Asesor jurídico de las Farc aboga por constituyente tras estocada al ‘fast track’

Luego de que la Corte Constitucional tumbó dos puntos del primer acto legislativo para la paz –ideado para agilizar la implementación del acuerdo de paz alcanzado entre Gobierno y Farc– este jueves el asesor jurídico de la guerrilla, Enrique Santiago, aseguró que el único camino viable para garantizar que se cumpla lo pactado es que se ponga en marcha una constituyente. (Lea: Corte Constitucional pone a temblar el 'fast track') 

En diálogo con la emisora Caracol Radio, Santiago expresó su preocupación por la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte, que tumbó los numerales H y J del acto legislativo por considerar que iban en contra de la separación de poderes. Se trata de dos apartados en los que se planteaba, por un lado, que todas las modificaciones que se hicieran a proyectos de ley o actos legislativos tenían que respetar lo planteado en el acuerdo final y, además, para tramitarse tenían que tener el aval del Gobierno.

“Llegamos a la conclusión de que la institucionalidad no funciona, y si no funciona toca cambiarla. Y la única forma sería con la constituyente (…) La Corte ha congelado el proceso de paz, acaban de paralizar el proceso. Esto crea problemas jurídicos”, declaró el asesor jurídico de las Farc, advirtiendo su extrañeza por la determinación, dada la proximidad del día D+180, cuando se tiene previsto que culmine el desarme de la guerrilla.

Santiago –quien no obstante, se declaró a la espera de la sentencia completa– manifestó que la decisión de la Corte "deja en suspenso" el acuerdo de paz y alertó que el Alto Tribunal está invadiendo competencias claras del presidente: “La Corte ha dejado el acuerdo congelado, lo cual es sumamente grave. Es imposible continuar la implementación legislativa urgente que está establecida en el punto 6 del acuerdo”, agregó.

La demanda que estudió la Corte Constitucional fue radicada por el senador del Centro Democrático, Iván Duque, quien en la audiencia pública que convocó el alto tribunal dijo que no se pueden conceder beneficios a los integrantes de las Farc, sustituyendo a la Constitución Política, como –según él– se está haciendo con la entrada en vigencia del acto legislativo para la paz.

"La paz no puede ser un premio a los criminales acondicionando el orden constitucional. La paz que se merece Colombia es una en la que los criminales se sometan al orden constitucional, que estén dispuestos a darse cuenta de su error (al alzarse en armas) ", manifestó Duque Márquez.

El expediente del caso cayó en el desapacho del magistrado Antonio José Lizarazo. Su ponencia fue derrotada cinco votos contra tres (lo apoyaron los magistrados Alejandro Linares y Alberto Rojas) y se cayeron los numerales H y J. 

Sectores que han apoyado la implementación del acuerdo final señalan que esta decisión dificulta enormemente los trámites en el Congreso. Explican que con este cambio los debates y las votaciones serán muchísimo más lentas y temen las consecuencias de esta decisión en el debate por la ley estatutaria, por ejemplo, que pondrá en funcionamiento y organizará Justicia Especial para la Paz. La decisión del alto tribunal solo tendrá efectos para los próximos debates en el Congreso. 

Luego de que la Corte Constitucional tumbó dos puntos del primer acto legislativo para la paz –ideado para agilizar la implementación del acuerdo de paz alcanzado entre Gobierno y Farc– este jueves el asesor jurídico de la guerrilla, Enrique Santiago, aseguró que el único camino viable para garantizar que se cumpla lo pactado es que se ponga en marcha una constituyente. (Lea: Corte Constitucional pone a temblar el 'fast track') 

En diálogo con la emisora Caracol Radio, Santiago expresó su preocupación por la decisión adoptada por la Sala Plena de la Corte, que tumbó los numerales H y J del acto legislativo por considerar que iban en contra de la separación de poderes. Se trata de dos apartados en los que se planteaba, por un lado, que todas las modificaciones que se hicieran a proyectos de ley o actos legislativos tenían que respetar lo planteado en el acuerdo final y, además, para tramitarse tenían que tener el aval del Gobierno.

“Llegamos a la conclusión de que la institucionalidad no funciona, y si no funciona toca cambiarla. Y la única forma sería con la constituyente (…) La Corte ha congelado el proceso de paz, acaban de paralizar el proceso. Esto crea problemas jurídicos”, declaró el asesor jurídico de las Farc, advirtiendo su extrañeza por la determinación, dada la proximidad del día D+180, cuando se tiene previsto que culmine el desarme de la guerrilla.

Santiago –quien no obstante, se declaró a la espera de la sentencia completa– manifestó que la decisión de la Corte "deja en suspenso" el acuerdo de paz y alertó que el Alto Tribunal está invadiendo competencias claras del presidente: “La Corte ha dejado el acuerdo congelado, lo cual es sumamente grave. Es imposible continuar la implementación legislativa urgente que está establecida en el punto 6 del acuerdo”, agregó.

La demanda que estudió la Corte Constitucional fue radicada por el senador del Centro Democrático, Iván Duque, quien en la audiencia pública que convocó el alto tribunal dijo que no se pueden conceder beneficios a los integrantes de las Farc, sustituyendo a la Constitución Política, como –según él– se está haciendo con la entrada en vigencia del acto legislativo para la paz.

"La paz no puede ser un premio a los criminales acondicionando el orden constitucional. La paz que se merece Colombia es una en la que los criminales se sometan al orden constitucional, que estén dispuestos a darse cuenta de su error (al alzarse en armas) ", manifestó Duque Márquez.

El expediente del caso cayó en el desapacho del magistrado Antonio José Lizarazo. Su ponencia fue derrotada cinco votos contra tres (lo apoyaron los magistrados Alejandro Linares y Alberto Rojas) y se cayeron los numerales H y J. 

Sectores que han apoyado la implementación del acuerdo final señalan que esta decisión dificulta enormemente los trámites en el Congreso. Explican que con este cambio los debates y las votaciones serán muchísimo más lentas y temen las consecuencias de esta decisión en el debate por la ley estatutaria, por ejemplo, que pondrá en funcionamiento y organizará Justicia Especial para la Paz. La decisión del alto tribunal solo tendrá efectos para los próximos debates en el Congreso.