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Este martes, el proyecto que busca acabar con el impuesto del 4x1000 dio su primer paso al ser aprobado por la Comisión Tercera de la Cámara. De esta forma, la iniciativa tuvo su primer visto bueno y le quedan tres debates más para convertirse en ley de la república.
Como su nombre lo dice, el proyecto tiene como fin acabar con el 4x1000, un impuesto que cobra $4 pesos por cada $1.000 que pasen por una transacción bancaria. Este ha sido un impuesto que desde su origen ha sido bastante polémico, debido a que en un principio fue destinado para el rescate de las instituciones financieras, que en el gobierno Pastrana vivieron una de sus crisis más graves.
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Aunque ya no se destina este dinero para salvar a los bancos y otras instituciones, el impuesto sigue siendo muy criticado, debido a que comenzó como un gravamen temporal, pero se sigue cobrando a pesar de que fue instaurado hace más de 20 años. Además, comenzó como 2x1000 y paulatinamente ha aumentado hasta a llegar a hoy, 4x1000.
La propuesta de la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, no quita este gravamen de inmediato, sino que lo va reduciendo de forma proporcional en un periodo de 4 años. Esto quiere decir: 3x1.000, 2x1.000, 1x1.000 y hasta que no se tenga más este tributo.
Como este impuesto implica al menos $6 billones al año, la propuesta de Miranda contempla varias formas para reemplazar esta entrada. La primera es la orden de que se cree un impuesto que afecte a los salarios que sean de $25 millones o más. Este nuevo tributo debería entrar en vigor antes del 1 de enero de 2023.
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Este impuesto sería progresivo y sería del 1% para los salarios de al menos 689 y 757 unidades da valor tributario (UVT). Desde los 557 hasta los 826 UVT se subiría al 3%, luego sería del 4% entre los 826 hasta los 909 y los superiores a los 909 tendrían que pagar una tarifa del 5%.
Según la representante Katherine Miranda, de igual modo se cubrirá el hueco que deja la eliminación del 4x1000 con la supresión de los beneficios de los beneficios tributarios a las mega inversiones. Esto, según la congresista, implicaría una entrada de $9 billones, lo que cubriría con creces el impuesto que se dejaría de cobrar.
Además de este nuevo impuesto y la eliminación de beneficios, el proyecto le daría una orden al Ejecutivo para que disponga de una comisión que estudie el tamaño del Estado y presente una reforma que permita la reducción del Ejecutivo y así ahorrar otra buena parte de recursos.