente al acuerdo alcanzado sobre justicia y, por supuesto, expresaban sus temores porque “no se conocen compromisos para entregar los bienes y rendimientos financieros asociados al portafolio de negocios ilegales” de las Farc. Asimismo, pedían cumplir con el compromiso de una refrendación popular y sugerían que las soluciones de la pobreza rural deben partir del respeto a la propiedad privada, garantizando la seguridad jurídica de esta.

Para los empresarios colombianos, un acuerdo de paz debe ser respetuoso del Estado de Derecho y la razón de ser de la negociación es evitar que haya más víctimas y más daños a la sociedad, y no porque la causa guerrillera sea justa. Y en cuanto a la Comisión de la Verdad, las preocupaciones giraban en torno a la necesidad de tener seguridad jurídica y no correr el riesgo de deslegitimar la institucionalidad colombiana.

Sin duda, el compromiso empresarial con las negociaciones y con la construcción de una paz estable y duradera es vital desde el punto de vista de impuestos, empleos y otras contribuciones indispensables para apalancar tareas que van desde la reparación a las víctimas a la desmovilización de los combatientes y las mismas reformas institucionales que se ven venir. En síntesis, el éxito de un eventual posconflicto será, en gran medida, una tarea empresarial.

Las enseñanzas del pasado sirven. En el proceso de paz del Caguán, durante el gobierno de Andrés Pastrana, los empresarios fueron promotores activos de los diálogos con la guerrilla. Organizaron foros y debates, muchos viajaron a la llamada “zona de distensión” a entrevistarse con los comandantes de las Farc e hicieron estudios para indagar por los costos del conflicto y el dividendo de la paz. Al final quedó la desilusión tras el fracaso de ese proceso y el país dio un giro hacia el fin del conflicto mediante el doblegamiento militar de la insurgencia, con los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe.

Hoy la opción de la salida negociada ha vuelto al primer plano y ya se reconoce incluso que los diálogos que se llevan a cabo en Cuba tuvieron la facilitación de un empresario en el Valle del Cauca. Como lo planteó Angelika Rettberg, politóloga de la Universidad de los Andes, “el empresariado colombiano comprendió que a pesar de que los logros de los últimos años en seguridad doméstica sacaron a Colombia del listado de países-problema de la región andina, un posicionamiento aún mejor y sobre todo la consolidación de los logros económicos de los últimos años, dependerán de que el país supere la confrontación armada y concentre su energía y sus recursos en desarrollar su potencial”.