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La Constituyente ecuatoriana hizo la convocatoria en una declaración en la que defendió a la asambleísta María Augusta Calle, del grupo oficialista Alianza País, involucrada en una investigación de la Fiscalía colombiana por supuestos vínculos con las Farc.
“Hacer un llamado a todas las organizaciones sociales y políticas, a las mujeres y hombres patriotas y a los pueblos del Ecuador y de Latinoamérica, a movilizarse por la defensa de la soberanía y por exigir a los organismos internacionales para que pongan freno a las acciones guerreristas de Álvaro Uribe Vélez con apoyo del Gobierno estadounidense”, resolvió la Constituyente.
Según la Asamblea ecuatoriana, el Gobierno de Uribe ya fue condenado por la comunidad internacional por “agredir y violar la soberanía territorial ecuatoriana, el pasado 1 de marzo de 2008”, cuando sus tropas bombardearon un campamento que las FARC habían construido en un punto de la selva Amazónica de Ecuador.
Además, la resolución de la Asamblea, apoyada por 82 de los 88 asambleístas presentes en la sesión de este viernes, aseguró que el Gobierno colombiano “persiste en sus intenciones de regionalizar su conflicto interno, apoyado por el Gobierno de Estados Unidos”.
Ese interés se evidencia en la investigación que ha iniciado la Fiscalía en Bogotá contra los ecuatorianos Calle e Iván Marcelo Larrea, hermano del ministro coordinador de Seguridad, Gustavo Larrea, acusados de presuntos vínculos con las FARC, según los legisladores ecuatorianos.
Esa acción es “una nueva y descarada intromisión en la soberanía del Ecuador”, añadió el texto oficial, y, por ello, resolvió repudiar “cualquier intervencionismo contra la soberanía del Ecuador que ya no es solo territorial, sino también jurisdiccional”.
“Ratificamos que el Ecuador no se involucrará en el conflicto interno de Colombia, que debe ser resuelto por el pueblo colombiano en uso de su derecho a la autodeterminación”, añadió la resolución.
La Constituyente advirtió “que esta agresión intenta extender la jurisdicción del Gobierno colombiano hacia el Ecuador y establecer un precedente que justifique la violación ocurrida el 1 de marzo y futuras acciones bélicas contra el Ecuador”.
La Asamblea también demandó a la Cancillería y la Procuraduría General “las acciones en defensa del ordenamiento jurídico” de Ecuador, al señalar que el país “repudia la intromisión de Gobierno alguno, sin competencia jurídica, para investigar o juzgar a ecuatorianos que no han cometido infracciones en suelo extranjero”.
Las acciones de esas dos instituciones “deben definirse e iniciarse ante los organismos internacionales”, precisó el texto oficial emitido hoy en la sede de la Constituyente, en la localidad costera de Montecristi.
Iván Marcelo Larrea también rechazó la acción de la Fiscalía colombiana en su contra por supuestos nexos con las Farc.
“En las cuarenta millones de páginas, no conozco que ninguna cita a mi nombre”, afirmó Larrea en una aparente referencia a la información hallada en los computadores que Bogotá dice haber rescatado del campamento de las Farc en Ecuador.
En Brasilia, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, aseguró hoy que Colombia debería investigar las relaciones de algunos de sus políticos con narcotraficantes y paramilitares, en vez de abrir un proceso sobre supuestos vínculos de las Farc con extranjeros.
“Es mejor que investiguen la 'narcopolítica' y la 'parapolítica' que lamentablemente invaden a Colombia”, declaró Correa en una rueda de prensa en Brasilia, donde participó en la firma del tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).