Aseguran a parapolíticos que querían libertad con tutelas

El ente acusador tomó la decisión de dictar medida de aseguramiento pensando en que varios dirigentes políticos se acogerían al beneficio que un juez de Lorica, en Córdoba, concedió al ex alcalde de San Antero, también en Córdoba, Wilmer Pérez Padilla.

El vicefiscal general de la nación, Guillermo Mendoza Diago, explicó que la medida afecta a 13 dirigentes políticos y no implica su libertad por cuanto ellos deben responder por delitos pertenecientes a la justicia especializada, que contempla penas para quienes los cometen.

Ahora bien, aunque los parapolíticos pretendían acogerse a la excarcelación porque el delito es concierto para delinquir simple, Menzoda explicó que una vez dicho delito lo asume la justicia especializada no se permite la libertad del implicado.

Ayer, el fiscal general, Mario Iguarán Arana, señaló que no habrán excarcelaciones de personas detenidas por sus presuntos vínculos con paramilitares a través de la tutela y que el juez que falló a favor de estas será investigado por supuesta prevaricación. "Para la Fiscalía es una extravagancia jurídica que debemos enderezar, es contrario a derecho y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia", aseveró el jefe del ente acusador.

Iguarán explicó que la decisión del juez penal de Lorica (Córdoba), Manuel Salvador Benedetti, quien cambió la tipificación del delito de concierto para delinquir agravado por el de concierto para delinquir simple, "no implica el levantamiento de la medida de aseguramiento" contra los dirigentes políticos. Esas conductas son investigadas por la justicia especializada, según indicó Iguarán.

El fiscal general añadió que si bien su despacho acata la decisión del juez Benedetti, esta "será impugnada". A su juicio, al juez no le correspondía fallar una tutela contra un fiscal especializado y consideró que con la sentencia "desconoció abiertamente" la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. También anunció que la Fiscalía "iniciará una investigación" contra el juez Benedetti, por haber cometido presuntamente el delito de prevaricato.

Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella, defensor de varios de los implicados en este caso, señaló que el cambio de la figura del concierto para delinquir agravado por la de simple es un derecho fundamental que debe cobijar a sus defendidos en virtud del principio de favorabilidad

Su pronunciamiento se produjo luego de que el juez en mención concedió una tutela y por tanto la libertad del ex alcalde de San Antero (Córdoba) Wilmer Pérez Padilla, firmante del Acuerdo de Ralito, suponiendo que los demás 'parapolíticos' se acogerían al recurso.

El juez concedió la libertad a Pérez al considerar que no se le estaba procesando por concierto para delinquir simple, como se debía, y sí por concierto para delinquir agravado, delito bajo el cual están procesados los firmantes de Ralito.

A través de un recurso de tutela presentado por la defensa del ex burgomaestre lograron cambiar la naturaleza del delito por el primero en cuestión, que es excarcelable. De ese modo, el juez Salvador Benedetti ordenó la libertad de Pérez Padilla, situación que habría implicado que los demás firmantes de Ralito quedaran libres 48 horas después de notificada la tutela a su favor.

De todas formas, y según informó la viceministra de Justicia, María Isabel Nieto, el Gobierno podrá apelar el fallo del polémico juez, el mismo que ordenó la captura de la directora del Fondo de Pensiones del Congreso de la República por no haber avalado la solicitud de un Representante a la Cámara que luego de asumir por 10 meses, quería obtener jubilación.

Este viernes, el juez Manuel Salvador Benedetti dijo que actuó conforme a la ley, por eso dijo no temerle a la investigación anunciada en su contra por la Fiscalía.

De acuerdo con Benedetti, que habló para la emisora La FM, haber logrado la libertad del ex alcalde de San Antero (Córdoba) Wilmer Pérez Padilla no tuvo ninguna irregularidad. "El fallo se ciñe directamente con el fin de que se adecúe el tipo penal por el cual se debe aplicar la favorabilidad, que es un precepto constitucional contemplado en el artículo 29 de la Constitución Nacional al señor Senior Sotomayor", este último también favorecido con la medida.

Además del ex alcalde Pérez Padilla, el recurso de tutela favorece a Sigifredo Senior Sotomayor, Sabas Enrique Balseiro Gutiérrez, Jaime Augusto García, y José Maria Imbet. También a Álvaro Antonio Cabrales, Luis Carlos Ordosgoitia, Marciano Celedón Ángel, Freddy Sánchez Arteaga, Víctor Antonio Guerra de la Espriella, Edwin José Mussi, Eleonora Pineda y Jesús López Gómez.

El juez reconoció que dicho recurso puede ser utilizado por varios parapolíticos. No obstante, reiteró que hay vías legales que permiten usar la tutela para liberar a estas personas. Por ello, se manifestó dispuesto a explicarle al fiscal general, Mario Iguarán, cómo procedió.

Ahora bien, la reunión donde se suscribió el pacto de Ralito se realizó el 23 de julio de 2001, cuando el Gobierno Nacional no negociaba un proceso de paz con ese grupo armado ilegal.

Del lado de las Autodefensas aparecieron como firmantes Salvatore Mancuso, quien firma como Santander Lozada; Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna'; Edward Cobo Téllez, alias ‘Diego Vecino', y Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40.

Entre los políticos que suscribieron el acuerdo están cuatro senadores, el conservador William Montes, de Bolívar; José Gnecco, también de Bolívar; el liberal Juan Manuel López y Rodrigo Burgos de la Espriella, conservador. Asimismo, siete representantes a la Cámara: los conservadores Alfonso Campo Escobar, Jose María Imbeth, Reginaldo Montes, el suplente de Montes, Luis Álvarez, Luis Carlos Ordosgoita, Fredy Sánchez y Miguel de la Espriella, todos del departamento de Córdoba.

Aparecen también los ex gobernadores de Córdoba José María López y el de Sucre Salvador Arana. Los alcaldes de Tierralta y de San Antero, Córdoba, Sigifredo Señor y Wilmer Pérez, respectivamente. De San Onofre y Ovejas, Sucre, Sabas Balserio y Edwin Mussi, respectivamente. Luis Saleman, ex alcalde de San Onofre.

Otros dirigentes políticos firmantes son Eleonora Pineda, concejal de Tierralta; Álvaro Cabrales, ex diputado conservador de Córdoba; Jaime García, Director de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge; José de los Santos Negrete, gerente del Partido Conservador; Germán Ortiz, asesor Alcaldía de San Antero; Marciano Argel, Secretario de Planeación de Córdoba.

Además de los ganaderos Jose Luis Feris; Victor Guerra; el periodista Antonio Sánchez y los funcionarios de las alcaldías de Sincelejo y de Ovejas, Sucre, Rodolfo vargas y Felipe Quedaga, respectivamente. Es importante aclarar que estas personas ocupaban estos cargos en el momento que se firmó el acuerdo, en julio de 2001.

En el acuerdo, los firmantes aceptaban trabajar por "defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo" y se programó una próxima reunión para octubre del mismo año, que nunca se llevó a cabo.

El ente acusador tomó la decisión de dictar medida de aseguramiento pensando en que varios dirigentes políticos se acogerían al beneficio que un juez de Lorica, en Córdoba, concedió al ex alcalde de San Antero, también en Córdoba, Wilmer Pérez Padilla.

El vicefiscal general de la nación, Guillermo Mendoza Diago, explicó que la medida afecta a 13 dirigentes políticos y no implica su libertad por cuanto ellos deben responder por delitos pertenecientes a la justicia especializada, que contempla penas para quienes los cometen.

Ahora bien, aunque los parapolíticos pretendían acogerse a la excarcelación porque el delito es concierto para delinquir simple, Menzoda explicó que una vez dicho delito lo asume la justicia especializada no se permite la libertad del implicado.

Ayer, el fiscal general, Mario Iguarán Arana, señaló que no habrán excarcelaciones de personas detenidas por sus presuntos vínculos con paramilitares a través de la tutela y que el juez que falló a favor de estas será investigado por supuesta prevaricación. "Para la Fiscalía es una extravagancia jurídica que debemos enderezar, es contrario a derecho y a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia", aseveró el jefe del ente acusador.

Iguarán explicó que la decisión del juez penal de Lorica (Córdoba), Manuel Salvador Benedetti, quien cambió la tipificación del delito de concierto para delinquir agravado por el de concierto para delinquir simple, "no implica el levantamiento de la medida de aseguramiento" contra los dirigentes políticos. Esas conductas son investigadas por la justicia especializada, según indicó Iguarán.

El fiscal general añadió que si bien su despacho acata la decisión del juez Benedetti, esta "será impugnada". A su juicio, al juez no le correspondía fallar una tutela contra un fiscal especializado y consideró que con la sentencia "desconoció abiertamente" la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. También anunció que la Fiscalía "iniciará una investigación" contra el juez Benedetti, por haber cometido presuntamente el delito de prevaricato.

Por su parte, el abogado Abelardo de la Espriella, defensor de varios de los implicados en este caso, señaló que el cambio de la figura del concierto para delinquir agravado por la de simple es un derecho fundamental que debe cobijar a sus defendidos en virtud del principio de favorabilidad

Su pronunciamiento se produjo luego de que el juez en mención concedió una tutela y por tanto la libertad del ex alcalde de San Antero (Córdoba) Wilmer Pérez Padilla, firmante del Acuerdo de Ralito, suponiendo que los demás 'parapolíticos' se acogerían al recurso.

El juez concedió la libertad a Pérez al considerar que no se le estaba procesando por concierto para delinquir simple, como se debía, y sí por concierto para delinquir agravado, delito bajo el cual están procesados los firmantes de Ralito.

A través de un recurso de tutela presentado por la defensa del ex burgomaestre lograron cambiar la naturaleza del delito por el primero en cuestión, que es excarcelable. De ese modo, el juez Salvador Benedetti ordenó la libertad de Pérez Padilla, situación que habría implicado que los demás firmantes de Ralito quedaran libres 48 horas después de notificada la tutela a su favor.

De todas formas, y según informó la viceministra de Justicia, María Isabel Nieto, el Gobierno podrá apelar el fallo del polémico juez, el mismo que ordenó la captura de la directora del Fondo de Pensiones del Congreso de la República por no haber avalado la solicitud de un Representante a la Cámara que luego de asumir por 10 meses, quería obtener jubilación.

Este viernes, el juez Manuel Salvador Benedetti dijo que actuó conforme a la ley, por eso dijo no temerle a la investigación anunciada en su contra por la Fiscalía.

De acuerdo con Benedetti, que habló para la emisora La FM, haber logrado la libertad del ex alcalde de San Antero (Córdoba) Wilmer Pérez Padilla no tuvo ninguna irregularidad. "El fallo se ciñe directamente con el fin de que se adecúe el tipo penal por el cual se debe aplicar la favorabilidad, que es un precepto constitucional contemplado en el artículo 29 de la Constitución Nacional al señor Senior Sotomayor", este último también favorecido con la medida.

Además del ex alcalde Pérez Padilla, el recurso de tutela favorece a Sigifredo Senior Sotomayor, Sabas Enrique Balseiro Gutiérrez, Jaime Augusto García, y José Maria Imbet. También a Álvaro Antonio Cabrales, Luis Carlos Ordosgoitia, Marciano Celedón Ángel, Freddy Sánchez Arteaga, Víctor Antonio Guerra de la Espriella, Edwin José Mussi, Eleonora Pineda y Jesús López Gómez.

El juez reconoció que dicho recurso puede ser utilizado por varios parapolíticos. No obstante, reiteró que hay vías legales que permiten usar la tutela para liberar a estas personas. Por ello, se manifestó dispuesto a explicarle al fiscal general, Mario Iguarán, cómo procedió.

Ahora bien, la reunión donde se suscribió el pacto de Ralito se realizó el 23 de julio de 2001, cuando el Gobierno Nacional no negociaba un proceso de paz con ese grupo armado ilegal.

Del lado de las Autodefensas aparecieron como firmantes Salvatore Mancuso, quien firma como Santander Lozada; Diego Fernando Murillo, alias ‘Don Berna'; Edward Cobo Téllez, alias ‘Diego Vecino', y Rodrigo Tovar, alias ‘Jorge 40.

Entre los políticos que suscribieron el acuerdo están cuatro senadores, el conservador William Montes, de Bolívar; José Gnecco, también de Bolívar; el liberal Juan Manuel López y Rodrigo Burgos de la Espriella, conservador. Asimismo, siete representantes a la Cámara: los conservadores Alfonso Campo Escobar, Jose María Imbeth, Reginaldo Montes, el suplente de Montes, Luis Álvarez, Luis Carlos Ordosgoita, Fredy Sánchez y Miguel de la Espriella, todos del departamento de Córdoba.

Aparecen también los ex gobernadores de Córdoba José María López y el de Sucre Salvador Arana. Los alcaldes de Tierralta y de San Antero, Córdoba, Sigifredo Señor y Wilmer Pérez, respectivamente. De San Onofre y Ovejas, Sucre, Sabas Balserio y Edwin Mussi, respectivamente. Luis Saleman, ex alcalde de San Onofre.

Otros dirigentes políticos firmantes son Eleonora Pineda, concejal de Tierralta; Álvaro Cabrales, ex diputado conservador de Córdoba; Jaime García, Director de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge; José de los Santos Negrete, gerente del Partido Conservador; Germán Ortiz, asesor Alcaldía de San Antero; Marciano Argel, Secretario de Planeación de Córdoba.

Además de los ganaderos Jose Luis Feris; Victor Guerra; el periodista Antonio Sánchez y los funcionarios de las alcaldías de Sincelejo y de Ovejas, Sucre, Rodolfo vargas y Felipe Quedaga, respectivamente. Es importante aclarar que estas personas ocupaban estos cargos en el momento que se firmó el acuerdo, en julio de 2001.

En el acuerdo, los firmantes aceptaban trabajar por "defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo" y se programó una próxima reunión para octubre del mismo año, que nunca se llevó a cabo.